Abogados interponen demanda contra el Estado panameño en la CIDH

Un grupo de abogados interpusieron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra del estado panameño por la supuesta violación de los derechos de un ciudadano mexicano que residía en el país.

José Almengor, abogado defensor del ciudadano mexicano, expresó que el proceso está ligado a que su cliente  se le ha negado la solicitud de un juicio en términos específicos que le permitan brindar su versión de los hechos de la investigación que el Ministerio Público (MP) inició en su contra en el 2019 y que posteriormente término en una incautación de bienes y dinero que él tenía en bancos de Panamá, que no ha podido defender por tener prohibida la entrada al país.

El jurista confesó que el procedimiento de la demanda se da después de haber recabado todas las pruebas fehacientes de la supuesta violación a los derechos humanos del ciudadano con residencia en Panamá y tras haber agotados todos los recursos  en el MP reclamando justicia para el ciudadano.

"A raíz de la situación hicimos la demanda ante la CIDH fundamentada en los componentes de la Convención Americana de la cual Panamá es regente y donde requiere específicamente que toda persona tiene derecho a ser oída y que se le cumpla con todas las garantías procesales del debido proceso dentro de un caso", expuso Almengor.

Según el abogado, la defensa ha pedido un sin número de audiencias de control de garantías para efectos de que el ciudadano mexicano pueda dar su versión de los hechos y establecer la procedencia de sus bienes y dineros que estaban a su título personal y en bancos de Panamá en un juicio que solicitan sea en término específico para llegar a la conclusión de si se está frente a un delito o no. 

Almengor precisó que en el caso específico de su cliente no se le permite que sea imputado virtualmente pese a que la Corte Suprema de Justicia (CJS) en diferentes fallos les ha señalado que el tratamiento virtual de las audiencias del sistema penal acusatorio en medio de la pandemia, es permitido.

“El ciudadano mexicano no ha huido de las autoridades porque ha participado en todas las audiencias de carácter virtual. Hasta la fecha ha estado en riesgo de ser imputado cinco veces, pero las autoridades han dicho que como no está presente es difícil que lo hagan, pero cómo no lo va a ser si no lo dejan entrar al país”, criticó el abogado.

Y añadió: “ser imputado tiene una importancia fundamental porque haría a que se inicie el término de investigación de 6 meses para que se pueda eventualmente ir a una acusación. De esta forma se evitaría que los bienes estén congelados de manera indeterminada, de lo contrario se afecta las garantías fundamentales”, informó Almengor.

Valentín Jaén, otro abogado defensor, anunció que no solo han presentado quejas ante la CIDH, sino que también han recurrido al gobierno mexicano, a través del consulado y su cancillería para exponer la violación de garantías fundamentales de uno de sus ciudadanos. Actualmente se encuentra en espera de respuestas.

Almengor detalló que la investigación surgió en julio de 2019 de una comunicación espontánea que realizó el principado de Andorra de una información relacionada al ciudadano mexicano que en su momento se encontraba en Panamá.

“En ningún momento el principado de Andorra pidió a Panamá a que diera apertura a una investigación criminal contra nuestro cliente. Ellos solo dieron una información para que fuera verificada. En el proceso de verificación en Panamá se generó una situación compleja porque inmediatamente se dio la aprehensión de las cuentas bancarias”, comunicó el abogado.

El jurista denunció que, durante la incautación de las cuentas, una fiscal del MP procedió a ordenar y mover el dinero hacia la cuenta de fondo y custodia del Banco Nacional de Panamá (BNP) y ponerlo a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Eso no es lo que dice la ley, la ley menciona que una vez se dé la aprehensión de una cuenta bancaria se debe mantener el dinero en el mismo banco en donde se mantenía al momento de la aprensión. La decisión, también ha provocado que el ciudadano mexicano pierda $35 mil de interese al mes”, manifestó Almengor, al tiempo que confesó que la acción será objeto de una denuncias penal que va a interponer en los próximos días y dónde revelará quienes cometieron esos actos.

Jaén, por su parte, anunció que otra de las querellas que interpondrá en contra de la fiscal será por crear señalamiento hacia el ciudadano mexicano sin pruebas pertinentes y sobre la discusión de un peritaje dactilar. 

“La norma penal procesal exige el respeto a la dignidad humana de un sujeto y salir a decir que nuestro cliente es terrorista y narcotraficantes sin tener pruebas que amerite a ese hecho es altamente peligroso y atenta contra las garantías fundamentales”, objetó el abogado.

Y añadió: “Nosotros hemos observado que en esta fase de aprehensión preliminar no existe prueba que vincule a nuestro cliente a hechos criminosos. Invitamos al MP a que nos demuestre públicamente a que nuestro cliente se dedique a dichas actividades. Hablan de delitos de blanqueo de capitales, dónde está el delito previo, no existe un elemento de convicción que permita a nosotros determinar que nuestro cliente ha sido sancionado por delitos que guarden relación al blanqueo de capitales”, cuestiono Jaén.