'Lo que está detrás del modelo de albergues es un desgreño que no ha funcionado', Alonso Ramos

La crisis social generada por la dramática situación de trato cruel que reciben los menores de edad en los albergues, deja en evidencia un modelo que no ha funcionado. Así lo define el sociólogo Alonso Ramos, quien trabajó en el equipo técnico que fue designada para esta investigación.

Para Ramos, se trata de un modelo de tercerización, donde el Estados a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ha delegado su responsabilidad a fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ong`s) que no están garantizando la prestación y la materialización de los derechos de los menores.

“Lo que está detrás de los modelos de los albergues es un desgreño”, destaca el sociólogo , al considerar que reciben subsidios por parte del Estado y una institución como la Senniaf, que tiene la responsabilidad fiscalizar, monitorear y evaluar a los albergues, “no lo ha hecho o lo ha hecho mal”.

Según datos estadísticos de la Senniaf hasta diciembre del 2020 había 108 niños con discapacidad en albergues que no tiene atención especializada y los que la tienen son muy básicas y no es continuas. “El sistema falla porque estos albergues no tienen la capacidad para darle atención”, agregó.

Estas mismas estadísticas destacan que hay 23 albergues que tienen permisos de operación, sin embargo el informe de la subcomisión de la Comisión de la Niñez, la Mujer y la Familia, de la Asamblea Nacional, que realizó la investigación sobre los abusos a menores revela que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) otorga subsidios a 40 centros de los 54 que existen en el país.

La subcomisión legislativa fue a 14 albergues luego de una serie de denuncias recibidas por ciudadanos y publicaciones hechas en medios de comunicación. El resultado de estas visitas los describe Alonso Ramos como “mazmorras del Siglo IXX de la época medieval”, salvo en tres de estos centro se encontró la mínima condición para operar.

Y es que según el sociólogo lo que él vivió allí, nunca lo había visto en su vida, dice que hasta pensó “tirar la toalla, porque tuvo miedo, estaba aterrorizado”. En ese lugar encontró a mujeres adolescentes, jóvenes y adultas mayores conviviendo en una misma habitación. También encontró mujeres encadenadas y con candado , sin recibir medicamentos. “Ellas se van a curar con la oración”, fue una de las respuestas que recibió de uno de los regentes de uno de estos sitios.

Confirma el sociólogo que entre las irregularidades halladas en estos albergues es la precaria alimentación que recibían los menores. En uno de estos casos hasta alimentos de perro se les daba y en otros solo comían pan, salchichas y avena durante todo el día.

“Encontramos cantidad importantes de albergues con estructuras que no tiene la capacidad de proteger a los niños, infraestructuras precarias, sin el mínimo de condiciones para la satisfacciones básicas”, señaló el sociólogo. Los niños que han sido víctimas del sistema van a tener repercusiones para toda su vida, advirtió.

Alonso Ramos, como sociólogo fue quien ideó la metodología a aplicar en la investigación de campo y para elaborar el informe de las 700 páginas que demuestra los sufrimientos, frustraciones y miedos de los menores y que impulsada por las diputadas Kayra Harding, Petita Ayarza, Yesenia Rodríguez y la diputada suplente Walkiria Chandler.

A parte de la visita de campo, otro de los instrumentos utilizados para la investigación fue la entrevista, Ramos estuvo presente y asegura que vio rostros de frustración y miedos, pero, sobre todo miedo, principalmente psquiatras y trabajadores so ciales que pidieron reservar por temor a represalias. Y, también aquellos dos trabajadoras sociales que alertaron sobre la situación y que fueron despedidas y los expedientes engavetados para evitar el escándalo.

Cada entrevista tuvo un tiempo de duración 3 horas y media. Además, también se hizo una consulta bibliográfica de la documentación que se había levantado en los años 2017 y 2018 sobre la situación de los albergues en Panamá, documentos que según el especialista terminaron engavetados porque ninguna de las propuestas que allí se plasmaron fueron materializadas.

Coincide con la diputada suplente Walkiria Chandler al destacar que el Estado tiene una deuda con la niñez del país y considera que una de las respuestas que deben darle las autoridades a hacerle justicia a estos menores abusados y es atravès del resarcimiento por todos estos años de sufrimiento que han pasado.

“Panamá es un país paradigmático, es una de los primeros que ratificó la Convención de los derecho de la niñez y a lo largo de la década de los 90`s y el 2000 hemos ratificado normativas, pero no se cumplen de manera sustantiva, porque en el papel tenemos mucha claridad pero a la hora de ponerlo a la práctica no se cumple”, destacó el especialistas.