Salud de asegurados en medio de disputa legal

En medio de una disputa legal que se ventila en la Corte Suprema de Justicia entre la empresa distribuidora de medicamentos Inversiones de Servicios Nacionales (ISNA, S.A.) y la Caja de Seguro Social (CSS), los que sufren son los pacientes “que no tienen dinero para comprar las medicinas”.

A esa conclusión llegó Gina Román, directora de Planificación de la CSS, quien agregó que “en medio de todo esto la gente se muere, esa es la realidad”. Con estas duras palabras reaccionó la funcionaria en una entrevista a TVN , ante la decisión de la Corte de admitir la demanda que presentara la empresa antes señalada por una licitación de 400 renglones de medicamentos a un costo de $160 millones.

Se trata de medicamentos que deben ser dispensados a los asegurados durante 2021 para tratamientos contra la hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades graves. Román califica la situación como compleja, que deja a la administración de la CSS con las manos atadas para abastecer de medicinas a los pacientes.

“De qué me vale buscar precios competitivos si con esta acciones nos llevan a comprar directamente en el mercado a precios más caros”, dijo la funcionaria. Por eso apela a la parte humana de quienes impulsaron este recurso legal ante la Corte.

Y eso no es todo, según Román comprar a precios de mercado hace casi imposible que se pueda abastecer de medicamentos a toda la población asegurada.

Sin embargo la empresa, a través de su abogado Ángel Álvarez, asegura que quienes actúan de forma inhumana son los de la administración de la CSS. “Lau Cortés (administrador de la CSS) ha hecho todo para satisfacer sus intereses personales y ahora aboga por la necesidad de medicinas”, dijo Álvarez, al tiempo que pide su renuncia.

Y es que según el jurista, es falso que la licitación por los medicamentos se haya paralizado por la decisión de la Corte de admitir la demanda que interpuso en representación de la empresa ISNA, S.A. Álvarez dijo que la empresa que representa ofertó el precio más económico.

Según el abogado se puede seguir el procedimiento con el pliego de cargos original que estableció las reglas del juego de la contratación por los medicamentos en la CSS, porque lo que se discute “es adendas de última hora incluidas 15 días antes del acto público para exigir requisitos que no están en la ley”.

Se trata del certificado de intercambiabilidad que se les exige a los medicamentos genéricos para saber si son equivalentes y tienen los mismos efectos que los originales.

Según Enrique Lau Cortés, la empresa demandante recurrió a la Corte en contra del requisito del certificado de intercambiabilidad, lo que obliga a la institución a comprar a precios más elevados.

Mientras que Álvarez alega que la empresa presentó el certificado de intercambiabilidad, argumentando que lo ocurrido es que la adenda demandada imponía un certificado emitido por organizaciones internacionales que a pocos días de la licitación era imposible cumplir.

Álvarez adjuntó como pruebas tres opiniones en contra de la adenda presentada por la administración de la CSS, entre estas la del procurador de la Administración, Rigoberto González, quien advirtió hace varios años que los requisitos en licitaciones de la CSS no previstos en la Ley 1, son ilegales.

También hay otras dos opiniones de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud que respalda al demandante al destacar que los requisitos exigidos en la adenda no son necesarios y no deben exigirse porque no están en la ley.

En la licitación de medicamentos participaron 48 empresas para surtir a las farmacias de la institución. La empresa INSA competía en el renglón 26 del medicamento Amlodipina, usado para el control de la hipertensión arterial.

Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares (Propafa), está convencido de que la batalla legal compromete la salud de los asegurados.

“Los pacientes estamos sufriendo. Al final de toda pelea, el que sufre es el paciente que no tiene sus medicamentos y que no tiene dinero para comprarlo en farmacias privadas”, concluyó.

Francisco Bustamante, subdirector de la CSS, se comprometió a que los pacientes no se van a quedar sin medicamentos. “Eso no está en el panorama”, añadió. Incluso, no descartó entre las opciones una ley de emergencia para adquirir los medicamentos para atender a la población asegurada.

Mientras que la diputada oficialista Zulay Rodriguez se sumó a las voces que responsabilizan a la administración de la CSS por desabastecimiento de medicamentos originado por esta controversia legal.

“Esta licitación se realizó bajo la premisa de malos manejos en el proceso que realizo la Caja de Seguro Social”, dijo la diputada.

A juicio de Rodríguez, estas adendas son irregulares porque contradicen lo establecido por la Organización Mundial del Comercio y comentó que ya hay quejas de otros países. Las declaraciones de Rodríguez se dieron en el periodo de incidencias de este lunes 22 de marzo en el pleno de la Asamblea Nacional.