La reforma a la seguridad social desprotege

La protección social es un derecho humano.

Mujeres y hombres tienen derecho a estar protegidos socialmente, a contar con un sistema de cuidados que les brinde seguridad durante todo el ciclo de vida.

La Caja de Seguro Social (CSS) es un componente valioso para garantizar este derecho, y el programa de Salud y Maternidad proporciona cuidados sanitarios que cubren a una tasa elevada de la población; además, gracias al programa de Invalidez Vejez y Muerte los trabajadores asalariados logran contar con ingresos en la edad adulta mayor. “La seguridad social es un derecho humano y a todas las personas, independientemente de dónde vivan, se les debería garantizar al menos un piso de protección social de base” (OIT, 2012).

Una parte importante de mujeres y de hombres por múltiples factores no cuenta con cuidados durante la vida productiva ni en la adultez mayor. Señala la OIT que “La protección debería ser universal, basada en la solidaridad social, y encaminarse a la inclusión social, en particular las personas que trabajan en la economía informal”.

Igual debe incluirse a las mujeres que tradicionalmente están insertas en la economía del cuidado realizando trabajo no remunerado y sin protección de un sistema integral de cuidado.

La recomendación 202 de OIT, relativa a los pisos de protección social comprende las siguientes garantías de seguridad social: Acceso a atención de calidad en materia de salud y atención de maternidad; acceso a la alimentación, educación, cuidados y bienes necesarios para los niños; ingresos para las personas en edad activa que permitan satisfacer el derecho a la salud, al empleo, la maternidad e invalidez y pensión para las personas de edad. En este sentido, para las mujeres es indispensable contar con una vivienda para sus familias lo que debe ser parte del primer piso de protección social.

Los resultados de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, 16 años después de su ejecución, le ha asegurado a los empresarios y administradores privados la liquidación del sistema solidario.

Los trabajadores insertos en el sistema de beneficios definidos (SBD), por la Ley 51, no reciben la solidaridad de las nuevas generaciones de trabajadores y los expertos de la empresa privada profetizan que no hay fondos para pagar las pensiones.

A los cotizantes del sistema mixto (SM), creado por la mencionada ley, no les va mejor. Los bajos salarios que perciben, la inestabilidad en el empleo y las condiciones de precariedad del trabajo en Panamá avizoran pensiones de jubilación más bajas y riesgos en la sostenibilidad de sus vidas, a la hora que se agoten sus ahorros de la cuenta individual.

A pesar de los insostenibles resultados de la Ley 51, de la desconfianza que existe respecto a los cálculos con los cuales se sustentó la reforma de 2005 y la distorsión en la información que surge de los sistemas contables que maneja la Caja de Seguro Social, la receta que brinda el sector privado es radicalizar las reformas: Pasar a los menores de 45 años al sistema no solidario y con ello eliminarlo de raíz. Obligar al cotizante a mayor ahorro, disfrazado de ahorro voluntario. Lo que es inviable, ya que la mayoría de los trabajadores perciben salarios mínimos, sin capacidad para ahorrar, alcanzándoles solo para necesidades básicas. La CSS al ser definida como una entidad que maneja mal los fondos, debe pasarlos a la administración privada; y para resolver la transición del sistema actual al privado recomiendan un ente internacional regulador de fondos de pensión privado (Yolanda Sandoval, 2021).

En este contexto, los trabajadores asalariados demandan la vuelta al sistema de solidaridad. Al respecto, la Junta Técnica Actuarial (JTA), que no ha hecho estudio de la vuelta al sistema solidario, especula que si esto ocurre la situación será de un mayor déficit, pero no presentan evidencia de que esto sea así. Lo único hecho por la JTA es proponer ajustes paramétricos (incremento de la edad de jubilación, incremento de la cuota obrero patronal, reducción de los montos de la pensión al reducir la tasa de reemplazo, e incremento de los años de cotización).

Es conveniente expresar que sus proyecciones se hicieron con información distorsionada, no confiable y válida, por lo tanto, sus resultados no van a estar ajustados a la rigurosidad que se requiere.

Obviamente, en el marco del análisis tradicional de la seguridad social a las mujeres trabajadoras el aumento de esos parámetros (edad, cuota, densidad) y la administración de fondos en el sector privado no les favorece.

El análisis del trabajo remunerado para las mujeres es necesario pero no suficiente, como insuficiente es para la protección de la población excluida del empleo sistemáticamente.

El 55% de la población femenina en edad de trabajar (PET -15 años y más) es considerada activa. El 45% pertenece a la economía de cuidado.

Si consideramos el 100% de la PET en el año 2019 podemos visualizar la insuficiente protección social que tienen las mujeres.

En primer lugar, en 2019 el 30% de las mujeres tenía un empleo formal. El 20% estaba en el sector informal; 5% desempleada; y el 23% era trabajadoras no remuneradas; 7% jubiladas, 11% estudiantes y 4% sin respuesta.

La precariedad en el trabajo es el principal obstáculo para el ejercicio de derechos económicos y para acceder a la seguridad social. Las trabajadoras no remuneradas quedan fuera de la seguridad social por no cotizar.

Para la sobrevivencia de miles de panameños, el Estado en 2010 creó un subsidio de $100.00 para la adultez mayor de 70 años, actualmente es de $120.00 para mayores de 65 años. Este subsidio registra un 60% de mujeres que no cuentan con otros ingresos para sostenerse.

En tales circunstancias las mujeres deben ser sujeto de políticas públicas que hagan real su autonomía económica, acceso a empleo e ingresos para su protección social. A no menos puede y debe aspirarse.

Pensamiento Social (Pesoc) está conformado por un grupo de profesionales de las ciencias sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.