17 de Sep de 2021

Nacional

El 35% de los menores llegan a los albergues por no tener acceso a la educación

Que los infantes lleguen a los centros de acogimiento por esta problemática no es garantía de que reciban este derecho: “el14.4% no tiene acceso al sistema educativo”, detalla un informe de la Asamblea Nacional

Niño
El Ministerio de Educación forma parte de la junta directiva de la Senniaf.Archivo | La Estrella de Panamá

Entre el 35% y 40% de los niños, niñas y adolescentes que ingresan en los centros de acogimiento del país, llegan a estos por falta de recursos económicos para asistir a los centros educativos.

Así lo reveló la diputada suplente de libre postulación Walkiria Chandler, quien forma parte de la subcomisión de la Asamblea Nacional (AN) que investigó las denuncias de abusos a menores de edad en albergues bajo la administración de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Chandler explica que las condiciones económicas “paupérrimas” en las que viven las familias de estos niños, no les permite enviar a los menores a las escuelas en la periferia de las comunidades donde viven, una situación que se agrava cuando no tienen escuelas cercas. "El enviarlos a un lugar (lejos de sus casas) donde si hay colegios, encarece la educación de estos”, explicó a La Estrella de Panamá.

A pesar de que el Senniaf está obligado a garantizarles acceso a educarse  un 14.4% no tiene acceso al sistema educativo, señala el informe de la AN.

A la población que se le violentó su derecho, menciona el documento, fueron adolescentes embarazadas; niñas, niños y adolescentes en condición de discapacidad.

Ana Sofía, una menor de edad –cuyo nombre se cambió para proteger su identidad- que estuvo bajo la custodia del Senniaf y no pudo continuar con sus estudios cuando fue trasladada a un centro de rehabilitación para personas que sufren adicción a la drogas. 

Aunque ella no tenía y no sufre problemas con sustancias ilícitas, vivió junto a adultos en recuperación durante más de tres meses. Esto, sin tener acceso a su plan escolar, hasta que fue trasladada a otro centro de Panamá este.

De acuerdo con el decreto Ejecutivo n°404 de 30 de octubre de 2020, que regula la apertura y funcionamiento de los albergues para los niños, niñas, adolescentes y se subroga el Decreto Ejecutivo N°26 del 21 de abril de 2009, todo infante tiene “derecho a recibir educación, de calidad y pertinente, acorde a sus necesidades educativas”, estipula el artículo 38.

En la mencionada norma se establece que la “dirección del albergue tiene la obligación de garantizar este derecho, para tales efectos, facilitarán la realización de los trámites de inscripción y regularización de sus estudios en el plantel más cercano y adecuado para el albergue”, se lee en el artículo 34.

Para el sociólogo Alonso Ramos, quien también participó en la investigación que realizó la subcomisión, conocer el seguimiento que realiza la Senniaf hacia los programas educativos dentro de los albergues es “difícil”.

Ramos argumenta que debido a la “mucha opacidad en la información toda vez que la Senniaf, por su debilidad institucional, le es muy difícil saber esto con criterio científico”, dijo a este medio. 

Aunque el Senniaf es el encargado de velar por los derechos de los infantes que están bajo su custodia, en la junta directiva de esta institución la integran ministros de instituciones del Estado, entre ellas la ministra de Educación (Meduca), Maruja Gorday de Villalobos.

“En estas instituciones siempre forma parte de la junta directiva el Ministerio de Educación. No entendemos cómo no hay una fiscalización, un seguimiento de que estos niños reciban educación”, señaló el secretario de la Asociación de Profesores De la República Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego.

Quien concuerda con el dirigente de la Asoprof es Serena Vamvas, activista y una de las jóvenes que ha participado en las protestas por el escándalo de los abusos de los menores que están bajo la supervisión de la Senniaf.

“No solo debemos seguir señalando al Senniaf porque a pesar de que su función es corroborar que los albergues cumplan con las condiciones y los niños albergados estén en una situación digna, por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social está encargado de asignar presupuesto y fiscalizar el Senniaf”. 

Por otra parte, remarcó Vamvas, el Meduca “debe dar seguimiento a la educación que reciben los niños en los albergues y constatar para qué se usa la beca universal que entregan”.