Moratoria bancaria: la realidad de los deudores

Nosotros estamos claros que la realidad económica o patrimonial de la mayoría de los consumidores con deudas financieras crediticias demuestra un panorama no muy halagüeño. No es un momento alegre, los consumidores tienen meses o un año de reducción económica, pérdida de empleo, pérdida de capacidad financiera, lo que representa incapacidad para hacerle frente a sus deudas, por lo tanto la culminación de la mal llamada moratoria financiera es un elemento de presión que agrava la situación que viven los consumidores, porque se le quita la leve utópica barrera de protección que impedía que los bancos, las financieras o las cooperativas abusaran del coercitivo poder que tienen como sector económico.

Nosotros como asociaciones de usuarios estamos claros que las soluciones no son fáciles, no visualizamos una solución fácil y evidentemente la interpretación de la realidad que hace la Asociación Bancaria de Panamá y el gobierno no se ajusta a las condiciones en las que se encuentran los consumidores. Las negociaciones con los bancos o financieras nunca han sido, y menos ahora, en un plano de horizontalidad; los bancos nunca se sientan a la mesa en un plano de igualdad con el consumidor o deudor, sino todo lo contrario, se sientan con el deudor para decirle cómo quiere que le pague, en qué forma y en cuántas cuotas, es decir no negocian la forma de pago, sino que imponen la forma de pago. La única herramienta jurídica viable sería que se homologara con los consumidores no comerciantes la misma solución pragmática que se ideó para los deudores comerciales, que es crear una normativa que genere un mecanismo de regulación de insolvencia financiera que permita al consumidor en caso de que no pueda cubrir sus deudas de manera global y efectiva. Es decir, que se abra un mecanismo alterno de negociación objetivo y regulado. Los comerciantes, por ejemplo, que no pueden pagar sus deudas, pueden ir a un juez a que se declare insolvente y acudir a un mediador o conciliador en un proceso horizontal e igualitario. A los consumidores no comerciales les están pidiendo que vayan a los bancos a negociar amarrados de manos y pies en un proceso que no es horizontal. Estamos pidiendo que se apruebe una ley, que está en segundo debate, en el que se establece el mecanismo de insolvencia familiar y que permite que el deudor pueda negociar con un conciliador de Acodeco para ayudar al consumidor que pague su deuda, pero bajo condiciones accesibles.

Nosotros no acuerpamos de manera directa la prórroga de ley de moratoria financiara, porque la ley de moratoria anterior no fue una moratoria real, fue una norma donde limitaban el pago de ciertos conceptos, pero se cobraban otros. Las personas o los consumidores dejaron de pagar capital, pero siguieron pagando intereses y FECI; prácticamente el banco te decía lo que debías seguir pagando, de lo contrario te restringía parcialmente. Una moratoria implica la suspensión de toda la deuda y quien debió regular el acuerdo, en el caso de financieras, Acodeco; de los bancos, la Superintendencia de Bancos de Panamá, y de las cooperativas, la Ipacoop; no el banco diciendo cómo quiero que me pague y en qué forma. Por eso es importante que se apruebe la ley de insolvencia familiar que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión de Comercio, para que permita que los consumidores lleguen a acuerdos viables.

Bueno, reiteramos las medidas que hemos mencionado. Nosotros creemos que el Estado debe aprobar una regulación de manera provisional para atender los intereses de la deuda, especialmente los intereses hipotecarios, y reglamente los cobros de intereses de los préstamos que están garantizados y evite que las entidades crediticias quiten casa o auto.

Reiteramos la aprobación de la ley que suspenda los intereses permanentes de las deudas y pactar mecanismos flexibles y reales en una negociación ante un ente parcial, como la Acodeco. Crear un mecanismo para minimizar el impacto de la imposibilidad de la mayoría de los consumidores de pagar total y absolutamente la deuda adquirida.

La situación socioeconómica de la mayoría de los panameños es difícil, ante ingresos reducidos producto de la pérdida de trabajo, informalidad laboral, modificación de la jornada laboral (jornada y salario reducida), quiebra de pequeños negocios, entre otras condiciones, que sin duda reducen su poder adquisitivo. Según datos oficiales, el desempleo sigue siendo de dos dígitos (18,5%), sin vislumbrar en el corto plazo nuevas fuentes de empleo y mucho menos recuperación de los niveles salariales. Más de 19 mil trabajadores tienen contratos suspendidos, fueron despedidos; a alrededor de 32,252 contratos laborales se les aplicó modificación de la jornada laboral en un 50% (jornada laboral disminuida y por ende de salario), se avizora un mayor crecimiento de la informalidad laboral (bajos salarios y no prestaciones sociales), en estos momentos en un 52,8%. Ha sido la clase trabajadora la que ha cargado con el costo de la pandemia. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) registró más de un millón de clientes que modificaron sus préstamos. Los créditos de consumo y corporativos modificados (febrero 2021) superaron los $23 mil millones. No se trató de moratoria bancaria, el proceso real en la mayoría de los casos fue “extensiones de plazo de vencimiento de los préstamos”, lo que automáticamente significaba incremento de la deuda de las familias.

La banca no aboga por una extensión de la moratoria. Insiste en “préstamos modificados”, que los clientes/deudores acudan a demostrar la necesidad. Esto es parte de lo que la Superintendencia denominó como “préstamos modificados, donde hay la posibilidad de que los bancos con sus clientes lleguen a arreglos”. La SBP explicó que en esta fecha se pone un periodo de evaluación para que las partes acuerden nuevos términos (obligaciones a mayor plazo), ya que para muchos clientes la recuperación puede tomar más tiempo. No ofrecen ningún aporte en aras de mantener la tranquilidad de sus clientes y apoyar la reactivación económica, el costo monetario y psicológico lo carga exclusivamente el cliente. La realidad demuestra que 19 mil trabajadores con contratos suspendidos han sido reintegrados para luego despedirlos, aún no se han reactivado todos los contratos suspendidos (hasta mayo de 2021 solo 54,3% de los contratos ha sido reintegrado), por ende, el riesgo de que los deudores no puedan hacerle frente a sus obligaciones es considerable.

La práctica de este órgano de gobierno no se destaca por medidas que favorezcan a los sectores marginados y asalariados de la población. Actualmente se reportan seis anteproyectos en la Asamblea Nacional relacionados con la banca, algunos que proponen extender la moratoria por varios meses más. Sin embargo, esta instancia se condiciona a las directrices que emanan del Ejecutivo y a los intereses de los sectores de poder económico, por lo que no se espera una conducta distinta.

La condición del sector bancario panameño a diciembre de 2019 era robusta. El sistema bancario revela un patrimonio de $15,900 millones y utilidades acumuladas en conjunto por $6,485 millones. Los banqueros son los grandes beneficiados de las medidas adoptadas por el gobierno, antes y durante la pandemia. Antes de que los bancos aceptaran sentarse con los deudores, se les otorgó recursos públicos para su colocación; para que los bancos aceptarán modificar las condiciones de los préstamos, se les permitió hacer uso de la provisión dinámica (liberación de una reserva de $1,252 millones). Frente a las vicisitudes que enfrentaba la población ante los compromisos bancarios, el gobierno actúo ineficazmente, cometiendo lo que en política económica denominamos error de retardo (tiempo que transcurre entre “el problema, la solución al problema y la puesta en práctica de la solución”), afectando a cientos de panameños. Amén de que nunca las medidas adoptadas han estado dirigidas a beneficiar en concreto a la población, sino a evitarle a la banca los procesos de reposición y remate de bienes, alto nivel de deuda que podría declararse impagable, e indudablemente garantizarle a la banca ganancias extraordinarias.

En junio la población enfrentará el derrumbe del espejismo de la “moratoria bancaria”, se enfrentará al hecho de una deuda incrementada, pues deberá hacer frente no solo al capital adeudado, sino también a los intereses acumulados. Con ingresos mermados o sin ellos, se les llama a acudir a las instituciones bancarias a renegociar condiciones de sus préstamos, que generalmente terminan con una reducción del pago mensual de sus compromisos a realizarse en un tiempo mayor, lo que de manera directa incrementa su endeudamiento. Los que carezcan de ingresos perderán sus bienes (vivienda, auto, etc.). Sin duda el impacto económico y social de la covid-19, pero sobre todo por la avaricia de los banqueros (grupo históricamente beneficiado por las políticas públicas), ampliará de forma considerable la brecha de inequidad financiera.