Vacunación clandestina: un análisis con perspectiva legal y sociológica

La vacunación clandestina, el acaparamiento irregular de bolsas con comida en casa habitación de un servidor público, vacunación VIP de funcionarios y de figuras públicas, amplían los casos en el ya extenso listado de enriquecimiento ilícito, sobornos, peculado, coimas, tráfico de influencias, y un largo etcétera en este país a lo largo de décadas, y que no pueden ser analizadas como casos aislados. Forman parte de un diseño conductual “preformateado” por una institucionalidad orientada y permisiva hacia la corrupción; y lubricada por una cultura perversa de “juega vivo” colectiva a nivel de la institucionalidad pública y privada, y que hunde raíces en sectores de la sociedad civil. No puede dejarse de mencionar el contexto en que se da la masiva vacunación nacional que, por lo gratuito de su carácter, no deja de contravenir los valores individualistas de una economía de mercado que tiende a mercantilizarlo todo.

El Ministerio Público forma parte de ese espacio que conjuga a individuos concretos con una formalidad institucional débil, proclive a construir simulaciones procesales y a generar impunidades. Sin embargo, estudios internacionales sobre el impacto que tiene en la corrupción la ausencia de controles institucionales y la inoperancia de un sistema de justicia muestran que un alto porcentaje descansa en la falta de predictibilidad de las decisiones, es decir, a la ausencia de certezas sobre la impartición de justicia. En el caso panameño, además de lo anterior, agregamos el empantanamiento de la “causa” en un deliberado y estimulado tecnicismo que desnaturaliza el denominado “debido proceso”, generando una justicia e impunidad de clase. Con todo, el actual procurador encargado, pese a las limitaciones señaladas, puede dar un paso en la dirección correcta.

Creo que hay funcionarios de gobierno implicados. No es difícil asumir el carácter endémico que tiene la corrupción en nuestra institucionalidad republicana, corrupción que atraviesa los tres poderes del Estado. No obstante, la corrupción se integra también a la sociedad, a través de un encadenamiento de prácticas extendidas que atraviesan a distintas clases y sectores sociales. La funcionalidad de la corrupción descansa, según algunas hipótesis, en las “cadenas delictivas” que se generarían en distintos estratos sociales y ámbitos de la sociedad, construyendo sistemas complejos de complicidades, redes de intercambios y de intereses compartidos, tanto económicos como políticos, donde la débil institucionalidad de la justicia panameña provee los blindajes para garantizar las impunidades necesarias: una especie de ganar-ganar de corruptos. La gran debilidad de dichas “cadenas” es que en el intercambio de favores y/o dinero, estos “intercambios” terminan siendo devorados por la propia mercantilización de la corrupción. Es lo que explica en parte los escándalos.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) trabaja el reporte de al menos ocho casos de personas fallecidas que aparecen en el registro como inmunizadas en la plataforma de vacunación. No obstante, un comunicado de la AIG aclara que uno de los casos fue el resultado de una digitalización accidental que produjo un registro erróneo de información. Dado el número tan reducido de personas fallecidas que aparecen como vacunadas, creo que la data producida es el resultado de errores humanos y no de una acción fraudulenta orientada a la apropiación indebida de vacunas.

El plan nacional de vacunación y la plataforma institucional que le sirve de soporte exhibe en lo fundamental, pese a los escándalos denunciados, un carácter integrador y cohesionador; por sus prácticas de intervención (logística), como en los valores de solidaridad que él difunde (solidaridad intergeneracional, por ejemplo). Sin embargo, en un contexto de corrupción persistente, extendido, tolerado o estimulado a nivel de la débil institucionalidad de Estado en el país, esta profundizará sus efectos disolventes en la sociedad, y tarde o temprano alcanzará al plan nacional de vacunación, si no tomamos medidas drásticas. Aun cuando la corrupción crea “cadenas delictivas” entre distintos estratos sociales y ámbitos de la sociedad, producto de complicidades, redes de intercambio de dinero y/o favores, generando con ellos complicados intereses compartidos que dan la apariencia de sólidas organizaciones clandestinas, lo cierto es que los vínculos que crean son frágiles por las divisiones y conflictos que generan. Nunca permanecen ocultas del todo, y esa es su mayor debilidad.

Se debió poner en conocimiento al Ministerio Público de inmediato para no perder la oportunidad de capturar a las personas in fragranti, y la recolección de evidencias. De esa forma se organizan las diligencias encubiertas y de vigilancia con el fin de hacer un allanamiento para encontrar las evidencias que sirven para formular un caso, pero no fue así, aunque se entiende que la labor de periodismo es la primicia y poner en evidencia otro escándalo. Esta vacunación clandestina conlleva varios aspectos: primero es acreditar el hecho punible como la práctica ilegal de la profesión contra la salud pública, que va depender de lo que diga el laboratorio forense para determinar, entre otras cosas, que las dosis que se aplicaron son las que adquirió el Estado. En caso de que sea vacuna de las farmacéuticas Pfizer o AstraZeneca, que son las que ha comprado el Estado, entonces estamos ante una distorsión que expondría de manera grave al gobierno, quien tiene a su cargo el manejo, distribución y proceso de vacunación. Confiamos que no sea así, dado que se prolongarían los perjuicios a la población y poniéndola en riesgo de otra forma la salud publica, porque estamos hablando que son dosis que se debieron aplicar a personas vulnerables. Si estamos ante un negociado de vacuna, entonces sería un delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado; incluso se podría incluir el tipo penal de blanqueo de capital porque se pudo haber lucrado con bienes del Estado. La investigación se debe manejar de manera muy profesional y oportuna. Siento que son muchos los escándalos que merecen respuesta judicial efectiva.

Considero que se debe realizar una investigación objetiva, porque así lo exige el Código de Procedimiento Penal, y creo que en esta investigación la fiscalía debe actuar con mucho escepticismo. No podemos cuestionar la labor de los abogados litigantes porque ellos van a plantear su hipótesis y teoría del caso con argumentaciones y lo que se debe establecer si es creíble o no. En cambio, el fiscal debe tener la paciencia y sabiduría para desencantar las versiones o extremos que no corresponden a la verdad procesal. También considero que se deben investigar las sociedades anónimas mencionadas, especialmente sus representantes legales, porque por lo que he visto en los medios de comunicación, no soy parte del proceso, hay empresas involucradas. No me parece prudente que se recibiera a un actor fundamental de esas sociedades, porque más adelante puede ser vinculada al proceso y el abogado defensor se agarrará de esos aspectos. Estoy seguro de que el procurador actuó de buena fe, y espero que dicha reunión no afecte los fines de la pretensión punitiva.

Bueno, como dije en la primera pregunta, es una situación perversa que debe ser investigada sin importar el cargo que ocupa la persona en el gobierno. La persona que acepta un cargo público es para que lo realice con mística, con sentido de pertenencia y que realice sus funciones según lo que establece la Constitución y la ley. Si hay alguien del gobierno involucrado, el Presidente de la República tiene la oportunidad de adecentar la gestión pública y exigir renuncias por ética y moral, a menos que estemos ante una nueva moral, lo cual yo rechazo, y si es así lo que queda es que el Ministerio Público haga valer el imperio de la ley. Estamos frente a una situación grave, aunque el Ministerio de Salud (Minsa) ha negado hasta el momento la participación de funcionarios, por lo tanto, debemos esperar el dictamen del Instituto de Medicina Legal, a fin de acreditar o no si son las vacunas que están bajo la responsabilidad del Minsa.

Si esto fue real, es lamentable, porque estamos frente a otra distorsión en la gestión pública; hay controles administrativos o leyes de control, supervisión y monitoreo que deben aplicarse para evitar que ese tipo de conducta se dé. Esto también debe ser investigado por el Ministerio Público, al igual que el lote de dosis de la vacuna que supuestamente se extravió en la provincia de Chiriquí. Es decir, se debe hacer un análisis integral de todo lo que ocurre relacionado con este tema.

Pienso que se hace el mayor esfuerzo, pero se debe acelerar el proceso porque si no nos vacunamos el país, no puede prosperar, porque habrá negocios que no podrán reabrir y seguiremos sometidos a las medidas de prohibición que son violatorias a la Constitución, a la Convención de los Derechos Humanos. Creo que las autoridades deben acelerar el proceso de vacunación masiva y de esa forma contener la propagación del virus porque entendemos, como ciudadano común sin ser médico, que la medida más efectiva es la aplicación de las dos dosis de la vacuna a toda la población, incluyendo a los jóvenes.