Caso 'pinchazos': Martinelli logra acuerdos extraoficiales

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien se enfrenta a un nuevo juicio por supuestas escuchas telefónicas, está sacando todas sus cartas para salir librado del proceso, que inició en la Corte Suprema de Justicia en 2015.

La defensa de Martinelli llegó a un acuerdo con varios de los querellantes.

Juan Carlos Navarro, Mauro Zuñiga y un tercero, que aún no se revela, se retiraron como querellantes contra Martinelli en la investigación por la supuesta interceptación ilegal de las comunicaciones de varias decenas de empresarios, políticos y periodistas supuestamente ordenadas por Martinelli entre 2012 y 2014.

Navarro en su cuenta de Twitter subrayó que el retiro de su demanda no implicó “acuerdo político ni acuerdo económico”.

“Seis nos quedamos en el proceso hasta hace una semana, ya que hasta el momento continuamos tres querellantes, tres víctimas como acusadores dentro del proceso que se le sigue al señor Ricardo Martinelli. Eso está dentro de las posibilidades que las víctimas puedan pedir resarcimiento al acusado y que se pueda dar ese resarcimiento y efectivamente se retirarían del caso”, aseguró Rosendo Rivera, quien es uno de los querellantes de este caso.

A pesar del retiro de los querellantes, Rivera destacó que el Ministerio Público tiene el deber de continuar con el proceso para defender a las víctimas que no tienen voz; el abogado señaló que hay 149 víctimas en este proceso.

Rivera también confesó que la defensa de Martinelli le ha hecho propuestas para que retire la acusación, sin embargo, señaló que hasta el momento no se han llenado las expectativas.

Mitchel Doens, uno de los querellantes, confirmó que la defensa de Martinelli se ha acercado para llegar a un acuerdo extrajudicial y de esa manera evitar una condena.

“Él (Ricardo Martinelli) se está haciendo eco de la posibilidad de un resarcimiento económico, pero lo que está ofreciendo no es para tomarlo en consideración”, señaló Doens, un crítico del expresidente y miembro del Partido Revolucionario Democrático.

Llegar a un acuerdo con los querellantes, a juicio de Doens, supone que el expresidente acepta los hechos que “estamos imputando”, en este caso la interceptación de las comunicaciones, y por seguimiento.

Por su parte, Balbina Herrera fue enfática al decir que el único acercamiento que tendrá con Ricardo Martinelli Berrocal será en las audiencias.

Martinelli escribió en su cuenta de Twitter que asistirá al juicio, que tiene como jueces a Iveth Francois Vega, Jennifer Saavedra Naranjo y Marisol Osorio Leyton.

En 2018, Martinelli habría ofrecido un pago de $75 mil para llegar a un acuerdo con los querellantes. Sin embargo, los afectados exigían como mínimo un millón de dólares para lograr un acuerdo extrajudicial.

Si la defensa de Martinelli llega a un acuerdo con los querellantes evitaría el juicio, según el punto de vista de Doens. Sin embargo, para el abogado Rivera el Ministerio Público seguiría con el caso porque defiende a las personas que fueron intervenidas.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, sostiene que si las partes llegan a un acuerdo, el Ministerio Público se ve imposibilitado en continuar el proceso, pero el juez debe aprobar el acuerdo.

El post de Twitter de Martinelli incluía cuatro cartas dirigidas a jueces de cumplimiento, pero ninguna de las que son parte del proceso, en las que se señala que la Casa Alfa estará habilitada desde el 21 de julio, día en que inicia el juicio.

El Ministerio de Gobierno, a pocas horas de circular las imágenes, desmintió la información. “Informamos a la ciudadanía que las notas que circulan con relación a adecuaciones en el centro penitenciario El Renacer, son falsas. De igual forma, la persona que las firma no pertenece a la institución”, escribieron en la cuenta oficial del Mingob

Martinelli estuvo detenido en la cárcel El Renacer, en las riberas del Canal de Panamá. En este nuevo juicio, que se espera comience mañana, Martinelli enfrentará solo dos delitos: interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución, y vigilancia sin autorización judicial, por lo que se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel.

El exgobernante, que durante el juicio alegó repetidamente problemas de salud, creó un nuevo partido, el Realizando Metas, con el que pretende presentarse a las elecciones de 2024, y denuncia que el nuevo juicio es parte de una “persecución” para inhabilitarlo políticamente.