Libertad Ciudadana: ‘Contrataciones directas del MOP favorecen intereses y debilitan la competencia’

Las contrataciones directas efectuadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que en 23 meses ya superan el monto de todas las ejecutadas en el quinquenio pasado, se han convertido en la “regla operativa” y favorece intereses particulares.

Así lo advirtió la organización Fundación Para la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, ante las investigaciones de este diario tituladas: Obras Públicas de a dedo: así se contratan los proyectos en el MOP y Las favoritas del MOP: contratos directos y licitaciones millonarias, del 14 y 15 de septiembre pasado.

Los reportes periodísticos detallaron que desde el 1 de julio de 2024 hasta el 4 de junio de 2026 el MOP ha contratado unos $363 millones de manera directa, mientras que en el quinquenio pasado este ministerio contrató proyectos por unos $225 millones.

La investigación periodística además reveló que, tanto en contrataciones directas y licitaciones, un pequeño puñado de empresas -algunas involucradas en corrupción- concentran más del 64% de los contratos en el periodo analizado, con base en un análisis de datos extraídos del portal de compras públicas, Panamá Compra.

De igual manera, desde el sector empresarial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) cuestionó el uso recurrente de este mecanismo. “La contratación directa debe ser algo excepcional. Si no, ¿para qué tenemos la Ley 22 de Contrataciones Públicas?”, planteó Gabriel Diez, presidente del gremio que reúne a las principales organizaciones del sector privado.

En esto también coincidió la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que destacó que “la invocación sistemática de los procedimientos excepcionales en la Ley de Contrataciones Públicas ha transformado la contratación directa en la regla operativa, anulando la libre competencia en esas instancias”, dijo Olga de Obaldía, su directora ejecutiva.

El reporte periodístico detalló que solo hasta el 4 de junio el MOP ha efectuado 276 contratos directos, de los cuales 114 fueron procedimientos excepcionales y otros 162 por emergencia ambiental.

En esta práctica de eludir las licitaciones públicas mediante declaratorias de emergencia continuadas o supuestos proveedores únicos, el Estado renuncia al mecanismo técnico fundamental para garantizar el mejor precio y la calidad óptima de las infraestructuras y servicios, detalló la fundación.

Estos contratos, que según el MOP son de “beneficio social”, se efectuaron incluso en obras que se contemplaron en el “Plan estratégico de gobierno 2025-2029“, publicado en la Gaceta Oficial.

El “Plan Nacional de Rehabilitación de la Red Vial”, cita obras en 436 kilómetros de carreteras, como la rehabilitación en la comarca Ngäbe Buglé; y en las provincias de Los Santos, Veraguas, Chiriquí y la carretera Panamericana Este y Oeste, así como el plan “tapahuecos” para rehabilitar las calles a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de la anunciada planificación esto no fue óbice para que se gestionaran de manera directa.

Ante los cuestionamientos de este periódico, el MOP argumentó que las contrataciones directas ,que incluyen contratos de emergencia, programa de recuperación económica y el programa ‘Tapahueco’, se efectúan para garantizar una “rapidez de ejecución”.

Una licitación es un proceso que puede tomar unos 10 meses, citó la entidad a través de su departamento de relaciones públicas.

Empero, la institución liderada por José Luis Andrade, evitó precisar por qué las obras consideradas en el plan estratégico quinquenal también fueron contratadas de esta manera.

Las obras directas “privan a la libre empresa de la capacidad de competir, puede generar sobrecostos estructurales y fomentar el diseño de pliegos restrictivos a la medida, al tiempo que puede suprimir los controles preventivos necesarios para asegurar la eficiencia del gasto gubernamental”, añadió Fundación para el Desarrollo de la la Libertad Ciudadana.

La organización resaltó que las prácticas se dan en un entorno en que la opacidad legal sobre los beneficiarios finales de las compañias contratistas funciona como el vehículo que puede permitir la concentración de los recursos públicos en un número reducido de grupos económicos.

“El anonimato corporativo, que aun permite nuestra ley de sociedades, imposibilita auditar los posibles conflictos de interés y debilita los controles para evitar la infiltración de flujos ilícitos a través de contratistas”, una vulnerabilidad crítica de cara a las próximas evaluaciones internacionales de control financiero, como la revisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) programada para 2027.

A pesar de que el MOP contestó que unas 30 empresas se han favorecido de las contrataciones, el reporte periodístico detalló que quienes concentran las contrataciones son: Constructora Meco Panamá, S.A., Ininco, S.A., Asfaltos Panameños,S.A, Transeq, S.A, Bagatrac Sociedad Anónima, Constructora Urbana, S.A. (CUSA), Bocas Generation Company Inc. y Constructora Rodsa, S.A.

Asfaltos Panameños fue socia de la empresa de Andrade en diversos proyectos en la pasada administración y Constructora Meco, Rodsa y Bagatrac confesaron pagar coimas en el escándalo de Blue Apple, una investigación por blanqueo de capitales.

Andrade no respondió por qué el MOP continúa adjudicando contratos directos a empresas vinculadas a casos de corrupción.