Albergues operaban con permiso vencido y sin permiso

Antes de que se emitiera el Decreto 26 de 2009 que regula la apertura y funcionamiento de los albergues, ya existían 49 centros en el país. Aunque la institucionalización de niños y adolescentes debería adoptarse como medida excepcional, en Panamá los albergues han proliferado y no necesariamente con los permisos en regla.

Un balance de la Senniaf (Nov. 2020) reflejó que de los 54 albergues a nivel nacional, 27 contaban con permiso de funcionamiento actualizado; 10 tenían permiso provisional vencido; cuatro estaban suspendidos; y 13 no tenían, de estos últimos al menos cuatro recibieron subsidios del Mides.

Esto lo pudo corroborar La Estrella de Panamá en el cruce de datos entre la lista de albergues que recibieron financiamiento (2018-2019) proporcionada por el Mides a través de un acto de acceso a la información, y la actualización elaborada por Senniaf hasta noviembre de 2020.

“Aunque muchos recaudan fondos en el sector privado, y con dificultades, más del 85% de su presupuesto anual se ajusta o acostumbra depender del subsidio estatal”, manifestó un extrabajador de un albergue que no quiso ser identificado. Por años, añade, “han demostrado una resistencia, cada vez menor, a trabajar con la Doctrina de Protección Integral, la desinstitucionalización y el fortalecimiento familiar”. Cada albergue opera según sus propios criterios dependiendo de su orientación filosófica y religiosa.

Ante la proliferación de hogares sin supervisión, los consultados sugieren practicar exámenes psicológicos a quienes trabajan con niños y adolescentes, y ser evaluados de primera mano por el centro y por la institución que dio el permiso.

Muchos albergues no tienen equipos técnicos o los incorporan parcialmente bajo la explicación de que no cuentan con los recursos para pagar los salarios y los planes para recibir ayuda especializada quedan a iniciativa de cada organización. Es obligación del Estado regular el establecimiento y funcionamiento de este tipo de albergues, en particular aquellos de carácter privado, lo cual dificulta acceso a una información completa que dé cuenta de la realidad de la existencia y condiciones de estos centros.

En junio pasado, la Senniaf pidió apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la implementación del software para identificar a los niños en los albergues y sus orígenes, familiares, atención médica.