Gasto dirigido a atención de migrantes irregulares supera los $20 millones

En dos años, el gobierno ha destinado aproximadamente $20 millones para atender a los migrantes irregulares que cruzan por Panamá, arriban de Colombia a Bajo Chiquito y continúan su ruta por la frontera con Costa Rica rumbo a Estados Unidos.

La cifra fue proporcionada a groso modo por la directora de Migración, Samira Gozaine, quien manifestó que el monto contempla gastos como alimentación para los migrantes tanto en Darién como en Chiriquí, alojamiento temporal en los albergues existentes y los que están bajo construcción además de los materiales para este fin.

Este medio espera el detalle de gastos que se comprometió a entregar Migración. Se informó que consultan con los respectivas carteras para desglosar el gasto correspondiente.

La directora, no obstante, excluyó de la cifra la inversión del Ministerio de Salud. Explicó que en los $20 millones se incluyen “los proyectos en ejecución, los materiales para las cabañas, el albergue construido en Nicanor, Darién, baños alquilados, plantas eléctricas”, el personal destinado al área tanto de la Dirección de Migración como del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y viáticos.

En este momento, Senafront mantiene un pie de fuerza de 70 unidades entre todas las estaciones de migrantes, aunque la cantidad es variable, en ocasiones se incrementa a 100 hombres, de acuerdo con las necesidades y la cantidad de migrantes irregulares que arriba a la última frontera sur de Panamá.

La presencia de los uniformados en los puestos de llegada no inhibe a los maleantes que se esconden en el trayecto. El recorrido por la selva darienita es un infierno, descrito por quienes logran salir de ella. El trayecto dura una semana desde Colombia hasta Bajo Chiquito, el primer poblado en territorio panameño. Ahí permanece un equipo de Médicos Sin Fronteras que ofrece servicios médicos básicos y atención en salud mental.

Los puntos más peligrosos son la “loma de la muerte” y el río Tuquesa. Este último no lograron cruzarlo tres personas la última semana de septiembre, y la anterior otras nueve. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en voz de su director, Vicente Pachar, indicó que en este año contó 53 cuerpos de migrantes irregulares. Guarda 12 cuerpos sin identificar y una osamenta en la morgue de Darién que está a tope.

El 1 de octubre, Senafront rescató a 68 cubanos, entre ellos: 16 niños, 14 masculinos y 39 femeninas (1 de Sri Lanka), en el hito binacional próximo al país hermano de Colombia. Los migrantes habían sido abandonados por supuestos colombianos que se dedican a movilizarnos de forma ilegal hacía Panamá.

Por los hechos que denuncian los migrantes, el camino parece estar secuestrado por grupos armados que atracan a los viajantes. La agencia EFE recogió en un reciente reporte que “quienes salen de la selva reportaron violaciones, menores que son abusadas por ocho hombres a la vez, grupos a los que paran y escogen a las más bonitas”.

“El sufrimiento que estamos viendo en nuestros pacientes por el viaje que hacen es enorme. Muchos de ellos llevan semanas o meses de camino y atravesar el Darién es duro, por la travesía difícil y larga. Y a la que hay que sumar los relatos terribles que nos han hecho de violencia, de robos, de agresiones sexuales y asaltos”, exprea Raúl López, coordinador de terreno, en una nota publicada en el portal de Médicos Sin Fronteras.

Con el afán de averiguar los hechos delictivos, el Ministerio Público habilitó el 13 de septiembre pasado de forma permanente a tres funcionarios en el pueblo de Bajo Chiquito, sur del Darién para recibir las denuncias correspondientes. No obstante, una fuente de Senafront informó a La Estrella de Panamá que desde entonces no han recibido denuncias.

La Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada logró el 30 de septiembre la imputación de cargos por tráfico ilícito de migrantes y la detención provisional de dos extranjeros, un colombiano y un venezolano.

Los hechos se registraron el 20 septiembre pasado, cuando se recibió información de la División de Delitos contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Dirección de Investigación Judicial acerca de un grupo de personas se dedicaba a transportar migrantes en una camioneta y que se hospedarían en un hotel en Tortí, Chepo.

En el informe global que mide la delincuencia organizada en el mundo (Global Organized Crime Index), Panamá obtuvo el puntaje más alto de la región en la evaluación de trata de personas (8.0), donde se ha descrito como mercado tránsito y destino para víctimas incluyendo venezolanos y niños víctimas de violencia sexual y explotación forzosa de trabajo.

Las organizaciones detrás del tráfico de personas trabajan en asocio con la fuerza pública, con policías acusados de extorsionar a víctimas de explotación sexual aprovechando el hecho de que la despenalización del trabajo sexual en Panamá ha desdibujado la línea entre actividades legales e ilegales y que las autoridades tienden a pasar por alto este tipo de abusos.

Es un país de destino para las víctimas de tráfico de personas incluyendo mujeres, migrantes y personas vulnerables de América Latina, que responde particularmente de Venezuela debido a la situación política de ese país, al igual que de Asia. La mayor parte de las víctimas son explotadas sexualmente forzadas a condiciones de trabajo abusivas en el sector de construcción, aunque el país ha mostrado avances en la lucha contra la explotación infantil.

La mayor parte de los migrantes que pasan por Panamá, un 45%, son de nacionalidad haitiana.

Este año las proyecciones superarían las que se han contabilizado entre 2010-2019. Los números de Migración señalan que hubo 109,293 migrantes irregulares durante ese periodo.

En agosto pasado, las estadísticas de la Dirección de Migración reportan que cruzaron por Panamá 22,190 irregulares. Pero, en lo que va de 2021, las estadísticas reflejan más de 85 mil migrantes irregulares, una cifra récord para el país en comparación con el año pasado cuando se contaron 8,594 migrantes a pesar de las restricciones de movilidad causadas por la pandemia y el cierre de fronteras.

El desencanto de miles de haitianos, no obstante, se vive al intentar ingresar a Estados Unidos, donde más de 4,600 de ellos han sido salido en vuelos de repatriación desde el 19 de septiembre pasado.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) recoge varios testimonios de los migrantes, que reproduce 'La Decana', de quienes arriban a Bajo Chiquito, Darién. El primer punto de encuentro con autoridades panameñas.

Juan es un cubano de 59 años. Su familia sigue en La Habana. Salió de Cuba hace tres años y trabajó en Brasil y Uruguay. “En la siembra, en la construcción, como chófer. Pero la situación económica y el ser migrante, que te atropellan, me decidieron a salir hacia Estados Unidos”. No esperaba lo que se encontró en el Darién. “Éramos un grupo de unos 20. Caminas desde las cuatro de la mañana hasta las siete de la noche, siempre embarrado, los pies siempre mojados, con arena, no te quitas las botas y acabas sin poder caminar. Hay montañas enormes, la Loma de la Muerte, inmensa. Hay ramas por todas partes, mojadas, te resbalas todo el rato, precipicios y barrancos, ríos, rápidos y crecidas súbitas, animales que escuchas toda la noche…”.

Juan llegó a Bajo Chiquito, hambriento, sediento, con los pies destrozados y la piel comida por insectos. “Te lo advierten desde EEUU, 'no lo hagas, es terrible'. Pero la necesidad está y entonces piensas, si él lo ha hecho, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? Pero, de verdad, no lo hagan, es terrible”.

“La selva te envuelve, es como si no quisiera dejarte ir, no sabes qué camino elegir, cuál será el bueno, eliges uno y al rato vuelves a estar donde saliste. No te suelta, no te quiere dejar ir”. El venezolano Alejandro, de 49 años, salió hace tres meses de su país. En Colombia, en Medellín, comenzó a barruntar la posibilidad de migrar al norte. Alejandro tardó 10 días en cruzar la selva y en el trayecto hizo amigos, de los que se separó y que ahora espera, con ansiedad, ver llegar vivos a Bajo Chiquito.

Tamara es de Haití. Tiene 39 años y está embarazada de seis meses. Con la pandemia, no le queda otra que migrar al norte y, con su marido y cuñados, pensaron que lo hacían con todas las garantías: pagaron 2,600 dólares para que una agencia los llevara a EE. UU. Les enviaron billetes para volar a Colombia en primera clase. En teoría, les cruzarían la selva del Darién en helicóptero. Se dieron cuenta de que los habían estafado demasiado tarde. “Nos dieron una bolsa con galletas y ya en la selva nuestros supuestos guías nos atracaron. Nos dejaron en la montaña sin comida, sin nada. Nosotros nunca hubiéramos puesto nuestras vidas en peligro. Esto no debería suceder. No puede ser que haya gente muriendo ahí. Deberían poder salvar a la gente o impedir que se acceda. Tienen que avisar de que no se haga ese camino”.