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23 de Ene de 2022

Nacional

Piden pena máxima para Ferrufino por presunto delito de enriquecimiento injustificado

La juez se acogió a un periodo de 30 días para dictar sentencia. La pena máxima por este delito es de 12 años 

La fiscalía Anticorrupción solicitó una pena de 12 años de prisión en contra de Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social (2009-2014) y su esposa, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. La audiencia se realizó este martes en horas de la mañana en el Juzgado Tercero Liquidador, cuya juez se acogió a un periodo de 30 días para dictar sentencia.

Por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, el fiscal Edwin Juárez explicó que a lo largo de la investigación se pudo corroborar mediante un informe de auditoría forense de la Contraloría General de la República, mediante resolución de 2015, que indicaba, por parte de peritos calificados e idóneos, que no había un balance correcto en cuanto a la declaración jurada que presentó el ex ministro antes de asumir la cartera del Ministerio de Desarrollo Social por 1 millón 126 mil balboas; y posterior a esto mantenía bienes, propiedades y cuentas bancarias que sumaban un excedente de más de 2 millones 288 mil balboas que no pudo justificar, una vez salió del cargo en 2014.

En este caso se mantiene la aprehensión de una finca ubicada en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste; además, otra finca en Nueva Gorgona, Chame; dos en Boquete, provincia de Chiriquí y una casa en Albrook, en la ciudad capital; también B/.118,664.91 de varias cuentas bancarias aprehendidas. El juzgado Undécimo penal levantó la aprehensión de dos fincas.

Esta audiencia ordinaria se realiza luego que el juzgado Undécimo de Circuito Penal, el 18 de abril de 2016, dictaminó llamar a juicio a estas dos personas como presuntos infractores del delito de enriquecimiento injustificado.

La pena por el delito de enriquecimiento injustificado es de 6 a 12 años en su modalidad agravada a quien como servidor público incremente indebidamente su patrimonio personalmente o por interpuesta persona durante el ejercicio de su cargo, según lo establece el Código Penal.