Reestructurar el Estado: el acalorado debate que enciende el escenario político

No estoy de acuerdo con el comentario del cantautor sobre el cierre de la Asamblea Nacional, debido a que una de las soluciones que siento que puede funcionar es la de reorganizar la Asamblea e instruir a los ciudadanos para que puedan elegir buenos y mejores mandatarios.

Primero que todo, el gobierno que gane las elecciones de 2024 tiene que tener como objetivo la transparencia, es decir, no ocultar documentos sensibles como actas, notas y gastos de presupuestos que ha hecho el Estado. Para esto se debe eliminar la Resolución 71 del 4 de agosto de 2021 y el articulo 14 de la Ley 6 de 2002 que establece la facultad optativa de los funcionarios de restringirle acceso a la transparencia pública. Otro de los objetivos que debe de tener es invertir en la educación y en la salud pública, es decir, abastecer a la Caja de Seguro Social con medicamentos y buena atención médica.

Los candidatos presidenciales, en la mayoría de los debates electorales tienen una propuesta de campaña, mas no una propuesta al momento de ser elegido por el pueblo; esto suele pasar por su falta de compromiso y porque velan por los intereses de quienes patrocinaron sus campañas electorales. Esto quiere decir que al momento de iniciar sus periodos de elección no cuentan con un plan de ejecución verídico para el país, sino que improvisan.

La institucionalidad fracasada debido a la falta de claridad de los impulsores, ya que la gran mayoría de los ciudadanos panameños no tenía claro el porqué de una nueva constitución y en qué consistía la misma.

Después de la invasión que Panamá sufrió el 21 de diciembre de 1989, el país se ha visto en gran decadencia, no solo a nivel nacional, sino a través de la deuda externa. Esto ha pasado debido a la corrupción y mala administración de los gobernantes que ha tenido el país, lo que nos ha llevado también a niveles de desigualdad más altos del mundo en lo social y económico. Gran parte de responsabilidad por la desigualdad en el país recae sobre el sector político (gobernantes), ya que ponen en segundo plano el sector popular. Para poder realizar un cambio en este sector, se debe contemplar un planeamiento estratégico. Presupuesto y gestión financiera.

Sin duda, las elucubraciones de Rubén Blades se dan en el marco de la más profunda crisis institucional y social que ha vivido Panamá en el periodo posinvasión. Los impactos económicos y sociales producto de la pandemia por la covid-19 se han pegado a la crisis de la institucionalidad política del país, que ya venía de arrastre desde hace por lo menos una década. Sin embargo, Blades se queda en las ramas, no va a la raíz del problema y propone un disparate. Cerrar la Asamblea en nada va a cambiar la matriz política del Estado panameño, que hoy es controlada por un puñado de clanes político-económicos que han usado el Estado panameño como un instrumento para la acumulación de riquezas. La raíz del problema político panameño no es “un exceso de democracia”; por el contrario, el problema central que tenemos es que vivimos en un régimen político de libertades democráticas restringidas, donde los intereses y necesidades de las mayorías –como son el acceder a agua potable, viviendas, medicinas, alimentación, un ambiente sano y empleos dignos– quedan supeditados a la lógica de negocios de quienes tienen el poder real. Blades no menciona nada de esto.

La única manera de que la fuerza política que gane las elecciones del año 2024 empuje un proceso profundo de transformación democrática del Estado, es que dicha fuerza política o coalición esté formada por los sectores que han estado marginados de la toma de decisiones y que en el hipotético escenario de ganar las elecciones llame a un proceso constituyente originario. Los sectores de clase que han tenido control del Estado panameño hasta el momento, están cómodos con el actual orden de cosas. Lo más que buscan es “refrescar” la intermediación política producto del desgaste que tienen los partidos políticos tradicionales frente a la ciudadanía.

Cómo dije, es un tema de factores reales de poder. Quienes han controlado el Estado panameño posinvasión se han dotado de los mecanismos institucionales para no solo garantizar que dicho control se perpetúe, sino que además han tenido el poder suficiente para que sin importar el partido que gane las elecciones, el modelo transitista neoliberal se mantenga y, por ende, sus negocios. La única manera de explicar los oligopolios en los alimentos, medicinas, viviendas, salud y el hub aéreo, por ejemplo, es entender el vínculo que ha existido entre la economía y la política, es decir, entre las familias que hacen los negocios y los intermediarios políticos que los garantizan.

El proceso de impulsar y establecer una constituyente originaria más que fracasar, está en etapa de maduración. El hartazgo de la población es cada vez mayor, como también es cada vez más claro cómo se utilizan los recursos públicos para generar negocios particulares. En ese sentido, es sumamente urgente que ese hartazgo popular asuma una forma organizativa lo suficientemente amplia y robusta para llevar el proceso constituyente a puerto seguro.

Un Estado cuya arquitectura y funcionamiento se ha construido para favorecer el control político de unas élites en detrimento de los derechos y necesidades de las mayorías. Hay muchos ejemplos de ello: cómo se destruyó el agro para favorecer a los importadores de alimentos; cómo cinco consorcios con cuotas de poder en los distintos partidos que han hecho gobierno tienen secuestrado el abastecimiento de medicamentos; o la manera como se han dado concesiones de exploración y explotación minera, atentando contra la vida de centenares de comunidades y contra el propio beneficio del Estado panameño, como es el caso de Minera Panamá; Los puertos, la junta directiva del Canal, la administración de justicia... donde se busque, se puede hallar ejemplos de esto.