Ricardo Armenta: Proyecto de ley 697 proporcionaría los requisitos mínimos para transparentar el mercado cripto

Aunque en los últimos años el mundo cripto ha tenido una gran auge, uno de los impedimentos para su adopción es la implementación de las normas que rigen su introducción en los negocios, aunque ya hay muchos países que sí aceptan el dinero digital, está legalizado o en camino de ser regulado.

Así, durante los últimos años, países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Singapur, Hong Kong, Colombia, y recientemente El Salvador, por ejemplo, han adecuado legislaciones de criptomonedas y tecnologías afines. Mientras que en Panamá, aún no ha sido regulado.

A finales de abril de 2022, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 697 que regularía en Panamá la comercialización y el uso de los criptoactivos, la emisión de valor digital, la tokenización de metales preciosos y otros bienes, así como los sistemas de pagos.

Sin embargo, el pasado miércoles 18 de mayo, durante un panel del New Economy Gateway Latin América, en Panamá, el presidente Laurentino Cortizo dijo que en estos momentos “no” tenía intenciones de ratificar la ley.

No obstante, empresas dedicadas a este negocio defienden la iniciativa. Uno de ellos es Ricardo Armenta, director comercial y de mercadeo de ventas de Bitpoint, una empresa japonesa parte de Remixpoint Inc.

El portavoz calificó la propuesta como un gran avance importante para el país en materia de regulación del dinero digital, pues contempla las bases para que el sistema financiero panameño se abra al mercado con unas condiciones mínimas para operar.

Insistió en que la normativa proporciona los “requisitos mínimos para dar transparencia al mercado, que es lo que se necesita”, de lo contrario sería como “tener un banco informal”, donde se “transan montos considerables”.

Advirtió que lo que está pasando con el mercado de las criptomonedas es que “nadie está vigilando lo que está sucediendo”, entonces, ”se termina transando con malintencionados en un mercado informal donde el gobierno no se entera realmente cuánto son los montos y no tiene visibilidad de lo que se está transando”.

“Esa informalidad solamente premia al fraudulento y realmente no hace que el mercado se desarrolle de forma sostenible”, advirtió Armenta, añadiendo que la regulación además le permitiría a Panamá desarrollar una economía basada en cripto, como mecanismo de generador de ingresos y de inclusión financiera, como ya lo vienen implementando otras naciones, como El Salvador.

Es una filial financiera de la empresa Remixpoint Inc. que desde Colombia opera su expansión a América Latina. Llegamos en 2018 a Panamá como primer mercado, como una especie de Sambox en 2018 a finales y después de casi cuatro años, con pandemia incluida, ya operamos en 11 países de la región. Son el exchange cripto con mayor presencia en América Latina, empezando por República Dominicana, México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina.

El Salvador ha sido un caso muy interesante. Digamos que es una apuesta a mi modo de ver muy arriesgada por parte del gobierno de Nayid Bukele, que le aplaudo; sin embargo, creo que fue bastante arriesgada, una apuesta a todo o nada, que le ha salido muy bien hasta el momento. El Salvador es un país pequeño, tiene 6 millones de habitantes; y Panamá tiene 4 millones, pero El Salvador tiene mucho menos influencia en el mundo, mucho menor recurso que Panamá, por ejemplo. Resulta que después que entró en vigor la ley bitcóin, el PIB de El Salvador creció en el último trimestre 2021, en 11%, cosa que no pasaba hace muchísimo tiempo. Las tasas de bancarización, de inclusión financiera, para que tengas una idea, en toda la historia de El Salvador habían abierto entre 2.5 millones y 3 millones de cuentas. Pero en los primeros 3 meses de vigencia de la ley bitcóin 3 millones de personas abrieron cuentas... es el paso más grande que ha dado El Salvador en temas de inclusión financiera y ese reto lo tienen todos los países. El Salvador ha probado que sí se puede utilizar criptoactivos como mecanismo de inclusión financiera y una de las principales acciones que tienen que tomar los gobiernos alrededor del mundo es incluir a las personas financieramente, y eso va a ayudar a la formalización de la economía, hasta como negocio le sirve al gobierno porque así van a recaudar más impuestos. El Salvador hizo una apuesta ahí y le funcionó mucho en esas dos cosas: crecimiento económico y en inclusión financiera. Por otro lado, eso es lo que vemos ahora, van seis meses desde que se aprobó la ley, sin embargo, esta es una apuesta muy a largo plazo, mirando a los próximos 30 o 40 años.