10 de Ago de 2022

Nacional

CIDH podría cerrar expediente de un grupo de familiares de víctimas de la dictadura militar, sino se notifican

La CIDH hizo un llamado para que antes del 16 de julio próximo se suministre información sobre 55 víctimas, cuyos familiares no se han manifestado en torno a la posibilidad de llegar a acuerdos de solución amistosa con el Estado o su interés de continuar el caso

CIDH podría cerrar expediente de un grupo de familiares de víctimas de la dictadura militar, sino se notifican
El Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá “Héctor Gallego” y el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Chiriquí, están como organizaciones copeticionarias ante la CIDH.Archivo | La Estrella de Panamá

Los familiares de todas las víctimas de la dictadura militar podrán seguir ejecutando las acciones legales pertinentes para hacer sus reclamaciones ante el Estado panameño, y así llegar a posibles acuerdos de manera amistosa o esperar un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre sus reclamaciones.

De hecho, la CIDH, el pasado 16 de junio a través de una nota dio un plazo al Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá “Héctor Gallego” (COFADEPA-HG) y a Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI), organizaciones copeticionarias en este caso, para que se dé información sobre otro grupo de víctimas, y en la cual advirtió que de no recibirla, podrían cerrar el expediente.

Mientras que familiares de otro grupo de 13 víctimas de la dictadura, entre los que se incluyen a Floyd Britton, Betzy Mendizábal y Alcibiades Bethancourt, entre otros, están en espera que la Cancillería de la República agilice el proceso de un segundo acuerdo de solución amistosa (Caso 13.017 A), pactado con el Estado en el gobierno pasado a mediados de 2019, que según fuentes vinculadas al mismo ha sido retrasado por algunas de las autoridades en la Cancillería, por lo que aún no ha sido remitido al Consejo de Gabinete para su aval, publicación en Gaceta Oficial y su posterior refrendo en la Contraloría General de la República.

Caso 13.017-C, con pago refrendado por la Contraloría

CIDH podría cerrar expediente de un grupo de familiares de víctimas de la dictadura militar, sino se notifican
xxxxx xxxxFotógrafoLa Estrella de Panamá

Hace unos días el contralor general de la República, Gerardo Solís, refrendó el pago de una indemnización contenida en el caso 13.017-C de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a familiares de las 15 víctimas de la dictadura militar de octubre 1968 a diciembre 1989, asociados en el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI).

El monto total a pagar es de $11,024,410.83, los que se harán efectivos en tres cuotas de $3,674,803.61 cada una, conforme lo estableció el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el 18 de junio de 2021. Este monto a pagar será destinado a 66 familiares de las 15 víctimas relacionadas con el caso 13.017-C de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El pago sería realizado a 66 familiares de las 15 víctimas ya registradas en este caso.

Este pago, además de otros compromisos por parte del Estado panameño, surge luego que el 23 de octubre de 2003 la CIDH recibiera una petición presentada por Alberto Santiago Almaza Henríquez, director general de la Oficina de Seguimiento de los Objetivos de la Comisión de la Verdad, y Jacinto González Rodríguez, miembro de Apoyo Legal de la Oficina de Seguimiento de los Objetivos de la Comisión de la Verdad, en representación del Comité de Familiares Asesinados y Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego (COFADEPA-HG) y del Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI), a favor de los familiares de víctimas de la dictadura militar ocurrida en Panamá entre los años 1968 y 1989, contra la República de Panamá.

En la petición se alegó que en un contexto de violencia y abuso de poder que habría imperado durante la dictadura militar instaurada en Panamá desde el 11 de octubre de 1968 hasta el 20 de diciembre de 1989, contra 109 personas que habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a elementos de las fuerzas de seguridad del Estado panameño.

Los peticionarios alegaron la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 109 personas entre octubre de 1968 y diciembre de 1989, en Panamá. Según lo alegado, estas violaciones habrían sido cometidas por funcionarios del régimen militar, en conformidad con la política general de eliminación de opositores que habría sido instaurada por el gobierno militar. La CIDH avaló la petición de admisibilidad de 106 presuntas víctimas.

CIDH admite Caso 13.017-C

Fue el 27 de octubre de 2015 cuando la CIDH emitió el Informe de Admisibilidad No. 68/15, en el cual concluyó que era competente examinar la presunta violación planteada por los denunciantes.

Tres años después, en diciembre de 2018, la comisión fue informada de que las partes habían iniciado de manera bilateral la negociación de un acuerdo de solución amistosa.

Adicionalmente, las partes informaron que desde el año 2003 hasta el año 2005 estuvo en funcionamiento una Comisión de la Verdad de Panamá, y que en el año 2010 inició una mesa de entendimiento entre organizaciones de familiares de víctimas y el Estado.

Finalmente el 23 de mayo de 2019, las partes sostuvieron una reunión de trabajo facilitada por la relatora de país, en la cual suscribieron un acuerdo de solución amistosa, en relación a 15 víctimas representadas por la organización COFADECHI.

El acuerdo de solución amistosa fue avalado por parte del Consejo de Gabinete del pasado gobierno, a través del Decreto de Gabinete No. 16 del 11 de junio de 2019, publicado en Gaceta Oficial Digital No. 28794-A del miércoles 12 de junio de 2019 y No. 29794-B.

En el informe de la CIDH sobre este caso se señala que el Estado panameño se encuentra avanzando en otros procesos de negociación de solución amistosa relacionados con las demás víctimas, y que los efectos de este informe de homologación se circunscriben únicamente al universo de las 15 víctimas y los 66 familiares que se adhirieron a este acuerdo de solución amistosa.

Lee: “Todas las víctimas pueden reclamar indemnización o la reparación de daños”

Para el abogado Carlos Lee, quien fungió como asesor ad honorem de la Comisión de la Verdad, efectivamente el informe de la CIDH hace referencia exclusivamente al caso 13.017-C que es una solución amistosa para 15 víctimas y 66 familiares presentado por el Comité de Familiares asesinados y desaparecidos de Panamá-Héctor Gallego y el Comité de Familiares de desaparecidos de Chiriquí.

Recordó que el total de víctimas reportadas por la Comisión de la Verdad fue de 109, y detalló que existen varias organizaciones de víctimas de la dictadura y hay varias reclamaciones hechas ante la CIDH que tienen diferentes avances para ser resueltos.

Sostuvo que el caso 13.017-C, ya con refrendo de pago, inició en octubre de 2003 y se logró tras un acuerdo amistoso en junio de 2019. No obstante, recalcó que todas las víctimas pueden iniciar un proceso para reclamar indemnización o la reparación de daños por parte del Estado panameño.

Otras obligaciones pactadas en el acuerdo

Para fijar el monto de la indemnización se utilizaron como referencia los diferentes criterios que sobre reparación del daño ha desarrollado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre estos: daño material, daño emergente, lucro cesante, daño inmaterial, pago de reparación pecuniaria y las medidas de satisfacción y garantías de no repetición.

Pero además de la parte económica, el acuerdo de solución amistosa establece que el Estado se compromete a realizar un pronunciamiento público de “Perdón y Reconocimiento de Responsabilidad Internacional” para aceptar y responsabilizarse como Estado de los hechos ocurridos. También el Estado se compromete a que en dicho acto se les pedirá perdón público a los familiares de COFADECHI por los hechos denunciados ante la CIDH.

De igual forma, el Estado se compromete a publicar el pronunciamiento público en un periódico de circulación nacional y en la Gaceta Oficial, así como a entregar una copia de este a cada uno de los peticionarios del Acuerdo de Solución Amistosa, miembros de Cofadechi y el compromiso de Estado en el cumplimiento en la parte pecuniaria y del resto de las obligaciones pactadas en el mismo.

Caso “Masacre de Albrook”

En otro caso, el 13.017B en el que también se incluyeron por error a las denominadas víctimas de “La Masacre de Albrook”, los peticionarios (del caso 13.017B) desconocieron el ofrecimiento de un acuerdo amistoso y solicitaron proseguir con el trámite contencioso hasta que la CIDH emita un pronunciamiento.

Víctimas de la dictadura cuyos familiares no han comunicado interés en solución amistosa

Alexis Sánchez

as833961@gmail.com

En una misiva dirigida al Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá “Héctor Gallego” (COFADEPA-HG) y al Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI), organizaciones copeticionarias de víctimas de la dictadura militar (1968-1969), la CIDH hizo un llamado para que se informe sobre 55 víctimas, cuyos familiares no se han manifestado respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos de solución amistosa con el Estado que incluyen indemnizaciones y otras reparaciones o su intención de continuar con el caso ante la organización internacional.

La misiva -remitida el 16 de junio- suscrita por Mario López Garelli, de la CIDH, solicita información a COFADEPA – HG y a COFADECHI, sobre estas víctimas de la dictadura, al tiempo que advierte que: “De no recibirse la información solicitada dentro del plazo de un mes, contado a partir de la transmisión de la presenta, la CIDH podría archivar el expediente del referido asunto conforme al artículo 42 de su reglamento”.

En total, según la CIDH se trata de 55 presuntas víctimas incluidas dentro del grupo de 106 víctimas a las cuales la organización decidió la petición de admisibilidad, pero que no fueron incluidas en los otros cuatros casos que incluye a otros grupos de presuntas víctimas de la dictadura.

Según la misiva, las personas interesadas pudieran comunicarse con Julio Mario Villarreal de Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI), al correo jvillarreal@petroterminal.com o con Maritza Maestre del Comité de Familiares Asesinados y Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego (COFADEPA HG), al correo cofadepahg@gmail.com

La lista de las víctimas asesinadas y desaparecidas, cuyos familiares no han manifestado interés en participar en un arreglo de solución amistosa o continuar con el caso, es la siguiente:

Carlos Araya Bernal, Teodoro Palacios Hurtado, Juan Lekas, Berardo Castillo, Jorge Galván, Javier Enrique Guerra, José Enrique Pimentel, Andrés Fistonich, Reinaldo Sánchez Tenas, Jorge Falconett, Ever Quintanar, Ramón Mojica, Leopoldo Allen Serracín, Gerardo Olivares, Genaro Sarmiento, Waldemaro Osorio, Tomás Rojas Hinestroza, Macario Blanquicet, Delia Perry Rose, Alcibiades Vásquez, José del Carmen Tuñón, Heriberto Manzzo, Dora Cerafina Moreno, Cesáreo Tejada, Rubén Miró, Jorge Medrano, Jorge Camacho, Demóstenes Rodríguez, Román Rivera, Jaime Fredericks, Cecilio Hazlewood, José de la Rosa Chávez, José Angel Gutiérrez, José de la Concepción Rojas, Silverio Brown, Yito Barrantes, Eduardo Carrera, Armando Núñez Morán, Valentín Poveda, César Cajar, Luis Antonio González, Félix Vásquez, Jerónimo Díaz y Marisol del Carmen Aguilar.