CoNEP preocupada por decreto que crea Comisión ciudadana contra la corrupción

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) mostró su preocupación por la emisión, por parte del Órgano Ejecutivo, del Decreto 215 de 1 de septiembre de 2022, mediante el cual se crea la comisión ciudadana contra la corrupción, sin contar a amplios sectores de la sociedad.

“La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso de todos. Las autoridades deben estar a la vanguardia de estos esfuerzos y los ciudadanos tenemos que constituirnos en verdaderos auditores de la gestión institucional”, señalaron los empresarios en un comunicado.

El clientelismo, la burocracia frondosa y las prácticas clientelares son predisponentes de la ocupación.

“Nos preocupa que la comisión que se crea, solo tome en cuenta a determinados grupos con un criterio totalmente excluyente. El derecho en mención, manda un mensaje equivocado, ya que implícitamente señala que solo la sociedad tiene la facultad de hacer aportes en la lucha contra la corrupción”, agregaron los empresarios en un comunicado.

Los empresarios destacan que resulta imprescindible que se le dé valor a la ley de transparencia, para que la misma se aplique con resultados más tangibles.

Además, es importante que los órganos del Estado cumplan su papel a cabalidad, con entendimiento que la austeridad es esencial. Reiteramos que el combate a la corrupción es vital para que la justicia sea eficiente, imparcial y expedita.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada seguirá el camino de la lucha por un Panamá mejor, para que la transparencia impere y la corrupción no tenga lugar.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Cheng, deberá definir cuál será el futuro del Decreto Ejecutivo 215, que creó la comisión ciudadana contra la corrupción.

El abogado Ernesto Cedeño interpuso un recurso contencioso administrativo de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el decreto Ejecutivo 215 de 1 de septiembre de 2022, que crea la comisión ciudadana contra la corrupción, establece su composición y esquema de funcionamiento.

El decreto indica que mediante la Ley 42 de 1 de julio de 1998, Panamá, en su condición de miembro de la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana para la Corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, que dispone que los Estados convienen en considerar en sus respectivos sistemas institucionales la aplicación de medidas destinadas, a crear mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción.