Partidocracia, progresismo político y alternativas

En un ordenamiento institucional republicano, la política al igual que sus crisis no pueden entenderse al margen del contexto de poder que las organiza; como tampoco, en la manera en que se construyen políticamente los actores que sirven de intermediación entre la Sociedad y el Estado. Todo juicio de la crisis, especialmente en Panamá no pude desconocer este contexto. El estallido social de hace unas semanas pone en discusión el régimen presidencialista, el sistema de partidos que articula una lógica de representación desde el poder y la emergencia de nuevos actores con capacidad política.

Desde luego, que cuando nos referimos a la crisis, inmediatamente en ella se despliegan otras crisis que organizan, a veces de manera caótica, un entramado de problemas que conectan las grandes insatisfacciones sociales del momento (coyuntura)—el gran malestar intersubjetivo de amplios sectores de la población—, con temas de la estructura socioeconómica del país (los problemas de desigualdad y exclusión social).

Es un lugar común plantear que la forma de gobierno define un sistema institucional de relaciones y jerarquía entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso, cuando se define la democracia panameña como presidencialista, estamos más que describiendo, estamos caracterizando un orden político. En la hipótesis del sociólogo Juan José Linz, es la forma presidencialista la que obstaculiza la institucionalización del sistema de partidos; y agregamos, la que constituye una gran fuente de corrupción y conflictos.

Lo anterior sucede en la medida en que el presidencialismo despoja a los partidos de plataformas programáticas, fortalece las burocracias internas, y anula la lógica de poder de los partidos políticos como organismos de fiscalización e intermediación entre demandas agregadas y proyectos de sociedad y desarrollo: el presidencialismo panameño despolitiza y somete todo lo que toca.

Linz incorpora como elemento “no deseado” en el accionar presidencialista, el fortalecimiento de una cultura política caudillista, que socava las limitadas capacidades institucionales que se orienten hacia una política democrática participativa. Para Linz la cultura política personalista es siempre una consecuencia de una práctica que se organiza entre lo simbólico y lo material, en torno a la forma de gobierno. Subyace a todo este entramado político institucional, una plataforma organizada sobre el individuo-presidente que nos remite en la lógica electoral del “ganador único”, aun cuando sea por un tercio (33%) del voto electoral.

Una definición sencilla de corrupción política puede establecerse a través de la incursión del dinero como instrumento de influencias y beneficios privados en la política. Sin levantar la alfombra de ocultamientos en la institucionalidad pública del país, lo primero que aparecen son los partidos políticos que, como actores primordiales del sistema político, proporcionan parte de las plataformas del sistema de transacciones (de bienes materiales e inmateriales) y clientelismo en la política.

Este régimen de partidos que denominamos partidocracia es la expresión de la degeneración política, y configura una casta burocrática de “vividores o parásitos” de la política, que sirven de correa de trasmisión entre los intereses y ventajas de actores privados con los públicos. No obstante, la partidocracia no solo se sirve de la estratégica posición en el entramado de poder presidencialista en su enriquecimiento injustificado; también sirve como degeneración de la política en su modalidad de regulación del conflicto, desde los sistemas clientelistas que organizan y dirigen. Es la cooptación de la gran masa de desempleados, informales y excluidos del empleo y de los ingresos de la cual se nutre el clientelismo político.

Frente a la crisis de la (in)capacidad ejecutiva del gobierno, que pone en la mesa de la agenda nacional un conjunto de reivindicaciones que por su naturaleza vinculan los temas de coyuntura (costo de la vida, por ejemplo) con los de estructura (crecimiento económico sin desarrollo social), los partidos políticos no tenían nada que coordinar y nada que proponer. La partidocracia no está para desarrollar cultura política y reflexión propositiva frente acontecimientos que ponen en tensión la convivencia social. Ellos son parte del problema de la degradación institucional.

Es la historia de este país frente a las grandes crisis. No son los partidos políticos los que salen al frente, son los actores de la sociedad civil. En el proceso de modernización de la economía y de la política desde el siglo pasado, la construcción de un sistema de derechos ciudadanos tuvo al progresismo “liberal modernizante” y al “gremial-sindicalista”, como sus más importantes protagonistas. Es el progresismo histórico que se vincula tempranamente a tres ejes que lo orientan en intensidad desigual en la política panameña. Estos ejes son históricamente, la cuestión nacional, a la cuestión democrática y a la cuestión social.

Este progresismo como concepto político social tiene distintas identidades e intereses. No obstante, la naturaleza de los distintos progresismos panameños se ha definido históricamente, por la manera de entendimiento de esta acción colectiva de orientación política con las estructuras de poder: esto es, por la manera en que procesan los componentes de poder y de opresión en la estructura político-cultural y económico-social del país. Este es el caso de los dos progresismos históricos que nos llegan hasta nuestros días: el progresismo liberal modernizante y al gremial-sindicalista. Se suman hoy, el ecologista, el de las identidades y el de las etnicidades.

La crisis que nos aqueja hoy es la crisis estructural del transitismo de contenido neoliberal post invasión. Es la crisis de una hegemonía de naturaleza política cultural que, hasta ahora, había logrado desarticular otras visiones de democracias posibles. Esta “normalidad” política de 30 años es asediada en el presente desde lo popular, con formas extendidas e inclusivas de participación social y política (las mesas de dialogo de Penonomé son expresión de ello). Sin embargo, el estallido social puso en tensión varios componentes del orden político post invasión.

Puso en evidencia la capacidad institucional del régimen político presidencialista de no ser efectivo en cuestiones elementales de política pública (el Pacto del Bicentenario es una bandera arriada). Puso en evidencia que la “nueva normalidad” sigue siendo la “vieja normalidad” (anterior a la pandemia) con todos los privilegios y ventajas, incluyendo la fuerte asimetría tributaria que beneficia a determinados sectores sociales. Puso en evidencia, que todo movimiento hacia políticas redistributivas, sino no se discuten dentro de los espacios políticos de control privado, serán objeto de histeria y rechazo. Puso en evidencia que, en el contexto cultural del orden político del bloque de poder, un pacto nacional de inclusión política y redistribución económica que mueva este país a mayores beneficios distribuidos encontrará fuerte resistencia, desde los privilegios económicos y desde las ventajas políticas.

Del sistema político presidencialista y partidocrático no es posible esperar nada nuevo. Hacia un orden político post electoral en el 2024 habrá más de lo mismo o peor. No hay en este momento ninguna agenda política partidaria programática que proponga mover el país en un sentido progresista. Será siempre la gran simulación de que hay movimiento hacia adelante, en circunstancias en que estaremos estáticos o en retroceso. Los privilegios y ventajas de determinados sectores seguirán aumentando, la exclusión y la desigualdad se profundizarán; y la corrupción y el narcotráfico en la política será una pesadilla. Estamos a tiempo para construir un gran pacto político participativo e inclusivo, antes que el futuro se nos escape de las manos.

Pensamiento Social (PESOC) está conformado por un grupo de profesionales de las Ciencias Sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.

El autor se sociólogo. Académico de la Universidad de Panamá