¿Qué está pasando en Colombia? preguntan en Panamá

Colombia y la Constitución de 1991 hasta nuestros días

Al comenzar la década de los años noventa, Colombia estrenó una constitución política cónsona con la modernidad y la afirmación de derechos. Se dijo entonces que dicha carta magna consagraba el estado social de derecho. Se trató de un gran acuerdo nacional para superar violencias y desigualdades.

En los años ochenta, el país estaba amenazado por las fuerzas oscuras del narcotráfico que pretendían someter al Estado. En medio de este propósito y con el apoyo del paramilitarismo, asesinaron a cuatro candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal (1986); Luis Carlos Galán Sarmiento (1989); Bernardo Jaramillo Ossa (1990) y Carlos Pizarro Leongómez (1990). Todos estremecedores.

Surgieron grandes movilizaciones de protesta, especialmente de estudiantes que reclamaban cambio en el país, y de allí se derivó que los colombianos manifestaran en las urnas su decisión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reformara la caduca carta política. Esta expresión popular se llamó “la séptima papeleta”.Ante la copiosa votación en favor de la propuesta, el Gobierno dictó el Decreto 927 del 3 de marzo de 1990, en el que ordenó contabilizar los votos depositados sobre el tema en las elecciones de 1990. En esa ocasión sufragaron en favor de convocar la constituyente 5.236.863 ciudadanos y por el no 230.080. El 5 de febrero de 1991, los elegidos para deliberar, integrado inicialmente por 70 delegatarios, iniciarían sesiones, hasta el 4 de julio de 1991. Ese día, esta asamblea heterogénea, presidida por el liberal Horacio Serpa Uribe, el conservador Álvaro Gómez Hurtado y el integrante del M-19 Antonio Navarro Wolf, proclamó la nueva Constitución.

Civilización y barbarie

La paradoja es, que, los enemigos de la democracia participativa e incluyente, precisamente, a contravía de lo que ordenaba esta nueva constitución de 1991, convirtieron al país en ríos de sangre y en espectáculos dantescos de muerte. En sus codiciosas mentes no cabía, y aun no cabe, el estado social de derecho, la igualdad de oportunidades, la paz y el progreso social. Colombia llegó a ser el país más desigual de la tierra, después de Haití en las pasadas décadas. Y hoy, a 2025, sigue ocupando un deshonroso tercer lugar, como país desigual.

La desigualdad se establece mediante un sistema de medición de la distribución de ingresos llamado Gini, donde la desigualdad perfecta equivale a 1 y la igualdad perfecta equivale a 0. Sudáfrica ostenta el 0,67, Mamibia, el 59, 1 y Colombia, 54,8.

El narcotráfico, el paramilitarismo, el desplazamiento forzado, la usurpación de tierras, fueron el plato fuerte de los años noventa y comienzos del siglo XXI. Y a ello, no en menor proporción, debemos sumar, la deslegitimación de una guerrilla que llena de soberbia por algunos éxitos militares en la guerra con fuerzas del estado, no supo medir la oportunidad de grandeza que tenía para sumarse a los anhelos de paz del pueblo colombiano, pues a sus vínculos terribles con la economía del narcotráfico, agregaron el secuestro como arma de guerra y financiación de sus actividades insurgentes.

Estos factores dieron pie a que surgiera esa oleada paramilitar en alianza con fuerzas de seguridad del Estado, y con dirigentes políticos tradicionales, miembros de clanes políticos y terratenientes poderosos en regiones y territorios. Nada de eso se sabía a ciencia cierta aquí, en Panamá, al menos entre el grueso de la población. Podría decirse que los años noventa y la primera década del siglo XXI retratan con mejor definición la lucha del pueblo colombiano entre la civilización y la barbarie.

Una voz en el camino

Hubo en Panamá una voz, casi solitaria, la de Guillermo Endara Galimani, quien, como presidente de la república, denunció la demencia de los paramilitares y su presencia en la frontera darienita. Los pueblos circundantes, tanto del Chocó colombiano como panameño, estaban siendo presionados, amenazados y obligados a vivir en el terror de una guerra que no era de ellos, ni de Panamá. La denuncia del presidente panameño, tal vez, cobijaba un profundo malestar por la posible connivencia entre paramilitares y unidades del ejército colombiano, que miraban para otro lado, mientras los paramilitares hacían de las suyas. Vale decir, que, entonces, el paramilitarismo desterró a la guerrilla de las Farc, en esos territorios inhóspitos, o en esa bella tierra del olvido.

Millones de campesinos e indígenas fueron despojados de sus tierras y desplazados de sus parcelas. Y comenzaron a llegar en manadas a las ciudades a conformar cordones de miseria, y a abonar el terreno a nuevas violencias, esta vez urbanas, asociadas, como siempre, al crimen organizado y al narcotráfico. Esta ola violenta afecto a Panamá que debió recibir a refugiados provenientes de los campos colombianos y que ingresaban por el Darién o a través de mecanismos de protección internacionales como ACNUR, la OIM, y otros. Vivir para contarla.

Se consolidó el paramilitarismo o grupos de autodefensa conocidos como las AUC, y tuvo su mayor auge a comienzos de la primera década del siglo XXI con adicionales y terribles consecuencias: masacres, más despojos de tierras, persecución, espionaje por parte, principalmente, de velar por la seguridad de los ciudadanos y del país, y esto ocurrió en los gobiernos consecutivos de Álvaro Uribe Vélez. Esta forma de terror del Estado se conoció como “las chuzadas del D.A.S”, cuya última directora, María del Pilar Hurtado, fue asilada en Panamá, vivió muy cómoda en el sector de La Alameda de la capital, y finalmente fue extraditada por solicitud insistente de las autoridades judiciales de Colombia. Acaba de ser condenada a 15 años de prisión.

También, en ese período, se descubrieron las muertes de más de 6.400 jóvenes inocentes, que hicieron pasar por guerrilleros para enviar el mensaje de que el gobierno iba ganando la guerra. Fue un capítulo macabro de la historia nacional colombiana, que avergonzó a sus fuerzas militares, y que hoy, todavía, sigue ocupando un lugar destacado en el debate público nacional, y en los estrados judiciales, donde, cientos de militares, altos oficiales y no tan altos, soldados y paramilitares, han admitido ante la Justicia Especial para la Paz, JEP, sus crímenes y han narrado y confesado los métodos macabros como lo hicieron. En Colombia, los asesinatos por año, en esos aciagos años, superaba las 30.000 víctimas. Colombia llegó a ser calificado como el país más peligroso del mundo, gracias a los señores de la guerra y los clanes políticos empeñados en acumular más poder a través de la posesión legal o ilegal de tierras. Pero en Panamá, poco se supo de lo que verdaderamente estaba ocurriendo allá. Y me temo que poco se sabe aún. Aparecían titulares sí, las notas periodísticas, sí, pero nada o muy poco de este execrable trasfondo. El cuento aquí siempre fue que la seguridad democrática del presidente Uribe Vélez, había vencido el terrorismo de las Farc y que gracias al caudillo la gente de bien podía regresar a supervisar a sus fincas.

Un proceso de desarme con las autodefensas o paramilitares, desembocó en un tribunal de justicia restaurativa creado para tal fin, y se llamó Ley de Justicia y Paz, mediante el cual, habría verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición. El proceso terminó con la extradición a Estados Unidos de los grandes jefes de la autodefensa, acusados de narcotráfico, y no hubo verdad, ni menos reparación. El tribunal existe, es de cierre, y su trabajo no ha podido ser completado.

Siguió el proceso de paz con las Farc, en 2016, una nueva esperanza para Colombia, pero su implementación se frustró. Hubo un plebiscito que dijo No a la Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su grupo político, convirtiendo a Colombia en el único país del mundo que rechaza un Acuerdo de Paz. Se creo otro tribunal especial: Justicia Especial para la Paz, JEP. Es también un tribunal de cierre.