Jueza se acoge al término para decidir si llama a juicio a RM

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloísa Marquínez, se acogió al término de 30 días para determinar si llama o no a juicio al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal por el delito de blanqueo de capitales dentro de la investigación 'New Business', que establece que la compra de la editora Panamá América se efectúo con fondos estatales.

En la fecha alterna de la audiencia preliminar, que se realizó en las instalaciones del Segundo Tribunal de Justicia, el exmandatario no estuvo presente. Fue representado por el abogado Luis Eduardo Camacho.

En sus alegatos, la defensa intentó desvirtuar la tesis de la fiscalía panameña de la existencia de un delito de blanqueo de capitales, argumentando que los $11 millones que aportó el expresidente para la compra del medio de comunicación tenían orígenes lícitos, al salir de sus cuentas personales. Agregó estos provenían de las actividades comerciales del exmandatario, que estaban documentadas en sus declaraciones de bienes que presentó cuando asumió la Presidencia.

Ese dinero –según el defensor– fue usado para liberar las acciones del medio de comunicación que eran mantenidas en custodia por un banco de la localidad, y posteriormente proceder con la adquisición del grupo editorial. Martinelli, además, pagó $5 millones como abono inicial del contrato de compra-venta. Camacho reiteró que los fondos salieron de las cuentas personales del expresidente. “No vienen a través de una tercera persona, de una empresa fachada... Sus aportes vienen de él”, aseguró el abogado.

Los aportes del expresidente serían un préstamo para el resto de los socios de la editorial panameña. Con este argumento, el abogado pidió a la juzgadora el sobreseimiento definitivo de su cliente.

Martinelli, a través de su cuenta de redes sociales, dijo que “hoy quedó demostrado que (en el) caso New Business no hay ilícito y fue fabricado por (Juan Carlos) Varela … Aquí no hay ley ni debido proceso; me estoy preparando para la pelea...”. Tanto Martinelli como su abogado alegan que New Business es un caso político.

“El Ministerio Público es consciente de que su teoría del caso no es sustentable y frente a eso ha extorsionado a testigos para darle forma. Cómo puede haber blanqueo de capitales si los fondos vienen de sus cuentas personales”, repitió Camacho.

El fiscal contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, encargado de la investigación 'New Business', explicó que la defensa estaba planteando su teoría del caso en relación a la aportación que realizó Martinelli. Pero la fiscalía se ha basado en la obtención de dinero proveniente de contrataciones estatales para la adquisición del medio.

La oficina de instrucción de expedientes sustentó su investigación alegando que el exmandatario requirió un 10% de las obras estatales contratadas a un grupo de empresarios, para reunir el dinero para la compra de Epasa.

El propio expresidente, según la investigación, contactó a los empresarios. Esos mismos empresarios posteriormente fueron beneficiados con nuevos contratos estatales o con adendas.

La fiscalía aseguró que el caso cumple con todas las fases de la comisión del delito de blanqueo de capitales: la etapa de preparación, colocación, estratificación e integración de capital de origen ilícito.

Del 15 al 17 de diciembre de 2010, 18 personas jurídicas y 4 naturales mediante múltiples operaciones financieras lograron depositar a nombre de la sociedad New Business (nuevo negocio) $43,9 millones. La fiscalía pidió el llamamiento a juicio del expresidente. Sobre estos fondos, la defensa exigió demostrar dónde recibió su cliente este dinero.

La audiencia preliminar era la continuación de la sesión judicial celebrada el 27 y 28 de enero de 2022, en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano. En esa ocasión, la defensa de Martinelli alegó fuero penal electoral, a raíz de las elecciones internas del partido Realizando Metas, y presentó un recurso de nulidad. La jueza suspendió el proceso en torno a su causa dictando una ruptura procesal. Pero, posteriormente, el Tribunal Electoral levantó el fuero penal y Martinelli fue llamado a audiencia.

Por este mismo caso la jueza llamó a juicio a otras 20 personas. La investigación empezó en 2017 cuando el Ministerio Público denunció que la compra de Epasa se había realizado usando una cuenta canasta denominada 'New Business'. En el expediente constan cuatro acuerdos de colaboración eficaz.