Funcionarios de Aduana amenazan con paro

Los funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, representados por el dirigente Enrique Montenegro, amenazan con iniciar un paro de labores el próximo jueves 23 de marzo si el gobierno no cumple con acuerdos previos de incentivos, otros ajustes salariales y temas de prima de antigüedad.

El anuncio se produce a unos días de que se inicien cuatro ferias comerciales icónicas de Panamá, como Expologística, Expocomer y Expominería que congregan en el país a más de 500 empresarios extranjeros.

De concretarse la huelga, sería “desastroso” para los empresarios vinculados al sector logístico que actúan como facilitadores del diálogo entre la directora de ANA, Tayra Barsallo, y los funcionarios.

Montenegro recordó a La Estrella de Panamá que en noviembre de 2022 acordaron implementar “la carrera del funcionario aduanero que buscaría garantizar la equidad salarial”.

El dirigente indicó que el 80% del personal gana aproximadamente $750 al mes, mientras que otros nuevos tienen un salario “de $3 mil”. Los inspectores aspiran a ganar $950 mensuales, lo que representaría un aumento del presupuesto de más de $3 millones anuales de forma permanente.

Es lo que Barsallo explica, que el presupuesto de este año no estira para ajustes salariales y que cualquier incremento debe tomarse en cuenta el próximo año.

Sin embargo, los aduaneros proponen que el ajuste de aproximadamente $4 millones se financie con el Fondo de Autogestión, en el que hay $24 millones y lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta bolsa se nutre de multas, recargos, decomisos y otros.

El presupuesto de la institución es de $55 millones y aporta al Estado más de $1.330 millones en recaudaciones. Del presupuesto, $28 millones se destinan para funcionamiento o planilla, por lo que el aumento representaría elevar la suma a casi $32 millones.

“Para julio de 2023 podemos hablar con el MEF sobre la posibilidad, pero esto queda en función de los ingresos que tenga el Estado”, señaló la directora.

Para solucionar el conflicto, Barsallo propone discutir la reglamentación de la ley aduanera, concretar una auditoría de cargos y actividades de los funcionarios en atención a una nueva estructura de puestos bajo las responsabilidades y funciones, que debe orientar a una jerarquía salarial de acuerdo a la responsabilidad.

Según Montenegro, además de las pretensiones del alza salarial, durante una reunión celebrada en el MEF en diciembre pasado se aceptó pagar $2 millones en concepto de incentivo de producción, un millón en diciembre y otro en marzo. Pero el primer incentivo aún no se cumple.

Un millón de dólares dividido entre los 1.770 colaboradores resulta en un poco más de $500 por persona.

Este dinero se halla en aprobación del Consejo Económico Nacional y aún restan trámites burocráticos para que llegue a manos de los beneficiados.

“Somos responsables, no queremos el mal para el país, por eso anunciamos con antelación la intención de ir a un paro de labores”, justificó Montenegro. Pero dijo estar dispuesto “a conversar lo que sea necesario”.

Ayer en la tarde Montenegro habló en el pleno de la Asamblea Nacional por invitación del presidente Crispiano Adames, para explorar la posibilidad de concretar un traslado de partida que financie el aumento.

El dirigente de la Asociación de Funcionarios de Aduanas (Anfa) denunció que en la institución se presenta un conflicto de interés por la presencia de corredores de aduana que está afectando las recaudaciones, cuando su trabajo es supervisarlos para vigilar el pago de impuestos. No obstante, están nombrados en diferentes cargos. “La administradora es la esposa del presidente de todos los corredores de Aduana”, denunció Montenegro, insinuando un posible tráfico de favores o influencias. “Hay mucho contrabando”, agregó.

En este sentido, dijo que los aforadores se sienten disminuidos a la hora de hacer alcances, multas o recargos y eso ha afectado las recaudaciones. Reveló que enviaron una carta al presidente Laurentino Cortizo solicitando la destitución de Barsallo.

Adames nombró una comisión técnica para dar seguimiento al pronunciamiento de Montenegro.

Luego de la comparecencia sostuvieron una cita con Barsallo para la que medió el Consejo Empresarial Logístico (Coel), sector que resultaría uno de los más afectados de concretarse la huelga.

Barsallo enumeró varias formas de autogestión que contribuyen a incrementar los ingresos de los funcionarios sin necesidad de esperar un aumento. “Tienen ingresos adicionales si trabajan en recintos privados y horas extras, incentivos de productividad, un porcentaje por sello” (el cobro que se hace a las empresas por tránsito interno).

Recordó también el 30% al que tienen derecho al detectar errores en la declaración de aduana. Se hace un correctivo o alcance de cuya cuantía el funcionario cobra un incentivo. Un rendimiento que en los últimos meses ha disminuido.

“Una huelga sería desastrosa no solo por el tema de lo que causa para el sector productivo que tiene que ver con gastos adicionales”, manifestó Edgar Urrutia, presidente de Coel.

Urrutia admitió que los empresarios estarían dispuestos a hacer sacrificios si los fondos se manejan bien. “El sector empresarial estaría dispuesto a dar un extra”, exclamó.

“Se puede aumentar el costo de los sellos, pero va a encarecer todo”, comentó Barsallo, como una forma de buscar fondos frescos.

Crear otros servicios que cargue la empresa privada resta competitividad a la logística. “Pero el tema es que también estamos luchando contra la corrupción transversalmente y verticalmente y cuando lo implementas hay grupos a los que incomodan esos cambios. Vamos a tener más formas de atacar la corrupción”, describió la directora.

Entre estas medidas enuncia la confiabilidad y trazabilidad de la carga para evitar el contrabando, los pagos con tarjeta de crédito o transferencias bancarias para evitar el manejo de efectivo en la institución. Alternativas que entrarán en vigencia hoy con miras a agilizar los trámites, “pero incomodan a quienes les gusta manejar efectivo”, añadió Barsallo.

Los paros en Aduana afectan la entrada y salida de contenedores hacia y de los puertos y aeropuertos. Esto provoca que los importadores paguen gastos extras que a su vez transfieren a la cadena de suministros.

De acuerdo con el cálculo de Barsallo, la institución requiere más de 500 funcionarios nuevos para dar servicio al nuevo aeropuerto internacional, las nuevas zonas francas agroindustriales, los puertos de cruceros; requieren de personal para atender todas estas necesidades.