Harley Mitchell: El contrato entre el Estado y la minera viola la soberanía nacional

El próximo 24 de abril termina el periodo establecido por el gobierno para divulgar el acuerdo pactado entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá.

La iniciativa, que no es vinculante, agita el debate entre quienes favorecen la extracción minera y aquellos que lo consideran una industria dañina para el país. Entre estos últimos se encuentra el abogado ambientalista Harley Mitchell, quien considera que lo pactado no solo tendrá “consecuencias socio-ambientales”, sino también asegura “afecta la soberanía nacional”.

En opinión del jurista, el acuerdo –que se espera pase en julio al Legislativo para su ratificación o rechazo– es contrario a la Constitución y al Código Minero de 1963. Entre los aspectos que destaca estarían la “capacidad de la empresa para expropiar tierras” con indemnización “dentro y fuera del área de concesión”, así como la prerrogativa de pedir el cierre del espacio aéreo o que la compañía se “convierta en operadora de puertos” y pueda “cobrar las tarifas portuarias como si fuese Estado”.

“Es una combinación de la exZona del Canal, que en este caso era un gobierno extranjero (EE.UU.), pero aquí estamos hablando de un particular, se le están dando elementos de soberanía nacional a la empresa Minera Panamá“, dijo el jurista. Consideró que la transnacional minera ha tenido un “apoyo exagerado y absurdo” del Estado panameño.

Otro de los aspectos que cuestiona el abogado tiene que ver con la futura fiscalización de las operaciones. Aunque el gobierno destaca que habrá una oficina interinstitucional para velar por el cumplimiento de la ley, Mitchell ve “difícil” que esta entidad pueda hacer su trabajo con un número reducido de funcionarios. “La empresa dice que si, pero te limita a seis personas inteinterinstitucional (en la oficina) (...) quiere decir que del Ministerio de Ambiente habrá uno o dos funcionarios para lidiar con esas 12 mil hectáreas que pueden crecer casi como el doble”, recalcó.

Mitchell comparte la postura de la mayoría de los ambientalistas en Panamá; un rechazo frontal a la minería metálica a cielo abierto. Considera que por su impacto en los sitios y la contaminación que generan “no puede ser considerada sostenible”.

“La misma actividad ha demostrado que no es sostenible en el tiempo. En Panamá estamos llenos de lugares que han sido víctimas de empresas mineras, que cuando bajan y no son convenientes los precios de los minerales se van (...) asimismo (concesiones) en Cañanzas, en Molejón, en cerro Quema, todas tienen una escala de ilegalidad, demandas, temas laborales insatisfechos (...) y Minera Panamá no es la excepción”, indicó.

“Cómo es posible que todas las empresas mineras bajo el Código Minero tienen que demostrar capacidad técnica y financiera para hacer su actividad y después presentar su estudio de impacto ambiental. Acá esta empresa, el Estado la declara que tiene la capacidad (...) es muy lógico que la empresa, si se le aplicara la normativa ambiental como se debe, los números no le dan”, puntualizó.