Extinción de dominio sin alcanzar a corruptos, pasa a segundo debate

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de ley 625 que busca crear en Panamá la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, pero mantuvo la exclusión de los delitos de corrupción y contra la administración pública del catálogo de delitos a perseguir con esta nueva figura.

Arien Corbeti, del Movimiento de Abogados Gremialistas dijo tener un sabor agridulce tras la aprobación de este proyecto porque no se incluyen los delitos de corrupción y contra la administración pública. Aunque en segundo debate se pueden hacer modificaciones, Corbetti asegura que hay incertidumbre si finalmente se incluiría en esta norma los delitos de corrupción.

Agregó que el documento aprobado hay una incongruencia en el sentido de que la decisión final de un proceso en la extinción de dominio pasa a casación, pero se hace referencia al Código Administrativo. “Si es coherente el régimen legal debería ir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo con las limitaciones que eso implica”, dijo.

El abogado Víctor Orobio, explicó que la figura de extinción de dominio hasta el momento, y contrario a lo solicitado por el Ministerio de Seguridad, fue incluida dentro de la esfera administrativa y no la penal.

Detalló que según lo aprobado, el juez de extinción de dominio será nombrado por el procurador general de la Nación. En la propuesta de la Mesa Técnica de Gobierno, este juez, al ser una jurisdicción administrativa, iba a ser nombrado por el procurador de la Administración.

Según Orobio, en el proyecto se eliminaron bastante temores y en su opinión quedó aceptable en un 85%.

Uno de los temores que según Orobio fueron eliminados, fue la posibilidad de que la ley se prestara para persecución política, ya que se establecieron controles de un juez que fiscalizará la investigación de un fiscal.

Jonathan Riggs - secretario general del Ministerio de Seguridad, entidad que impulsa este proyecto- resaltó la voluntad política de la Asamblea de aprobar este proyecto en primer debate y que en segundo debate, en el pleno de la Asamblea los diputados puedan conocer la importancia de incorporar al marco jurídico panameño esta ley que va a fortalecer la persecución criminal en la administración de justicia.

El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames sostuvo que hay suficiente tiempo para aprobar este proyecto que coadyuve a asfixiar el potencial económico del crimen organizado en este país.

El actual periodo ordinario de sesiones culmina formalmente este domingo 30 de abril.

“Es una norma bien consensuada en atención a lo que realmente necesita Panamá en materia de extinción de dominio de bienes ilícitos”, explicó el presidente del Legislativo.

Se espera que el proyecto sea discutido en segundo debate desde hoy miércoles.

Sobre el tema de la exclusión de los delitos de corrupción, Adames indicó que ya se conversó con expertos en investigaciones criminales en esta materia a nivel nacional e internacional, por lo que en el segundo debate se podría revisar algunos numerales del proyecto para analizar alguna propuesta en esta dirección.

En cuanto a la competencia, el presidente de la Asamblea indicó que habrá una revisión para trasladarla al Ministerio Público, toda vez que la jurisdicción administrativa pareciera no viable.

“Ya en segundo debate, el proyecto es de los 71 diputados y es allí donde se va a demostrar quiénes tenemos realmente el interés de tener una norma para apretarle o asfixiar el potencial económico al crimen organizado que frustra y vulnera a las futuras generaciones de este país”, enfatizó Adames.