Peritos son interrogados en audiencia del caso New Business

El lunes fue otro día largo y extenuante para el perito Eliseo Ábrego en el juicio del caso New Business. El contador estuvo cinco horas en el estrado contestando las preguntas de ocho abogados: siete defensores que cuestionaban su auditoría sobre los $43,9 millones que ingresaron en la cuenta New Business en diciembre de 2010, y la del fiscal que defendía su teoría del caso: Epasa fue adquirida con fondos públicos.

Los defensores intentaron deslegitimar su trabajo, pero el perito con cerca de 25 años de servicio defendió su investigación. Ábrego detalló la existencia de estructuras que permitían el lavado de activos, entre ellos el factoring, sociedades anónimas, fideicomisos, falsos contratos para recolectar $43,9 millones para la adquisición del grupo editorial, que edita los diarios Panamá América, Día a Día y Crítica.

Concluyó que los beneficiarios finales del grupo editorial Epasa eran Ricardo Martinelli, a través de Corporación e Inversiones Multimedios, con un 60%. El restante 40% correspondía a Henry Mizrachi (20%) y otros accionistas (20%).

El 23% de los $22 millones que el Estado pagó como anticipo para la construcción de la autopista Arraiján-Panamá terminaron en la cuenta de New Business, que funcionó como una canasta para colectar el dinero para comprar el grupo editorial, explicó el contador que labora en la Unidad de Delitos Financieros de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

TCT (Transcaribe Trading), que obtuvo la licitación para construir la autopista, tenía un sobregiro de $2 millones cuando en su cuenta cayó un anticipo de $12 millones. Cuando cayó la transferencia, de inmediato el banco absorbió el sobregiro. De los restantes $10 millones, $5 millones 50 mil pararon en la cuenta de New Business, a través de transferencias efectuadas por seis empresas, agregó.

“Una vez que reciben el dinero, estas empresas hacen cheques por la misma cantidad, unos centavos menos o más, para la cuenta de New Business”, señaló el perito.

Ábrego también estableció que dinero de la construcción de la ciudad deportiva –que se adjudicó Condotte Panamá & Asociados– sirvió para cancelar créditos de Henry Mizrachi, uno de los gestores de la compra de la editorial.

Dijo, además, que Condotte Panamá & Asociados giró un cheque de $600.000 para Global Office Corp, en una cuenta en la Caja de Ahorros, que no se justificaba porque no existía una relación comercial o financiera entre las sociedades. “La empresa está cancelando compromisos de los que no es responsable..., dijo Àbrego.

Sobre un anticipo de $1 millón que transfirió la Asamblea Nacional de Diputados a la cuenta de Constructora Corcione & Asociados para el nuevo edificio que costó $19,4 millones, el contador explicó que fue transferido a una cuenta del Grupo Clio, que forma parte del grupo de empresas de la constructora, y luego fue transferido a la cuenta New Business.

Después de 11 horas entre viernes y lunes, el perito concluyó la que ha sido la jornada más larga de interrogatorio en el juicio, que busca determinar la responsabilidad penal de 15 personas en la compra del grupo editorial con fondos públicos.

Ayer también compareció Maribel Tuñón, una perito aportada por la defensa de Aaron Mizrachi, quien elaboró un informe de la cuenta de inversión High Spirit, que está relacionada con la casa de valores Financial Pacific. Sostuvo que el manejo de la cuenta fue “en derecho” cumpliendo con las normativas del mercado de valores.

Alfredo Vallarino, abogado del expresidente, descalificó la auditoría del perito. “No verificó libros societarios. Basó su informe en lo que le dijo la fiscalía. Y en lo que la fiscalía recabó de un testigo protegido”, dijo Vallarino.

“Muestre al país que hizo una investigación limpia, que esos testigos pueden someterse a un contrainterrogatorio. Muestre que el Ministerio Público tiene las manos blancas y no manchadas”, dijo el defensor.