'Ninguna institución es dueña de la palabra matrimonio'

La sociedad ha dejado en el tintero un tema social, muy sensitivo, que enciende pasiones: el matrimonio igualitario. En la Corte Suprema de Justicia (CJS), desde 2016, hay tres demandas acumuladas que buscan legalizar en Panamá el matrimonio entre personas del mismo sexo, que requieren de una decisión. Mientras tanto, la Fundación Iguales y las parejas interesadas en inscribir su matrimonio en Panamá ya se han hecho escuchar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente que antes se ha pronunciado a favor de la adecuación de la legislación en los países del hemisferio para permitir el acceso al matrimonio. Del otro lado de la moneda hay un grupo que se opone tajantemente a la idea. Alegan por las ramificaciones que implica aceptar la figura matrimonio, como las adopciones, y avanzan sobre una distorsión de la figura institucional de la familia. Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, confía en que la justicia fallará a favor de la población LGBTI, y que será apegado a derecho. No está dispuesto a admitir un término distinto, la palabra no tiene dueño, asevera.

La palabra matrimonio no tiene dueño. Ninguna institución es dueña de la palabra matrimonio. La institución del matrimonio proviene desde Roma formalmente y todas las civilizaciones han entendido que es importante la condición de una familia. El mismo matrimonio ha evolucionado, al igual que la igualdad de derechos a los cónyuges. Antes el hombre era quien tenía el derecho sobre los bienes de la familia y sobre la herencia. Eso ha evolucionado. En países como Estados Unidos, hasta no hace mucho había una prohibición al matrimonio interracial, es decir, dos personas de diferente etnia no se podían casar, estaba prohibido. Eso evolucionó. La sociedad dijo, esto no está bien, hay que aceptar que una persona blanca se puede casar con una persona negra, no hay nada de malo en respetar esa unión y en formar una familia que le dé la protección. En este caso, hoy en 2020 en Panamá, un país democrático donde supuestamente no hay fuero ni privilegio, donde no debe haber discriminación, donde todos nacemos iguales, se nos prohíbe a parejas de gais y lesbianas casarse porque hay una concepción que aún no hemos podido –como sociedad– pasar, que es que hay algo negativo en que esas dos personas se amen. Cuando no reconocemos eso, entonces prohibimos casarse y se perpetúa la discriminación.

Es un derecho humano en la interpretación de la CIDH, y creo que la importancia es, que explicado desde el punto de vista del acceso al matrimonio, el Estado está obligado a brindar a las parejas del mismo sexo en igualdad al matrimonio civil. 

Panamá no forma parte de la Corte Europea, sino de la CIDH, y la Corte Europea también dice que si bien da ese principio, les dice a los Estados miembros de la Comunidad Europea que están obligados a equiparar –cual sea que se llame el acceso a esa entidad civil dentro de sus países– a parejas del mismo sexo. Entonces, al final del día, ¿es un tema de discriminación o no? La CIDH ha dicho que la orientación sexual es una categoría protegida en base al artículo 1.1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si no puedo discriminar, tampoco lo puedo hacer hacia una persona a acceder a una instancia civil, en este caso el matrimonio. Por ende, el Estado está en la obligación de asegurar ese acceso. En este caso, además, nuestra propia Constitución no lo prohíbe. Estamos en mejor condición que otros países que tenían un nivel de prohibición constitucional, por ejemplo Colombia. Este país, habiendo una situación más difícil que en Panamá, interpretó de manera favorable diciendo que un hombre y mujer es un tipo de matrimonio, y eso no implica que parejas del mismo sexo también puedan tener ese acceso al mismo derecho.

Es que, ¿qué matrimonio no tiene derecho a formar una familia? Además, no todos los matrimonios quieren tener descendencia, pero es un derecho legítimo de la igualdad de toda familia de poder tener hijos y es una realidad, y el que lo quiera negar va a ser difícil hacerlo, que hoy en día en Panamá hay una gran cantidad de familias monoparentales, es decir, conformadas por dos mujeres o dos hombres, y tienen hijos. No solo las mujeres lesbianas pueden tener naturalmente hijos biológicos, también parejas de divorciados que tienen hijos de su primer matrimonio y ahora encuentran una pareja del mismo sexo. Todas estas familias están criando hijos de una manera fabulosa, con amor, dándoles protección económica, social, cultural, de una familia, y hoy el Estado –a esas familias– no les reconoce el derecho que tienen las familias de padres heterosexuales. Estamos, además, truncando el derecho de esos niños de poder tener la protección que se merecen, y es que tengan dos personas que están criándolos formalmente y que tengan el apoyo del Estado.

Porque es nuestro derecho legítimo de reivindicación de ser tratados con dignidad y dejar atrás muchas décadas de discriminación hacia las parejas del mismo sexo. Yo soy optimista, me mantengo optimista porque soy demócrata y creo en los derechos humanos y en el derecho, por eso estudié derecho cinco años en la universidad y sigo estudiando todos los días. Yo creo y tengo fe en la justicia y la CSJ es la última instancia nacional que debería asegurarme a mí, como panameño, a usted o a cualquiera que está en la República que sea tratado en igualdad. Por ende, yo soy optimista que los magistrados de la CSJ fallarán en derecho y por ende reconocerán el matrimonio civil del mismo sexo.

Sería algo muy triste, no solo para Panamá, sino para el hemisferio y el derecho común latinoamericano, para el derecho interamericano de derechos humanos, y tenemos el recurso de ir a la última instancia judicial en derechos humanos, que es la CIDH.

Sería complicado por el tipo de Asamblea que tenemos y por su constitución. Es para todos conocido lo que sucede en la Asamblea, hay muchas cosas que podrían ser mucho mejores, este es un tema de derecho y se hizo a través de las Cortes. Hay países que han legalizado el matrimonio del mismo sexo a través de los legislativos, el senado, por ejemplo.

Es pasar la papa caliente y no tomar la decisión que puede ser difícil socialmente, pero es lo correcto legalmente.

Totalmente en desacuerdo. Por el contrario, seguir dictámenes de la CIDH es justamente parte de nuestro sistema judicial. Panamá, de manera voluntaria, desde el 9 de mayo de 1990 presentó ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) los documentos entre los cuales como país reconocía como obligatorias, y de pleno derecho, las decisiones de la CIDH. Es decir, Panamá fue a la OEA a firmar y decir, cedemos nuestra competencia de manera soberana para que en temas de derechos humanos haya una protección extra de nuestros nacionales o las personas que viven en el país, para asegurar el respeto de los derechos humanos de todas las personas. No solo el derecho de las personas LGBT, cualquier persona a la que el Estado le está violando sus derechos humanos, por ende, es ir a favor de la Corte y fortalecer nuestra democracia.

Es vinculante, así lo ha dicho la misma Corte, así lo ha interpretado la Comisión Interamericana, así lo han entendido los gobiernos del hemisferio que todos han seguido lo que dice la CIDH del matrimonio igualitario. Así lo reconocieron recientemente Costa Rica y Ecuador, y los países de las Américas han seguido lo que dice el sistema interamericano de derechos humanos. Panamá también lo ha hecho, entonces, ¿por qué no es un tema vinculante? Porque no les gusta y no está dentro de su espectro ideológico, eso no quiere decir que no es vinculante. Panamá está obligado, y si no cumple, su responsabilidad internacional está en juego y puede ser condenada.

Al final del día es un tema de respetar la identidad de las personas. Si yo me identifico como persona gay o como queer, es una decisión personal. Así como alguien quiere llamarse un filósofo porque cree en la filosofía, yo tengo que respetar cómo esa persona quiere que se le llame porque es parte de nuestra identidad, porque es importante tener la mente abierta y receptiva en cómo hace a una persona feliz que la llamen. Si la hace feliz que la llamen con un nombre en específico, a mí no me afecta en nada llamarlo como se quiera llamar. Es simplemente parte de su realización humana y creo que una forma alternativa de eso es hablar de la diversidad sexual, de las personas queer que es un movimiento reivindicativo que no solo está en Estados Unidos, sino también en Suramérica. Yo me considero humano primeramente, soy humano, soy hombre, también soy hombre gay, y pertenezco a la comunidad LGBT, no creo que sea tan complejo ir cambiando y aceptar individualidades de las personas si así lo sienten.

Primero saludar y felicitar a la Iglesia por adoptar una opinión más receptiva de lo que la comunidad y la población LGBT viene exigiendo hace muchísimos años. Dicho esto, es importante establecer o recordar que el matrimonio civil en absolutamente nada tiene que ver con el matrimonio religioso. Desde mi punto de vista personal, queremos enviar nuestro saludo y mensaje respetuoso a la Iglesia y a todas las religiones y creencias, y dejar muy claro que no pretendemos cambiar en nada lo que dentro de sus organizaciones sea un requisito o forma para acceder a un sacramento o rito religioso. Esto únicamente pretende a la razón que tiene un juez notario, con dos personas mayores de edad que deciden unir sus vidas y la protección que le brinda el Estado a esas dos personas.

Llamarlo de manera diferente sería perpetuar la discriminación, sería una oportunidad perdida de poder reconocer que somos seres humanos iguales ante la ley; en este caso ante una institución civil que se llama matrimonio.

Es que es un problema más allá de la semántica, si te digo sí o no a una palabra. Es lo que dice la ley, es lo que dice nuestra Constitución y las del mundo, eso es lo que dice el pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos. Tenemos que cambiar todo un sistema, no solo en Panamá, sino en todos los países del mundo, que la institución que reconoce la unión de dos personas en una familia y que protege el Estado se llama matrimonio.

Es favorable para nosotros, además fue mucho más rápido el proceso en la CIDH que en la CSJ de Panamá. La CIDH, así como otras cortes de derechos humanos, han entendido el respeto al derecho que tienen las parejas del mismo sexo al matrimonio civil. La Comisión Interamericana comprende que el no acceder a esta exclusión civil, que se llama matrimonio, conlleva a una serie de discriminaciones que afectan a un grupo plural de la sociedad. Porque no somos solo las personas LGBT, son sus familias, son sus compañeros, sus amigos, y la sociedad que los rodea.

Que el Estado logre avanzar en todos esos espacios en los cuales no ha actuado de la manera correcta, o bien no ha tomado posición. Son espacios de diálogo y oportunidad, recalco la palabra oportunidad, para que Panamá –coherente de su tradición jurídica y social de respeto a los derechos humanos de todas las personas– entre al camino correcto de la historia y al grupo de naciones que pasan la página de la discriminación y la dejan atrás, y construyen junto con esta comunidad y sus aliados una nación más consolidada, más democrática y de paz.