DGI dejó de recaudar $1,560 millones en 2020

En 2021, Publio De Gracia, jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), enfrentará el reto de su carrera profesional: recaudar lo estimado, más de $4 mil millones en un momento en que la mayoría de la empresas declarará pérdidas, la tasa de desempleo superará el 18% y además habrá poco consumo. Como si esto no fuera suficiente, Panamá es uno de los países donde existe más evasión fiscal en la región latinoamericana, uno de los que menos impuestos recauda en tiempos normales. A pesar del crecimiento del producto interno bruto (PIB), la recaudación de impuestos no muestra el mismo comportamiento. Los organismos internacionales atribuyen esto a la evasión, exenciones y tasas bajas. El déficit en 2020 se registró en -33%, a pesar de que las actividades comerciales se reactivaron casi por completo en octubre. La digitalización de la entidad, agilizar los trámites para el contribuyente son parte de las tareas pendientes. De Gracia asegura que no acepta peticiones especiales de nadie, y que brinda el mismo trato a todo el mundo. La evasión fiscal, según cálculos de la entidad, ronda entre un 8% y 9%; no solo se registra en el ITBMS, sino en otros renglones. En esta entrevista el director comenta las proyecciones para el próximo año, entre ellas, la idea de prolongar la amnistía tributaria hasta julio de 2021.

La situación a nivel global ha sido muy difícil en materia del impacto, no solo en el tema sanitario, sino en la economía de los países. Con relación a la recaudación de impuestos que administra la DGI, tenemos un contra presupuesto que para finales de este año debíamos haber recaudado aproximadamente $5,466 millones. Pero las cifras a noviembre indican que no se recaudaron $1,560 millones. Es decir, aproximadamente un negativo de 33%, y comparado con el año pasado, un negativo de 32%.

Hay que recordar que el Estado panameño, a través de la DGI, recauda los impuestos relacionados con el impuesto sobre la renta, y lo relacionado con los impuestos de inmueble y otros, no solo el ITBMS. Es importante saber que además de la reactivación de la economía, hay otros impuestos que se han visto seriamente afectados. En el caso del ITBMS, que es el segundo impuesto más importante luego del impuesto sobre la renta, y antes de la recaudación del Canal de Panamá, el ITBMS ha tenido una mejora o estabilidad en el último trimestre. Esperamos que en el mes de diciembre el porcentaje en negativo en relación con el ITBMS pueda estar alrededor de un -30% o un - 28%, pero debo recordar que la DGI recauda otros impuestos, no solo lo relacionado al mencionado.

Según el presupuesto que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tenemos un presupuesto en la recaudación de aproximadamente $4,255 millones, que comparado con 2012 que teníamos pensado recaudar $5,466 millones, la proyección es menor. Esta cifra se compara con una recaudación de 2012, por lo tanto, los retos que tenemos por delante son mayores, porque la recaudación del impuesto sobre la renta y personas naturales y jurídicas muy probablemente la mayoría va a declarar menores impuestos debido a las pérdidas que han tenido este año. Hay que recordar que la pandemia está obligando al Estado a gastar más en diferentes programas sociales, y la recaudación que se proyectó para ese año se está proyectando para 2020. Creemos, según los estudios que estamos haciendo, que debemos de llegar a una estabilidad más cercana a lo que debería ser el año 2021, aproximadamente para el año 2024 o 2025.

Definitivamente, cuando se hace el presupuesto se hace considerando todas esas variables. Probablemente se puede suponer que algunas empresas puedan declarar ganancias y no pérdidas (como supermercados o artículos de primera necesidad), igual hay que recordar que las restricciones de movilidad han impactado la mayoría de las actividades comerciales. Como bien lo entregó la Contraloría recientemente, como el sector de la construcción y lo relacionado a las ventas y servicios, también el caso del sector agropecuario que tuvo un buen desempeño y el sector salud, probablemente así veremos algunas empresas declarando algo de ganancias.

Eso no lo puedo responder yo, porque como administrador de la DGI nuestro trabajo es recaudar impuestos; ya será trabajo del equipo del MEF el tema de planificación y presupuesto. Te adelanto, nosotros participamos de esas reuniones y es un trabajo bastante fino, bastante realista, tomando en consideración la caída de ingresos, una de las más pronunciadas. Pero así mismo esperamos que el próximo año sea uno de recuperación, tal cual lo han dicho las instituciones financieras internacionales, pero recordamos también que la pandemia sigue vigente, así que hay que hilar las cosas muy fino.

Nosotros suponemos que la llegada de la vacuna, y tomando en consideración lo que han hablado los expertos sanitarios es que la pandemia debería ir bajando, pero no va a hacer desaparecer el virus. Nosotros como gobierno tenemos que ser creativos. El presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, nos han dado luz verde para ser creativos y explorar qué acciones podemos tomar junto con otros organismos internacionales para apoyar la reactivación económica, que no solo dependerá de la vacuna, sino de las acciones que emprendamos como gobierno.

Es una buena pregunta. A veces desde aquí toma tiempo entender las cosas. Pero partimos de que Panamá tiene una economía dolarizada, no tiene un banco central y ahí ya tenemos diferencias en cómo medirnos en el tema. También tiene leyes importantes que a lo largo de muchos años han servido a un centro bancario y al mundo, y que ha ayudado en momentos clave, especialmente en el pasado. Pero también hay una realidad, efectivamente Panamá tiene un sistema tributario difícil de entender, no solo para los abogados que trabajamos en la administración tributaria, sino también para los contribuyentes. Por eso hemos avanzado en un proceso de transformación y modernización de la administración tributaria, no solo en adecuación y aclaración de ciertos procesos para hacerlos más ágiles para el contribuyente, con la entrada del código de procedimiento tributario, adicional a un proceso de modernización de la DGI. Te puedo decir que me he encontrado con trámites desde hace 20 años, respuestas a solicitudes de trámites, en fin. Es fácil hablar del pasado, pero tenemos que ver hacia el futuro y estamos haciendo los esfuerzos para hacer las transformaciones; y el legado que queremos dejar es una administración moderna y eficiente que nos ayude a mejorar nuestra competitividad. Probablemente su pregunta va hilada al nivel de competitividad. Por ejemplo, pagar impuestos en Panamá nos reduce el nivel de competitividad por la cantidad de trámites que hay que hacer. También el tema de la baja recaudación tiene muchos elementos. Por ejemplo, la cantidad de personas obligadas a tributar, la exenciones e incentivos que hay. Con esto no digo que hay que revisarlos, sino que forman parte de una erosión a la base fiscal y por eso vemos en la tabla que Panamá creció en los últimos años, pero no así la recaudación de impuestos. Todo eso se está analizando para mejorar la administración frente a terceros.

Lo dices muy claro, efectivamente el mismo proceso que se demora, que no hay una seguridad de cuándo debe salir un expediente, que incomprensiblemente un trámite salga antes que otro que se presentó en 2008, y podemos seguir dando ejemplos, eso no puede ser. Todo eso se corrige con una auditoría para salir de lo viejo para atender lo nuevo, aunque lo último también es muy importante porque la situación de la pandemia urge atender temas inmediatos. Estamos haciendo un esfuerzo para atender el pasado sin descuidar el presente y en los próximos meses debemos ir resolviendo eso ya, para evitar el tema del amiguismo, de privilegios. El tema de evasión, los estudios internacionales lo dicen, no solo yo, Panamá es uno de los principales países de la región donde más se evade impuestos, e increíblemente donde menos ITMBS se cobra. Estamos haciendo un gran esfuerzo no solo de fiscalización, sino de modernización, para que la fiscalización no se haga tampoco porque a mí me cae mal alguien o porque quiero ir a auditar a tal persona, sino que se haga a través de elementos científicos, a través de matices de riesgo y esperamos que este préstamo que estamos adquiriendo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que todos esos sistemas de tecnología nos eleven alertas y matices de riesgo.

Alrededor de un 8% a 9%, según los estudios. Hay que reconocer que tenemos personas naturales y jurídicas que no están registradas en la DGI o también tienen doble registro. Todos esos problemas los hemos visto y hemos tratado de resolverlos a pesar de la pandemia; nos sentamos con el FMI y con el BID para establecer una hoja de ruta. No podemos dejar un legado sin reconocer los problemas y buscar las soluciones correspondientes. La evasión fiscal no solo está en si dejamos de pedir las facturas de ITBMS, sino a través de procesos que hemos encontrado porque la ley da mecanismos o discrecionalidad a las autoridades tributarias para decir quien tributa y quien no.

De esa manera no me han pedido porque no doy espacio. Los que me conocen saben que yo no voy atender a nadie que me pida disminúyeme, o atiéndeme algún tipo de impuestos. Por eso yo trabajo aquí con un equipo de juristas que me entregan un informe ejecutivo de cuál es la asignación y también hay un compromiso del abogado que está atendiendo el trámite y no solo queda a discreción del director. Es una responsabilidad de la autoridad tributaria, no quiero hablar del pasado, sino del presente, y corregir cualquier error o distorsión que se pueda dar.

Debe mejorar para bajar la evasión fiscal en aproximadamente 3 o 4 puntos porcentuales. No solamente estamos con el programa de modernización, sino en la factura electrónica de una manera masificada. Eso nos va a ayudar mucho a que la DGI tenga información y pueda hacer las matrices de riesgo. Igual las máquinas fiscales, que en teoría deberían transmitir información pero no lo hacen, por lo tanto, el próximo año se les va a agregar un dispositivo de transmisión para que la información llegue a la DGI y se pueda hacer una mejor fiscalización.

Las máquinas fiscales sirvieron en su momento. Lamentablemente se quedaron bastante cortos en la necesidad de transmitir, porque como bien dices, que vaya un personal a revisar la información o que se le entregue, no hay capacidad para atenderlo. Lo que hemos hecho, para no repetir los errores del pasado o no obligar al contribuyente a cambiarse de manera brusca, a partir del próximo año le daremos dos opciones al cliente como una primera etapa: el que quiera trasladarse a la factura electrónica lo puede hacer voluntariamente sin ningún tipo de obligación por parte de la administración tributaria. El que quiera quedarse con la máquina, deberá adaptarla, aunque muchas de las máquinas nuevas tienen la capacidad de introducir el dispositivo electrónico para poder transmitir la información. No creemos que debe haber un gasto por parte de las personas naturales y jurídicas en relación con las máquinas fiscales, y si lo hubiera, estamos contemplando dentro del decreto un crédito a favor de estas personas que tengan que hacer las compras de las máquinas fiscales nuevas. Pero queremos que a mediano plazo, la mayoría de las empresas esté en factura electrónica.

La factura electrónica empezó hace tres años con un proyecto piloto con 14 o 16 empresas que entregan información electrónica directamente a la DGI. Cuando entramos a la administración nos encontramos que teníamos que hacer una inversión bastante alta en equipos y en sistemas tecnológicos para que más empresas pudieran aprovechar la factura electrónica, pero estamos a nivel internacional, con apoyo del BID. La mayoría de los países tienen un proveedor autorizado de provisión. Estos proveedores son generalmente empresas de tecnología o relacionadas con la comunicación, que participan en la mayoría de los países del mundo para servir como un hub. Mientras la administración tributaria esté preparada para recibir la información, ellos la van manteniendo en su sistema para transmitir. En este momento estamos trabajando en una reglamentación que conversamos con la Cámara de Comercio para dar la oportunidad de avanzar rápido con el sistema, porque además la pandemia está empujando hacia este sistema. Esperamos que para el primer cuatrimestre del próximo año, ya podamos tener un reglamento para que los proveedores autorizados puedan participar, pero la DGI es la que recibe la confidencialidad de la información y que debe manejarla.

Hay una cifra de casi mil millones de dólares, pero es una cifra bastante inflada porque es de las deudas tributarias que también están representadas en las tasas únicas que no han cumplido con la obligación desde hace más de 15 años. Lo que sospechamos es que estas sociedades han dejado de funcionar o simplemente ya no son útiles para las personas que las constituyeron. Eso reduce significativamente la mora. Luego tenemos el impuesto de inmueble, que son aquellas fincas o casas que tienen la obligación de pagar su impuesto, pero que regularmente pagan cuando van a vender su propiedad. Al final, cuando llega ese momento, terminan con una multa que supera muchas veces el impuesto que debieron pagar.

Eso es parte de los esfuerzos que han hecho las diferentes administraciones tributarias y hay que recordar recientemente la ley de patrimonio familiar, que las personas que puedan aprovechar esa ventaja puedan registrar su patrimonio para que no tengan que pagar el impuesto relacionado al bien donde vive.

Por eso hemos impulsado a través de los bancos los agentes de retención para que paguen anualmente sus impuestos de inmueble voluntariamente. Todo eso era parte de los planes de cobranza que teníamos en la ley de amnistía tributaria, pero lamentablemente la pandemia nos obligó a cambiar el plan.

El presidente de la República la extendió hasta el 31 de diciembre, así que invito a los contribuyentes que puedan cumplir con ese compromiso lo hagan, pueden pagar hasta el 31 de diciembre. Hemos trabajado en analizar qué alivios podemos extender y cuáles podemos innovar. Estamos a la espera de la información del departamento de estudios tributarios y la indicación del ministro para poder presentar nuevas medidas de alivio tributario, como puede ser la extensión de la amnistía tributaria, pero sería un proceso que tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Si me preguntas a mí, creo que deberíamos de extender la amnistía tributaria hasta julio 2021, por lo tanto, adicional a las medidas de alivio financiero de los bancos, que también fueron extendidas a mediados del próximo año, creemos que también pudiera ser extendido hasta mediados del próximo año.

La pandemia nos ha obligado a agilizarlo. Antes de la pandemia pasamos de 66 trámites a 121 trámites en línea, y ahora planeamos incluir otros 15 trámites más en línea. Pero en ciertos casos, cuando se trata de medidas de seguridad, sí exigimos la presencia del contribuyente para evitar fraudes. Buscamos fortalecer el mecanismo para hacer todos los trámites en línea. La mayoría de los contribuyentes que hace la fila viene a verificar si lo que está registrado es lo que deben pagar. Pero el Etax2 le hace todo el trámite, estamos trabajando para hacerlo más amigable, pero tienen la duda y por eso vienen a certificar que eso es lo que tienen que pagar. Pero adicionalmente hemos habilitado las citas previas, que con solo marcar el 524-1600 o, a través de nuestra página, puede hacer la cita a la hora y el día que le convenga sin necesidad de hacer fila.

La más importante es que al contribuyente se le facilite el cumplimiento tributario. No solo se trata de mi parte y de los funcionarios de la DGI, sino de un sistema que hay que cambiar, y el estilo de cómo atendemos. Necesitamos una educación y una cultura tributaria no solo de los contribuyentes, sino también de los funcionarios, que a pesar de la pandemia están apoyando. Además de eso, es la recaudación de impuestos de una manera empática y reconociendo que tenemos una cultura tributaria muy deficiente con estrategias de educación para que el contribuyente pueda cumplir con su educación, y que quien lo hace puede ver reflejado sus impuestos en la función pública.