Negligencia como principio de gobierno

PANAMÁ. En 2006 y 2007 participé con la unidad investigativa del diario New York Times en una serie de reportajes sobre el envenenamiento masivo en Panamá y su secuela.

Esta última ha sido importante. El brillante corresponsal en la China, Jake Hooker, descifró el misterio de como 46 bidones de dietilenglicol (DEG), un enfriador industrial altamente venenoso, salieron rumbo a España y Panamá certificados como glicerina 99.5% pura. Walt Bogdanich y otros, incluyéndome, reportamos a fondo sobre el sufrimiento que se registró en Panamá.

Al publicarse los datos el 6 de mayo del 2007, el mundo comenzó a tener una saludable desconfianza en los productos chinos, y las autoridades chinas comenzaron a examinar la falta de controles de calidad en sus sistemas de producción y mercadeo, y a castigar los culpables.

Así que el sufrimiento panameño no fue en vano. La secuela del envenenamiento ha sido positiva en casi todas partes del mundo. En Panamá, sin embargo, ha sido desastrosa.

La Ley de Medicamentos dice que “la autoridad de Salud tiene la obligación y responsabilidad de garantizar el cumplimiento del control previo, el control posterior y la fármacovigilancia, con el fin de fiscalizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos medicinales.”

La Caja de Seguro Social (CSS) tiene sus propios controles. Uno estipula que la CSS “efectuará una revisión post-entrega de todos los productos recibidos, mediante la cual los lotes se someterán aleatoriamente a análisis de control para establecer la calidad.”

Es decir, a pesar de ser certificado como glicerina, el DEG de los bidones chinos no hubiera envenenado a nadie si oficiales en Panamá no hubiesen fallado en sus responsabilidades.

Según el gobierno, 174 panameños fueron envenenados, 115 han muerto. El Comité de Familiares sostiene que los afectados son más de mil, y los muertos 753, cifras más creíbles cuando se toma en cuenta que se emitieron 110 mil recetas para el jarabe y otros miles de frascos fueron repartidos en las llamadas caravanas de salud. El Dr. José Pachar, director del Instituto de Medicina Legal, me dijo cuando le hice entrevista para el Times que las cifras oficiales solo representan la punta del iceberg y que nunca sabremos las dimensiones completas de la calamidad.

Pero vamos a usar la cifra más baja: 115 panameños muertos de una población de 3 millones. Proyectado a los Estados Unidos, con una población de 300 millones, serían 11,500 muertos, tres veces más de los que perdieron la vida a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Los panameños, además, no morían por ira enemiga, sino por negligencia oficial.

Ahora bien, alguien falló en el MINSA y en la CSS. Como el ministro de Salud y el director de la CSS tienen el deber de asegurar que sus subalternos cumplan responsablemente, ellos también fallaron.

En un país con una clase política sana, o ellos hubieron renunciado o el presidente los hubiera despedido, pero ni lo uno ni lo otro sucedió. El presidente decidió proteger a los que fallaron aunque su deber era proteger al país.

Protegerlos de una repetición de la tragedia, de otros golpes ocasionados por la irresponsabilidad oficial, del terror de no poder confiar en el sistema de salud pública, del resentimiento al ver familiares, amigos y compatriotas victimizados por homicidas negligentes, sin ninguna esperanza de justicia, y de la furia de ser tomado de pendejo, de pagar cuotas y recibir veneno en vez de medicina.

En Panamá, la clase política es una colección de pandillas. Los pandilleros se protegen entre sí.

Al no castigar la negligencia que causó el envenenamiento, el presidente la abrazó como principio básico de su gestión de gobierno.

Un año más tarde la negligencia del mismo presidente, del canciller, y de todos los que fingen ser asesores políticos costó al país el tratado de libre comercio.

Cualquiera que hubiera considerado las consecuencias durante tres minutos se hubiera dado cuenta de que poner a Pedro Miguel como presidente de la Asamblea sería el equivalente diplomático de un “braguetazo weveriano”.

Si había que hacerlo, bien podría esperar hasta que el tratado fuera ratificado.

Es siempre posible que Pedro Miguel y los demás actores de la farsa buscaran tumbar el tratado por razones de política internacional, pero esto sería atribuirles más inteligencia de la que ellos parecen tener. Lo más probable es que fue un simple descuido. Tres minutos son mucho tiempo para que un pandillero del PRD deje de pensar en sus coimas y negociados para considerar el bien del país. ¿Cuanto costó? Millones botados en cabildeo, y no cobrados en ventas. Millones en inversiones que no vendrán. No importa. Lo importante es que unos pandilleros tuvieron una oportunidad de pegarse en el pecho y fingir ser patriotas.

El 2008 nos trajo la negligencia insólita de Pablo Garrido, seguida por la generosa decisión del presidente de compensar a los exportadores con dinero tuyo y mío. Garrido, sin embargo, no perdió ni puesto ni sueldo. Otra vez Martín Torrijos asegura a sus colegas de la pandilla que no hay bobada que ellos puedan cometer que les cueste su protección.

Cuatro meses más. Sea quien sea, el futuro será mejor. Acusan a Martinelli de loco, pero no de bruto, y Balbina por lo menos ha mostrado que alguien de su familia está despierto. Quitó la palabra "torrijista" de su propaganda.