Panamá: paraíso fiscal de ex dictadores y narcos

PANAMÁ. Un séquito de escoltas sigue cada paso del ex presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías, asilado hace 16 años en Panamá. No vigilan sus movimientos. Es el resguardo que el político golpista recibe en este país donde vive como un respetable empresario que divide su tiempo entre negocios familiares, la Iglesia Evangélica, el polo y una que otra reunión con importantes políticos locales, entre los que destaca la ex candidata a la Presidencia, Balbina Herrera.

Los negocios y las ganancias de Serrano y su familia se acrecientan mientras en Guatemala, el fiscal de Delitos Administrativos del Ministerio Público, José Acevedo Hernández, trabaja para que el ex presidente sea extraditado y responda por once delitos, entre ellos usurpación de funciones, abuso de autoridad, fraude, peculado y malversación de fondos reservados: “Dígale a Panamá que nos lo devuelva”, dijo Acevedo a una periodista de este taller.

El único logro hasta ahora del fiscal guatemalteco se registró en enero pasado. Y fue mantener vigente la orden de captura internacional contra Serrano, a pesar de que Héctor Fernando Gutiérrez Mendoza, el abogado del ex presidente, insiste en que varios de los procesos ya prescribieron.

El interés de Guatemala por Serrano no parece inquietar al ex presidente. De hecho, ya en tres ocasiones el gobierno de Panamá se ha negado a extraditarlo argumentando que las conductas por las que se le procesan en su país no son delito en el Istmo. Ello tampoco ha sido impedimento para que Serrano haya tejido un poderoso entramado económico, social y político que lo arraiga con fuerza a Panamá.

Lo que ocurre con el ex presidente de Guatemala no es una excepción. Al amparo de las políticas migratorias, legales y fiscales panameñas, decenas de personajes con órdenes de captura y juicios pendientes han encontrado en el país centroamericano su paraíso.

Abdalá Bucaram, ex presidente ecuatoriano; Philipe Biambi, golpista haitiano; el hoy encarcelado Alberto Fujimori, ex presidente del Perú; el fallecido Augusto Pinochet, dictador chileno; el colombiano acusado de narcotráfico Nelson Urrego y hasta el zar de las pirámides de Colombia, David Murcia Guzmán, obtuvieron refugio en este país.

En Panamá basta con tener pasaporte, un abogado y 1,300 dólares para crear una sociedad, obtener un crédito, financiar la compra de una propiedad y, de regalo, hasta le pueden ofrecer apoyo en los trámites de residencia.

“Hay firmas que ofrecen por internet sociedades anónimas ya constituidas. El costo va entre 400 y 5 mil dólares, según el cliente y sus antecedentes”, dice un experto en el sistema de sociedades anónimas.

Lo mejor es que los directivos no necesitan identificación. “Incluso pueden ser Bruce Willis, Jennifer o Tom Cruise —agrega—, así se evade el control fiscal de quienes los rastrean”.

No extraña entonces que en la Oficina de Registro Público de Panamá se informe que a diario reciben alrededor de 1.206 solicitudes para crear sociedades anónimas. Según el abogado Roniel Ortiz, ex enlace entre el Ministerio Público y la Policía Judicial, de estas, al menos 500 sociedades se concretan al día. Solo en el 2008, se firmaron 314.880 permisos de registro.

Utilizando las herramientas que otorga este sistema más la ayuda del abogado Jorge Garrido, el colombiano David Murcia logró armar 248 empresas de papel para mover cerca de 30 millones de dólares. Otro colombiano, Nelson Urrego Cárdenas, a quien se le conoce como “el hombre que hizo llover coca del cielo”, formó en Panamá 17 fundaciones que le permitieron hasta comprar hasta una isla.

Es imposible calcular la fortuna acumulada por el ex presidente de Guatemala, Jorge Serrano. Las sociedades que abrió al portador están bajo el resguardo del sistema. Pero también ha creado otras que, aunque anónimas, no son de papel. Al punto de lograr concesiones del gobierno panameño para la explotación minera.

Así se confirma en el Registro Público de Panamá donde aparece Tikal Latinamericana S.A., creada el 25 de octubre de 1993, cuatro meses después de la intempestuosa salida del golpista de su país, y de la cual es representante su hijo Arturo Serrano Bianchi.

Según el contrato de concesión, publicado en la Gaceta Oficial del 26 de abril del 2007, el Ministerio de Comercio le concedió permiso para explotar basalto hasta el 2017, en 500 hectáreas del corregimiento de Pacora.

La sociedad Hacienda Country Club S.A., centro de reuniones del poder panameño, también está conectada con Serrano y su familia. La firma fue creada en octubre de 1994 y entre sus directores figura Lucas Zarak, hijo del ex diputado panameño Lucas Zarak Linares, fallecido hace algunos meses.

En otro par de empresas de Serrano en Panamá también aparecen dos de sus escuderos y paisanos: Francisco Perdomo Sandoval, quien fue su ministro de Gobernación en Guatemala, fue nombrado en el 2000 como secretario de la Junta Directiva de la empresa Llanos de Cerro Azul. El socio más interesante de Serrano en sus actuales negocios es Otto René Quiñónez Sandoval, quien figura el mismo año 2000 como gerente de La Cantera El Coco, uno de los más prósperos y polémicos negocios del ex presidente.

En el 2006, Quiñónez Sandoval fue investigado por irregularidades detectadas mientras se desempeñaba como supervisor de Migración de Guatemala. El gobierno de su país informó que, según las evidencias recogidas, el socio del ex presidente Serrano en Panamá, facilitaba el tránsito de indocumentados desde Panamá hacia Guatemala.

La Cantera El Coco, donde los intereses de Serrano y Quiñones se juntan (Los hijos del ex presidente, Arturo y Juan Pablo Serrano Bianchi eran presidente y tesorero de la cantera) ha sido objeto de varias investigaciones. Lo paradójico es que la explotación irregular de esa cantera ha provocado que Serrano enfrente hoy en Panamá acusaciones similares a las que se le formulan en su país: usurpación de terrenos y abusos contra particulares.

Aunque El Coco ya cerró, el proceso en la Corte Suprema por la supuesta asignación irregular de los terrenos en los que funcionaba sigue en curso. Así lo confirmó a periodistas de este taller el abogado Raúl Ossa.

El segundo expediente está acreditado por el registro de empleadores morosos de la Caja de Seguro Social, actualizado a enero del 2009. Lo anterior lo confirmó la organización Convergencia Sindical, que pidió revocar a Serrano el estatus de asilado político por incumplir normas obrero-patronales. La cantera finalmente cerró por problemas de contaminación en el 2007, pero para entonces los Serrano ya la habían vendido a la multinacional M&S.

Los movimientos financieros de las sociedades del golpista guatemalteco en Panamá han continuado igual que los otros prófugos de América Latina. Pero los miles de inversionistas anónimos que han encontrado refugio para sus capitales de origen dudoso podrían verse amenazados en los próximos meses por la presión que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos y la OCDE sobre Panamá, para que este país modifique el régimen de sociedades anónimas.

Organizaciones financieras internacionales intentan presionar a Panamá si no hay modificaciones en sus sistemas de sociedades anónimas que data de 1927.

La meta es que el sistema de sociedades anónimas sea transparente y en los registros panameños aparezcan los verdaderos dueños de las acciones. Lo mismo con el sistema bancario. Ello facilitaría las investigaciones de otros países sobre fugas de capitales, evasión fioscal, lavado de activos, ocultamiento de fortunas o desfalcos a los fondos estatales.

La defensa del sistema ya se ha organizado en Panamá. Para la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, no es el sistema el problema, sino las personas”. (Ver entrevista). Una postura mucho más radical es la que sustenta Moisés Cohen, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), quien está convencido de que, lo que le ha permitido a su país convertirse en un centro financiero es la creatividad que se ha tenido para generar y atraer inversión. Un sistema que incluso debiera copiarse y exportarse: “Si quieren con mucho gusto pueden venir a Panamá para que nosotros les enseñemos lo que hacemos. Aquí no ha quebrado ni un solo banco”.

Pero su última reflexión habla de la encrucijada en que se encuentra el sistema: “Si nos quitan eso, Panamá se acaba. Tenemos una posición estratégica y un sistema fiscal con evidentes ventajas, pero solo eso”, aseguró desde la sala de juntas del edificio Tower Bank, ubicado en el exclusivo sector de la Calle 50 en ciudad de Panamá.