‘El Gabinete no objetó’

PANAMÁ. La situación del convenio entre el Estado y las empresas de cruceros Royal Caribbean y Carnival, podría entrar en una zona incierta.

Ayer, el representante de la empresa Carnival estuvo durante toda la tarde en una reunión y no atendió las llamadas de La Estrella. Se desconoce si los compromisos estaban relacionados con la suspensión del acuerdo.

Por lo pronto el convenio está suspendido, desde el jueves y el nuevo gobierno no tiene conocimiento del tema. “No he sido informado de esto hasta ahora. Supongo que cuando lleguemos seremos informados”, dijo Roberto Henríquez, ministro designado de Comercio e Industrias.

Henríquez aseguró que una vez llegue a su despacho se revisará el tema.

Mientras el ex procurador Rogelio Cruz recomendó analizar cuáles fueron las circunstancias en que se dieron los acuerdos, pues en Panamá un vicepresidente no tiene funciones legales ni constitucionales. “Ese acuerdo no es legal si no tiene la aprobación del Consejo Gabinete.

El ex procurador explicó que es precisamente el Consejo de Gabinete quien tiene la función de acordar o suscribir acuerdos. “Habría que determinar en qué condiciones se hizo el acuerdo, y si existe algún tipo de conducta dolosa de parte del vicepresidente”, explicó el jurista.

Rubén Arosemena se defiende. Asegura que dentro del acuerdo que realizó con ambas empresas de servicios turísticos no hay nada que esconder. “Allí no hay nada pecaminoso. Han querido hacer no sé qué...”.

El vicepresidente indicó que se trataba de un acuerdo para desarrollar un nuevo contrato y que el Consejo de Gabinete no puso objeción. Un nuevo contrato que según Arosemena, era mucho mejor que el contrato anterior.

“El Consejo de Gabinete no tuvo ninguna objeción para que se plantearan los fundamentos del nuevo contrato”, aseguró Arosemena. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, difiere de lo señalado por Arosemena en una carta enviada a los representantes de ambas empresas.

“Para que dicho acto jurídico surta efectos legales en la República de Panamá, es condición indispensable que sea aprobado por la Autoridad Nacional de Turismo que debe aprobarlo y presentarlo a consideración.

A finales de 1999, cuando los cruceros sólo pasaban por el Canal de Panmá, la administración de Moscoso suscribió un contrato entre las empresas turísticas Royal Caribean y Carvinal.

Joaquín Jácome, ex ministro de Comercio de la administración Moscoso indicó que el contrato fue suscrito cuando Panamá era sólo una ruta de tránsito de los cruceros.

Jácome explica que el contrato establecía dar un incentivo económico a las empresas de acuerdo a la cantidad de pasajeros que desembarcaran en suelo panameño por temporada de cruceros.

“Después de la firma del acuerdo, ya en la cuarta temporada, más de 300 mil turistas llegaban al país”, manifestó el ex ministro.

Varios años después, y con una terminal de cruceros en Colón, la administración Torrijos realizó una serie de modificaciones al contrato. El nuevo acuerdo establecía el pago de 5 dólares por cada pasajero mayor de 16 años que arribará al país. Pero desde junio de 2009 el contrato quedó en el limbo.