- 23/07/2009 02:00
PANAMÁ. La Asamblea Nacional continúa en capilla ardiente. Mientras transcurría el segundo día de debate del anteproyecto de la Ley de Carrera Administrativa en la Asamblea de Diputados, el presidente del hemiciclo legislativo, José Luis ¨Popi” Varela, anunció el despido de 50 funcionarios.
“Destituimos funcionarios que cobraban salarios arriba de mil 200 dólares a 3 mil dólares y algunos no tenían funciones”.
Varela indicó que con la reducción de ese personal, la institución se estaría ahorrando unos 77 mil dólares mensuales.
El diputado panameñista pidió disculpas a la ciudadanía por los actos de violencia donde los diputados se manotearon y lanzaron acusaciones. “Este lugar debe ser para debatir ideas y no para intercambiar insultos”, sentenció.
El segundo día de sesión permanente en la Comisión de Gobierno donde se discute el anteproyecto transcurrió con menos exaltaciones que el día anterior.
Esta vez se le dio cortesía de sala a la ministra de Trabajo, Alma Cortés; la viceministra de la Presidencia, María Fábrega y el viceministro de Gobierno y Justicia, José Ricardo Fábrega.
Durante su intervención el diputado Leandro Ávila pidió que expusiera la viceministra de la Presidencia, María Fábrega, pero el presidente de la Comisión, Jorge Alberto Rosas, no lo complació.
Rosas, prefirió seguir con el orden del día.
Entrada la tarde, los grupos de empleados públicos planteaban sus posiciones en la comisión, pero los diputados Ávila y José Blandón fueron al Pleno Legislativo para opinar. Blandón acusó a Ávila de aupar una ley para defender a las botellas y al PRD de no ser honestos.
Pero Ávila acusó de perversos a los panameñistas con los trabajadores, mientras Blandón le gritaba desde su puesto que hablaran del CEMIS.
La sesión del pleno se salía de control, que Varela tuvo que pedirle orden a todos los diputados. Ávila le ripostaba al diputado Miguel Salas que se sentara que no sabía nada del problema, mientras el colonense le reclamaba desde su curul. Alrededor de 20 asociaciones de servidores públicos presentaron sus observaciones del proyecto de Ley No. 27.
Todos se mostraron en contra, pero en particular la Comisión Justicia y Paz, que solicitó una minucioso estudio y el cese del debate hasta ver la situación de los funcionarios públicos.
