¿Autonomía para los gobiernos provinciales?

PANAMÁ. Cuatro meses después de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional (liderada por el PRD), la misma Cámara Legislativa (ahora con mayoría adepta al gobierno del presidente Ricardo Martinelli) suspendió la entrada en vigencia de la Ley 37, sobre la descentralización de la administración pública.

“Esto necesita un análisis más profundo”, apuntó el mandatario. Ahora, el tema renace.

La descentralización es un proceso político basado en la transferencia del poder de decisión, competencias, funciones y recursos de financiamiento del Gobierno Central hacia los municipios.

Se trata, en síntesis, de darle de conformidad con un marco legal para la toma de acciones a gobiernos locales elegidos libre y popularmente, haciendo más cercana la forma de atacar los problemas y necesidades comunitarias, eliminando la centralización estatal y delegando funciones.

“Es un producto de la democratización y un instrumento político idóneo para la planificación democrática del desarrollo, la reducción de la pobreza y la modernización del Estado”, sostiene el ex gobernador de la provincia de Coclé, Darío Fernández.

El presidente Martinelli tuvo sus razones para suspender la entrada en vigencia de esta norma, en opinión de la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa.

“Era una jugada política”, aseguró. Lo que perseguía esta ley era establecer una comisión ejecutiva que iba a decidir cómo se harían las inversiones; y por supuesto, esa comisión la nombró el presidente Torrijos con gente de su confianza. Lo que iba a suceder era que el PRD iba a ejercer presiones y a tratar de cogobernar”, indicó Correa.

Considera oportuno poder presentar el tema a una consulta popular. “Es lo que debe hacerse”, explicó.

Algunos puntos de una nueva propuesta de descentralización podría llevar a la aplicación de políticas públicas nacionales mediante la ejecución de fórmulas de trabajo y políticas municipales e incluso, locales.

Aunque el gobierno promovería la transferencia de fondos, funciones, y la toma de decisiones hacia el ámbito municipal, habría una especie de “supervisión” que ejercerían los gobernadores, como representantes del presidente de la República en cada provincia.

“De esta forma, el gobierno conservaría funciones reguladoras y continuará como principal responsable de la gestión de desarrollo, pero con una planificación más efectiva”, señaló la gobernadora Correa.

Llevar el proceso descentralizador hasta la supervisión de los gobernadores es un punto preocupante para Darío Fernández, quien ejerciera el cargo en la provincia de Coclé.

Yo creo que los municipios están preparados para llevar adelante directamente estos planes. Tienen la estructura para realizar esa labor”, apuntó.

En su concepto, habría que dotar a las gobernaciones de la estructura necesaria para que puedan supervisar el trabajo de los municipios en la descentralización.

“Las gobernaciones, en estos momentos, son estructuras representativas del Ejecutivo; no cuentan con los recursos ni el personal para asumir la supervisión de la descentralización en cada distrito. Debe examinarse una propuesta en este sentido, si es lo que se quiere hacer”, indicó Fernández.

Se ha mencionado la descentralización como uno de los que podría ser llevado a una consulta popular.

Este martes 23 de marzo, el ministro de Gobierno y Justicia José Raúl Mulino debe presentar ante el Consejo de Gabinete el proyecto que contiene un cambio al Código Electoral para efectuar las consultas.