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Actualizado
- 17/04/2010 02:00
Creado
- 17/04/2010 02:00
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PANAMÁ. La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional entrará en sesiones judiciales a partir de este martes 20 de abril, cuando inicien la lectura y el análisis del expediente por el supuesto pago de sobornos para la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista durante el gobierno de Mireya Moscoso.
Desde el pasado jueves reposa en el despacho del secretario general de la Asamblea, Wigberto Quintero, el expediente del caso de corrupción.
El documento lo remitió el Ministerio Público (MP), luego que la Corte en diciembre de 2009, decidiera abrir nuevamente las investigaciones por el mayor escándalo de corrupción que involucra a los tres Órganos del Estado.
El MP envió a la Asamblea una copia autenticada del proceso penal seguido a Carlos Afú Decerega, Mateo Castillero Castillo, Stephen Peter Jones y José Martin Rodin en atención a los señalamientos por el presunto pago de una suma millonaria a cambio del voto favorable para la ratificación de dos magistrados mireyistas.
El presidente de la Asamblea, José Luis ′Popi′ Varela, confirmó que el martes en un acto público su presidencia remitirá a la Comisión de Credenciales el expediente del supuesto soborno. Varela guardará una copia del expediente en su despacho.
Inmediatamente lo entreguen, la Comisión de Credenciales se declarará en sesiones judiciales.
En tanto, el presidente de la Comisión, Mario Miller, explica que una vez reciban el documento deberán leerlo y analizarlo para luego aprobar una metodología de trabajo.
El expediente será repartido entre los 7 comisionados para iniciar las deliberaciones, donde tendrán participación testigos y acusadores. “La Comisión de Credenciales puede irse en sesión permanente hasta agotar el expediente”, precisa Miller.
El diputado alega que los miembros de la Comisión ratificarán la inocencia o culpabilidad en el supuesto delito de pago de sobornos.
La decisión final de la Comisión deberá ser aprobada o rechazada por el pleno integrado de 71 diputados.
LA HISTORIA DEL SOBORNO
A finales de 2001 y comienzos de 2002, las denuncias de soborno para ratificar a Spadafora y Cigarruista afloraron en el Palacio Justo Arosemena.
La ex legisladora del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, denunció la compra de votos para la ratificación de los dos magistrados designados por el gobierno de Moscoso.
Tres legisladores del PRD, Carlos (Titi) Alvarado (q.e.p.d.), Tomás Altamirano Duque y Carlos Afú votaron a favor de los magistrados; sin embargo Herrera enfiló sus críticas contra Afú, a quien acusó de haber recibido un millón y medio a cambio de su voto. También le mencionó a su esposa.
Molesto por las acusaciones, Afú, en conferencia, mostró un fajo de billetes de 6 mil dólares denunciando el pago a legisladores PRD a cambio de la aprobación del contrato entre el Consorcio San Lorenzo y el gobierno para la construcción del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS) en la provincia de Colón.
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