La Zona Libre y el CEMIS

PANAMÁ. La estrategia para manejar el caso CEMIS parece tomada de un libreto escénico, donde las circunstancias cambian a medida que la trama se desarrolla.

De hecho, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) ya hizo su primer movimiento, cuando el ex legislador Miguel Bush Ríos acusó a la ex presidenta Mireya Moscoso y al ex contralor Alvin Weeden de tener responsabilidad en la aprobación del controversial documento.

Esto produjo la reacción de ambos, pero con posiciones encontradas. Mientras la ex mandataria tomaba distancia, responsabilizando a la Asamblea Legislativa del escándalo, Weeden se alineaba con el planteamiento del partido de oposición.

El ex contralor aseguró que Moscoso “tenía pleno conocimiento” de todo el proceso relacionado con el contrato entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo; pero la ex presidenta replicó que la investigación del Ministerio Público se centra en el supuesto soborno a legisladores del período 1999-2004, y no sobre su gestión de gobierno.

En sus declaraciones Weeden también vinculó al ex ministro de Comercio, Joaquín Jácome, y al ex gerente de la Zona Libre de Colón, Jorge Fernández, en las irregularidades del contrato del CEMIS.

La Estrella intentó contactar a Jácome, quien no quiso referirse al asunto; sin embargo, el ex gerente Fernández accedió a dar declaraciones.

Aseguró vía celular que cuando se abrió la investigación sobre el caso CEMIS en enero de 2002 respondió un cuestionario ante el Ministerio Público, además de rendir declaración jurada sobre el asunto.

Fernández dijo haber sido un activo promotor en la aprobación del contrato entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, porque consideró que era una buena oportunidad para darle a Colón y a los colonenses un mejor futuro.

Sin embargo, lamentó que toda la lucha desplegada para hacer realidad el proyecto se haya visto empañada por una situación “que desvirtuó completamente el propósito de una iniciativa que iba a beneficiar a Colón”.

El ex funcionario dijo que no puede hablar de lo que sucedió con el CEMIS en la Asamblea Legislativa “porque no sé lo que pasó”, pero insistió en que no se trataba “de un negocio inmobiliario” como Weeden calificó el contrato.

“En todo esto, el pueblo colonense es el gran perdedor, porque una iniciativa que iba a beneficiar a la provincia quedó en nada. Y es muy injusto decir que pretendíamos hacer un negocio”, aseguró el ex gerente de la Zona Libre de Colón.