Grupos ambientales denuncias secuestro de cuentas bancarias

Las organizaciones ambientales Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y ADOPTA Bosque denunciaron un “ataque sin precedentes” contra la defensa del patrimonio natural y la libertad de expresión en Panamá, luego de que la empresa vinculada al proyecto Puerto Barú solicitó el secuestro preventivo de sus cuentas bancarias y activos.

Representantes de ambas organizaciones dijeron que la medida fue promovida por el desarrollador del proyecto portuario en David, provincia de Chiriquí, junto con la firma de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Service, como parte de un proceso civil que busca asegurar bienes para una eventual demanda futura.

Los ambientalistas subrayaron que la acción judicial no constituye una sentencia ni una sanción, sino una medida cautelar que, a su juicio, pretende frenar su labor de denuncia pública sobre los impactos ambientales del proyecto. “Ha lanzado otro ataque sin precedentes en contra de dos organizaciones panameñas. Esta vez por medio de un proceso civil de secuestro preventivo de las cuentas bancarias y activos para intentar silenciar a nuestras organizaciones en la labor de defensa del derecho a un ambiente sano”, señalaron voceros.

Las organizaciones sostienen que no buscan eliminar el proyecto, sino su reubicación a un área donde no afecte los manglares de David ni su biodiversidad. Aseguran que sus señalamientos están respaldados por estudios científicos, entrevistas a expertos, técnicos, docentes, pescadores y operadores turísticos de la zona.

La contraparte del proyecto portuario, Puerto Barú, respondió a las organizaciones, asegurando que las acciones interpuestas no buscan silenciar críticas sino ejercer su derecho a defensa frente a lo que califican como afirmaciones “falsas y perjudiciales”.

El abogado de Puerto Barú, José Castillo, sostuvo que la empresa ha sido objeto de señalamientos reiterados “inexactas y alejadas de la realidad técnica científica”, los cuales afirmó, afectan la imagen del desarrollo y su capacidad para atraer inversionistas a nivel nacional e internacional.

“No es un ataque, es nuestro derecho defendernos de las afirmaciones contantes que ellos hacen en contra del proyecto, que son inexactas, que son alejadas de la realidad técnica científica, en la cual injurian o mienten en cuanto a los métodos de construcción”, expresó.

Según explicó, la empresa presentó tanto una querella penal como una acción civil, que es una demanda por daños y prejuicios tras varios años de controversias públicas con las organizaciones por las afirmaciones que han estado haciendo realizando.