Diputados critican proyecto de consultas

PANAMÁ. Los diputados del gobierno y oposición temen que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, reforme la Constitución Política pasando por encima de la Asamblea Nacional.

Todas esas inquietudes y sinsabores salieron a flote ayer en la discusión del proyecto 138 del Ejecutivo que incorpora las consultas populares dentro del Código Electoral.

En el segundo día de consultas en la Comisión legislativa de Gobierno los diputados cerraron filas bajo un mismo temor: “de la forma que se plantea el proyecto puede trastocar los poderes del Estado”.

Durante sus intervenciones, frente al ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, propulsor del proyecto por el Ejecutivo, los diputados planteaban su inquietud por la redacción del proyecto que abriría la posibilidad de reformar a la Constitución y solicitaron una nueva redacción.

Pero, ¿qué dice el proyecto? El documento, compuesto de 4 artículos, ordena al Tribunal Electoral a convocar las consultas populares por petición del Ejecutivo. Además, le da poderes para que los temas y redacción de las preguntas las haga el Ejecutivo y avale lo vinculante de los resultados.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Alberto Rosas, alejándose de la línea gubernamental invitó al Ejecutivo a sentarse para buscar otra redacción “que salvaguarde la institucionalidad del país”.

Citó ejemplos en Argentina y España de consultas; sin embargo, dijo que Panamá sería el único país donde los temas los propone el Ejecutivo.

Igualmente, el diputado panameñista, José Isabel Blandón, cuestionó que el proyecto deja abierta la posibilidad a que un gobernante destituya a un magistrado de la Corte o disuelva la Asamblea.

“Con el documento tal y como está redactado, el Ejecutivo se podría saltar a la Asamblea”.

El opositor Leandro Ávila llevó tres propuestas para considerarlas, entre ellas, una que plantea excluir de las consultas populares material que requiera una ley constitucional.

Aunque no las sometieron al voto de los diputados, el ministro Mulino las catalogó de “inconstitucionales”.

El ministro, quien tuvo choque verbales con Ávila, reiteró que se busca confundir el propósito de las consultas que es dar más participación.

Alberto Montezuma, presidente del Congreso General de la Comarca Ngöbe Buglé, denunció que si se tocan teman comarcales ponen en “peligro” las decisiones indígenas.

Angélica Maytín, de Transparencia Internacional, indicó que hay otras maneras de promover la participación ciudadana no a través de un referéndum o plebiscito. “La propuesta que presenta el Ejecutivo de la manera que está es desatinada (...) Hagan las cosas bien, sería la recomendación al Ejecutivo”, precisó.

Mientras, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, sostuvo que “no es democrático que la agenda de las consultas las imponga el Ejecutivo”. Expresó que sería más democrático la aprobación de la ley de participación ciudadana.

Al final, el ministro Mulino leyó una propuesta que incluye a la Asamblea en los cambios, pero las discusiones fueron pospuestas hasta el lunes.