¿Debe el Ministerio Público intervenir?

PANAMÁ. Pasan los días y los magistrados José Abel Almengor y Alejandro Moncada Luna, acusados por la jueza suplente Zulay Rodríguez, de tráfico de influencias, no han dicho una sola palabra.

Incluso el propio Lidio Albino Rancharan, ex cliente de Rodríguez, aseguró que la jueza suplente sí le pidió dinero para pagarle a magistrados de la Corte, para adelantar su caso.

Ante estas serias acusaciones, prima un silencio sepulcral de la Corte. Ni siquiera el magistrado Aníbal Salas, presidente del máximo organismo de Justicia, ha salido a aclarar estas denuncias que amenazan con enturbiar más la imagen del Órgano Judicial.

Pero Zulay no se limitó solo a la Corte Suprema de Justicia. En sus declaraciones, la jueza suplente aseguró que los fiscales del Ministerio Público (MP) ‘plantaban pruebas’. Rodríguez aseguró en una entrevista en KW Continente que daría la cara, pero primero sus abogados se apresuraban para solicitar una fianza de excarcelación y un hábeas corpus, antes de que ‘Parodi inventara pruebas’, porque según la jueza suplente, ‘es lo que siempre hacen’.

Al respecto, una alta fuente del MP reveló a La Estrella que una vez Rodríguez dé la cara a la indagatoria, será cuestionada por las aseveraciones que hizo contra los fiscales, para luego determinar si se inicia o no una investigación a lo interno de la institución.

Mientras tanto, el fiscal segundo de Drogas, William Parodi, presentó ayer un recurso de apelación contra la decisión del juzgado Tercero de Circuito Penal que le otorgó una fianza de 150 mil dólares a la jueza suplente.

Alexis Ríos, abogado de Rodríguez, dijo que la acción del fiscal retardará más el proceso y reveló, además, que apelarán la solicitud de Parodi, al igual que el monto de la fianza, la que consideran excesiva.

Pero para el dirigente sindicalista Mariano Mena, el Ministerio Público debería solicitar de oficio una investigación a la Asamblea Nacional en torno a las acusaciones contra magistrados de la Corte.

Mena asegura que debe ser una autoridad quien haga la solicitud ante la Asamblea, pues si es un civil quien eleva la petición, será en vano.

‘Cualquier cosa que se intente hacer para esclarecer este caso es un acto fallido. Los diputados le cuidan la espalda a los magistrados porque ellos son los que los investigan’, señaló el dirigente sindical.

En ese sentido, el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Rogelio Paredes, reiteró que la Asamblea Nacional sólo puede iniciar una investigación si se presenta ante la Secretaría General de la Asamblea una solicitud para que se cite a los magistrados.