La crisis de Changuinola vista desde la otra acera

PANAMÁ. La instalación, mañana martes, de la comisión que investigará los actos violentos ocurridos en Changuinola entre el 5 y el 13 de julio pasado, representa el inicio de la recopilación de informaciones, testimonios, grabaciones en video y audio, así como otros insumos, que permitan establecer las responsabilidades derivadas de acciones propiciadas al calor de la puesta en vigencia de la Ley 30 de 2010, conocida como ‘ley chorizo’.

Cuatro hombres y tres mujeres integran esta comisión. Su labor, sin embargo, no parece circunscribirse a los acontecimientos que marcaron esta provincia; también gravita sobre los hechos que antecedieron a la violencia.

INFORME PRELIMINAR

Independientemente del trabajo que realizará la comisión designada para investigar lo sucedido en la región bocatoreña, ya se maneja un informe ‘preliminar’.

Se trata de un extenso reporte, elaborado por ‘fuentes oficiales’, en el que se detallan una serie de eventos previos a la violenta revuelta de principios de julio en Changuinola.

El documento, al que tuvo acceso La Estrella, señala que lo sucedido fue ‘una acción cuidadosamente planificada’ desde principios del pasado mes de junio, cuando la Ley 30 fue aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional.

DESGLOSANDO EL INFORME

Lo que se dio en Changuinola, según señala el documento, fue ‘una campaña de adiestramiento’ en la que ‘principalmente’ se difundieron informaciones falsas y se preparaban arengas contra el gobierno.

‘Fue una preparación sistemática de la población principalmente por programas de radio en los que se informaba sobre la supuesta eliminación el décimo tercer mes y de los sindicatos. Además, decían que la ley daba permiso a los policías para matar, lo que interpretaban, terminaría en el establecimiento de los escuadrones de la muerte’, cita el informe oficial.

En uno de sus pasajes se menciona a Erasmo Cerrud, a quien se identifica como miembro del Suntracs, dentro del grupo que realizó disturbios. Además, se señala que pese a haberse realizado el 3 de julio una reunión con el diputado Mario Miller, donde se acordó que los manifestantes recibirían a una delegación que encabezaría el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, lo que se produjeron fueron ‘cierres de vías’ y ‘destruidas y vandalizadas las instalaciones de instituciones gubernamentales tales como el Aeropuerto de Changuinola, cuartel de la Policía de Menores en Finca 6, MIVI, Mitradel, MINSA, Acodeco, Migración, Ministerio Público, Defensoría de Oficio y de la Autoridad del Tránsito, entre otras, mientras que otros negocios privados como el Global Bank, Claro Com, Restaurante Cotis #2, el restaurante, lava auto y bar Los Paragüitas, un vehículo repartidor de la empresa Estrella Azul y varias clínicas privadas como el Hospital Santa Isabel y la clínica San Rafael también fueron atacadas por los manifestantes’.

REHENES Y HERIDOS

Este reporte preliminar también indica que los sargentos Efran Pitterson, David Gamarra y el cabo Abilio Serracín fueron capturados por los manifestantes en el sector de Débora Guabito, mientras que el agente Esteban García fue retenido en Puente Torres. Todos, según el informe, ‘fueron objeto de vejámenes y maltratos’ por parte de sus captores.

Se incluye, además, el informe del Centro de Operaciones de la Policía Nacional, donde se reportaron 44 unidades de policía con lesiones producto de armas de fuego, objetos contundentes u otros; 220 manifestantes detenidos por alteración del orden público; 160 manifestantes afectados por uso de municiones de perdigones y dos manifestantes muertos.

Destaca también el reporte que la emisora Ondas del Caribe fue vandalizada por los manifestantes, mientras que otra radioemisora, Estéreo Mar, no sufrió daños y fue utilizada por los manifestantes.