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Actualizado
- 07/08/2010 02:00
Creado
- 07/08/2010 02:00
PANAMÁ. La oposición a la Ley 30 y el caso Bocas parecieran ser el principio de concordancia del diferendo entre el Ejecutivo y la socie...
PANAMÁ. La oposición a la Ley 30 y el caso Bocas parecieran ser el principio de concordancia del diferendo entre el Ejecutivo y la sociedad civil.
El Gobierno Nacional formalizó la instalación de las dos comisiones que se encargarán de investigar y buscar soluciones a la polémica ‘ley langosta’, que hasta el momento ha dejado dos muertos y decenas de heridos.
El primer paso ya fue dado. Desde el lunes iniciarán las conversaciones con los distintos sectores (obreros, empresarios y ambientalistas), quienes revisarán de manera íntegra el polémico documento.
No obstante, todavía existen sectores que aún no están conformes con el esfuerzo que hasta ahora han hecho las autoridades gubernamentales para llegar a un punto de entendimiento con la sociedad civil respecto a la Ley 30.
INDÍGENAS NO QUIEREN COMISIÓN
A través de un comunicado, la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas en Panamá rechazó la creación de una comisión para investigar los hechos en Bocas del Toro instaurada por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, al cual califican de ‘fascista’ y ‘genocida’.
Los principales líderes de las comunidades indígenas en Panamá solicitan que sea la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la encargada de realizar una investigación en el lugar de los hechos y luego presentar un informe independiente.
Exigen al Gobierno derogar la Ley 30, la cual, consideran, afecta directamente las conquistas de los pueblos indígenas; y responsabilizan al Gobierno de la desaparición de indígenas durante las protestas que se dieron en el distrito de Changuinola el pasado mes de julio.
La lista de demandas al Gobierno central incluye establecer la discriminación como un delito dentro del Código Penal, la destitución de los ministros de Trabajo y Seguridad, así como del director de la Policía Nacional, por encubrir y justificar violaciones a los derechos humanos.
CERO DEROGATORIA
Pero el presidente reiteró que en ningún momento se ha hablado de derogar la ‘ley langosta’.
Martinelli aseguró que no se ha planteado la derogatoria de la ley, sino ampliar el diálogo. ‘Estamos dispuestos para revisar cualquier ley, decreto, incluso hasta la Constitución’, dijo el mandatario.
El presidente defendió una vez más la nueva legislación, reiterando que con ella se refuerza la seguridad de los ciudadanos en las calles
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