¿Quiénes investigarán al magistrado?

PANAMÁ. Cuatro de los nueve diputados de la Comisión de Credenciales, encargada de investigar los seis expedientes contra el magistrado José Abel Almengor (cinco de ellos por PAMAGO), tienen procesos pendientes en la Corte Suprema de Justicia.

El más reciente es el del diputado oficialista Gabriel Méndez, a quien lo acusan de cometer supuesto delito contra la honradez del sufragio.

En la denuncia, que llegó a la Corte a finales del mes pasado, se aduce que el diputado realizó una jornada de inscripción en una feria ‘Compita Jumbo’ en Juan Díaz.

En su momento, Méndez explicó que una actividad no tenía que ver con la otra, y que en su jornada de inscripción no hubo irregularidades porque habían cinco fiscales electorales.

Otrora, Miguel Fanovich —quien preside la comisión—, también fue acusado por supuesto delito contra la honradez del sufragio.

Fanovich fue denunciado en octubre de 2009 ante la Fiscalía Electoral Tercera por, supuestamente, haber pedido votos a cambio de dinero y ayuda en las comunidades de Guacá Abajo, Alto Majagua y Rodeo, en Guacá Arriba, en Chiriquí.

La Fiscalía Electoral luego remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Víctor Benavides actúa como fiscal.

Fanovich replicó que la denuncia no tenía validez, porque había sido interpuesta telefónicamente.

El primer vicepresidente y comisionado de Credenciales, Manuel Cohen, también está en la lista de diputados de esa comitiva con procesos abiertos en la Corte.

El informe de diciembre de 2010 del Tribunal de Cuentas lo vincula, junto a su colega Vidal García, en una supuesta lesión patrimonial.

Según la documentación, Cohen y otros ciudadanos fueron nombrados como asesores en la gerencia general de la Caja de Ahorros en el año 2004; empero, no prestaron sus servicios, aún cuando cobraron 60 mil 613 dólares.

Sobre el caso, en 2008 el diputado fue sobreseído provisionalmente, sin embargo, por una apelación, el proceso está en espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Los procesos también incluyen al diputado del opositor PRD Benicio Robinson, mencionado en el escándalo financiero del Fondo de Inversión Social en 2010, y que llevó a meros cambios en esa institución.

El entonces fiscal Segundo Anticorrupción, Ramsés Barrera, decidió remitir el expediente a la Corte Suprema para que ese órgano determinara cómo se harían las investigaciones.

TRÁMITE DE PRIMERA QUERELLA CONTINÚA

Aunque Fanovich aseguró que hoy la Comisión de Credenciales deliberaría sobre el expediente 122, en la agenda del día remitida por la propia Asamblea a los medios no incluye esa reunión.

Según dijo Fanovich, la comisita se reuniría a las 2:00 p.m. en el Salón Azul. Allí, tras una semana de revisión técnica, los diputados tomarían uno de dos caminos: admitir la querella o, en su defecto, la archivarla.

La Estrella intentó confirmar si se retrasará la reunión, sin embargo, ni los directivos ni los comisionados de Credenciales respondieron las llamadas a sus celulares.

Aún así, lo más probable es que la Asamblea archive el primer expediente, según el ex procurador de la Nación Rogelio Cruz, porque el caso al que se hace referencia no se relaciona con el escándalo por PAMAGO.

‘Hay que recordar que Almengor no votó y los otros magistrados no están acusados de formar parte de PAMAGO’, consideró el jurista.

Después de tramitar la primera querella, la Comisión de Credenciales pasaría a analizar el expediente 124, demanda presentada por la Asamblea Ciudadana.

ACUMULAR LAS DENUNCIAS... ¿UN DILEMA?

Otro aspecto que se pone en perspectiva hoy es la necesidad de acumular las denuncias, querellas y demandas en contra del magistrado José Abel Almengor.

El diputado Miguel Fanovich, presidente de la Comisión de Credenciales, aseguró que los expedientes no serían acumulados, porque tras una asesoría técnica encontraron que no podían acumularlos ‘porque son distintos’.

Para Víctor Lewis, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, salvo el primer expediente, todos los demás que traten de Almengor y PAMAGO podrían ser acumulados.

Si esto ocurre, agrega Cruz, el tiempo de análisis de los expedientes podría tardar hasta 20 días, en lugar del mes y medio que se usará si el procedimiento se realiza uno por uno.