‘Alerta’ por cambios en los contratos con el Estado

PANAMÁ. Mientras que el gobierno se abstuvo ayer de dar una respuesta a La Estrella por los cambios introducidos a los contratos pactados por $237 millones para la construcción de cuatro hospitales, voceros de la sociedad civil advierten que están alerta, pues estas modificaciones podrían dar lugar a actos de corrupción y manejos irregulares con los fondos públicos.

Este diario publicó ayer una nota en la que se denuncia que a través de adendas introducidas al contrato firmado entre el Ministerio de Salud y el consorcio IBT Group-Panamá, el Estado panameño tendría que pagar $16 millones adicionales a lo pactado originalmente en concepto del ITMBS o impuesto del 7%, además de un adelanto por $50 millones que no estaba acordado en la fecha del contrato firmado bajo la figura de llave en mano y que se cancelar al final de la obra.

Según la dirigente perredista Balbina Herrera, en una reunión con la contralora, Gioconda de Bianchini, ésta respondió que ‘desconocía las adendas’.

NO HAY RESPUESTA OFICIAL

Desde la mañana de ayer, La Estrella trató de obtener una posición formal, tanto de la Contraloría de la República como del Ministerio de Salud, pero hasta la hora de cierre de esta edición no hubo una respuesta.

A últimas horas de la tarde, la jefa de Relaciones Públicas, Juana de Alcázar, informó que la función de la institución es sólo ‘revisar y firmar’, pero que el resto corresponde al Ministerio de Salud.

La funcionaria dijo que remitió la solicitud hecha por este diario al Ministerio de Salud, a fin de que sean ellos quienes den la respuesta.

Mientras que en el Ministerio de Salud, se informó que el equipo técnico y de asesoría legal está haciendo una evaluación de las denuncias incluidas en las publicaciones, pero que hasta la hora de cierre no tenían una respuesta. Es probable que hoy tengan preparado un comunicado para pronunciarse formalmente.

‘CHINCHORRO’ SORPRENDIDO

El profesor Rubén Darío ‘Chinchorro’ Carles, conocido por el férreo control que mantuvo en el uso de los fondos públicos durante el tiempo que permaneció al frente de la Contraloría en la época post-invasión, se mostró sorprendido por la actuación de la institución.

Como conocedor de las normas que rigen la Contraloría, dijo que la Constitución le otorga al contralor, o contralora en este caso, la facultad de levantar el control previo, pero opinó que hay casos en los que no es recomendable que se haga. ‘No se debe hacer’, recalcó. Sobre todo, dijo que no es recomendable cuando se trata de contratos multimillonarios con empresas internacionales, pues se presta para suspicacias y se generan dudas que ‘están bien fundadas’.

Contario a la posición expresada por funcionarios de la Contraloría, Carles dijo que en este caso, la única que tiene que dar explicaciones al país es la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, ‘pues es ella la que debe vigilar el uso de los fondos públicos’.

ADVIERTEN CORRUPCIÓN

La Alianza Ciudadana Pro Justicia se mostró preocupada por la situación. Carlos Lee, vocero de la organización, dijo que lo único que este comportamiento refleja es que ‘no hay responsabilidad del Estado en el manejo de fondos públicos, eso podría traducirse en una lesión patrimonial’. A través de la figura de los proyectos llave en mano, el Estado adquiere compromisos que no se reflejan en el presupuesto y que no se conocen, sólo dejan deuda para el futuro, amplió.

Mientras que Idalia Martínez, del Frente de Justicia y Libertad, expresó que ante el uso de adendas estamos frente una práctica ‘malsana’ que no se justifica, pues si el gobierno pacta un acuerdo, se debe cumplir y no modificarlo en el camino sin justificación aparente. Además, resulta ‘grave y sospechoso’ que los funcionarios que deben dar las explicaciones no las den; entonces, a la Sociedad Civil no le queda más que estar alerta.

‘Quién puede decir ahora que desde el momento que se hizo el acto público no se informó a la empresa en cuestión que en el futuro se le beneficiaría con un cambio a las reglas con las que las demás empresas participaron’, dijo el exprocurador de la Nación Rogelio Cruz, quien se suma a las personas preocupadas.

Según Cruz, los cambios que se introducen vía las adendas se prestan para muchas interpretaciones que al final conducen a una conclusión y es que ‘se puede estar frente a actos de corrupción o manejos irregulares con fondos públicos’.