Informe revela ‘fallas’ de Navarro

PANAMÁ. Una auditoría financiera a las transacciones del Municipio de Panamá entre 2000 y 2009 —ordenada el año pasado— dejó ver presuntas irregularidades en el manejo de sus fondos.

La investigación, llevada a cabo por la consultora M&C Anti Fraud Consulting Group a petición del entonces alcalde Bosco Vallarino, y a la que La Estrella tuvo acceso, apunta a que las supuestas anomalías ocurrieron en el período de su antecesor, Juan Carlos Navarro. Y ella toca las cuentas de la ya extinta Dirección de Aseo Urbano y Domiciliario (Dimaud).

Según el informe que preparó M&C —cuyo dueño también levantó la auditoría que reveló que un grupo de diputados lesionó los fondos del entonces FIS, por 12 millones de dólares—, el Municipio capitalino pidió, como parte de un préstamo por $9 millones con el extinto Banistmo en 2006, 2.8 millones para cancelar dos contratos que mantenía desde 2004 con la distribuidora de equipos pesados Tiesa y con el Banco Continental, para adquirir 31 camiones recolectores de basura.

Sin embargo, el monto real no era ese. Sostiene el estudio que los contratos para la compra de los camiones alcanzaban apenas el millón 546 mil 619.28 dólares. Es decir, que el millón 253 mil 380.79 dólares restantes ‘quedaron en el limbo’, según el informe.

Eso fue, de acuerdo con M&C, el ‘sobrante de una operación dudosa’.

Pero el remanente no sería la única irregularidad detrás del pago de la Alcaldía de Panamá. Los contratos incluso estaban siendo ‘amortizados’ antes con partidas presupuestarias.

Según el estudio, la Dimaud de la Alcaldía capitalina desembolsaba el dinero por tres vías: cheques a la orden del propio municipio y su depósito de garantía, a la orden de Tiesa y a través del préstamo.

Con la primera, el dinero depositado pasaba de cuentas municipales en el Banco Nacional a una de plazo fijo de Tiesa en el Banco Continental. Después era pasado a un fondo interno que daba con la letra el préstamo por los camiones. Pasaron 28 cheques con 75 mil 805.21 dólares cada uno.

Con la segunda fórmula, aseguró en su informe M&C, pasó al menos 565 mil 525.39 dólares en 38 cheques. Se utilizaron cuentas en nueve bancos. Ese dinero, concluyó la investigación, no era registrado en el libro mayor de las cuentas por pagar.

Y en la tercera, el monto pedido ‘no coincidía con el monto del saldo del reporte de la cuenta por pagar’.

Para 2008, los camiones fueron considerados ‘chatarras’ por el Banco Continental. Uno de ellos había sido adquirido por 71 mil dólares y para entonces tenía un valor de 210 dólares; se ordenaba comprarles repuestos.

‘M&C NO ES FIRMA IDÓNEA’

Pero los señalamientos de la auditoría de M&C son refutados por el equipo del exalcalde Juan Carlos Navarro. Lo vieron como un ataque político.

‘La consultora M&C no es una firma de auditoría idónea y ha demostrado en el pasado que carece de toda seriedad’, dijo el portavoz de Navarro, Max Bedoya.

Según Bedoya, el cheque de gerencia de Banistmo por 1.2 millones fue aprobado por la Tesorería Municipal y la Contraloría General y depositado a la cuenta de la Dimaud. ‘El áudito anual realizado por la Contraloría al municipio en el año 2008 demuestra que los fondos fueron utilizados en estrictos cumplimiento de la ley’

‘El préstamo con el Banco Continental fue pagado mensualmente al banco, tal cual lo programado, de manera responsable y puntual durante la pasada administración con cheques emitidos por Tesorería Municipal refrendados igualmente por Contraloría’, agregó.

Incluso, aseguró el portavoz de Navarro, ‘el mantenimiento y la compra de repuestos de los camiones se realizó de manera programada cumpliendo de igual forma con todas las normas vigentes en materia de contratación pública (...) la Contraloría llevó un control estricto y un áudito permanente de todos los equipos y bienes de la Alcaldía’.

‘Todas las aseveraciones de esta seudoaduditoría son completamente falsas y no son más que una burda persecución política contra el nuevo líder del PRD’.

EXIGEN PRUEBAS

Navarro, a través de su vocero, exigió que se presenten ‘de inmediato’ ante fiscalías las pruebas de cualquier ‘requisición u orden de compra fraudulenta en el Municipio de Panamá’.