Ultratech: una empresa bendecida por el gobierno

PANAMÁ. La empresa Ultratech International Enterprises S.A. que recibió la adjudicación de un contrato para la compra de armas de represión hace menos de un mes, ya tiene experiencia en el ramo comercial con este gobierno.

En el 2010, el departamento de Compras del Ministerio de Seguridad le otorgó otro contrato a esta misma sociedad para la adquisición de artículos tácticos operativos para uso de la Policía Nacional por valor de $5,145.

Esta empresa tiene como representante legal a Abel Villareta, que labora como trabajador comunal en la planilla de la diputada oficialista y presidenta de la Comisión de Gobierno, Dana Castañeda.

El dignatario de esta empresa es Roberto Carretero –quien junto a sus hermanos– armaron el emporio de las populares bicicletas Rali.

Ultratech International Enterprises S.A. ha participado en otros actos de licitación, como por ejemplo la convocatoria que también hizo en 2010 la Policía Nacional para la adquisición de chalecos tácticos policiales negros.

SORPRESIVA COMPRA DIRECTA

Otras de las empresas de la familia Carretero que también logró acaparar la atención del Ministerio de Seguridad fue International Munitions & Explosives, S.A. (Inmunex), que el 12 de abril de 2011 el Consejo de Gabinete autorizó la compra directa por $4.6 millones de armas, municiones, y equipos para el uso del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Para esa época, las autoridades del gobierno nunca brindaron detalles de esta también millonaria compra al considerar que dejar al descubierto esa información ‘vulneraría’ la seguridad ciudadana, presidencial y del Estado.

Ahora, a mediados de 2013, la sociedad del empresario Carretero se ganó un jugoso contrato con el gobierno por el orden de $8,849,542.

SOCIEDAD CIVIL EN ALERTA

Esta adquisición millonaria se ha convertido en foco de críticas por representantes de la sociedad civil, sobre todo porque ha sido esta gestión gubernamental la que por medio del uso de armas de represión estuvo en la mira de las organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional tras los enfrentamientos que se dieron entre las unidades antidisturbios de la Policía Nacional y manifestantes en las protestas del 2010 en Bocas del Toro y en 2012 en San Félix y en Colón, que mancharon de sangre esta gestión gubernamental precisamente porque se cuestionó el uso de armas letales por parte de los antimotines y que dejaron más de una decena de lisiados.

Por esta razón, la compra de equipos de represión sumada a las otras compras millonarias que ha realizado la Policía Nacional en esta ad ministración, tales como armas, máscaras antigas, equipos especiales para escoltas, polígrafos, uniformes, detectores de metales, botas, mochilas, linternas, traje contra explosivos y chalecos entre otras es mal vista por dirigentes de la sociedad civil, ya que se producen en un año preelectoral.

COMPRAS: ¿PARA QUÉ FIN’?

¿Qué persigue el gobierno con la idea de andar comprando equipo de represión a pocos meses de su salida? Esta es la primera pregunta que se le viene a la mente a Mariano Mena, vocero del Frente Amplio por la Democracia, que no duda que la resurrección del fantasma de la remilitarización ya es inminente

Para Mena, estos movimientos del gobierno no son más que ‘un acto de blindaje para allanar el camino frente a la resistencia que podría tener el partido gobernante tras la búsqueda de su reelección presidencial’. Un panorama que Mena advierte los ‘mantiene alertas frente a la política de masacre del gobierno del Cambio’.

Una inquietud que de por sí el dirigente de la extinta cruzada civilista, Aurelio Barría, ha venido repitiendo hasta la saciedad, aludiendo a que ‘las señales de la militarización del país son claras’.

Aunque el presidente Martinelli niega que ese sea el fin, para estos defensores civiles es inevitable revivir las épocas más oscuras de la dictadura militar. ‘Los rumores de un golpe de Estado, siempre han estado a la vista’, repite el presidente del país, Ricardo Martinelli.