El rol de la Corte en Juan Hombrón

PANAMÁ. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, aseguró ayer que su Gabinete decidió la construcción de una base aeronaval en Juan Hombrón para ‘evitar especulaciones’ sobre quiénes se disputan las codiciadas tierras playeras.

‘Ha habido mucha polémica’, dijo el mandatario, un día después de sorprender con la noticia de la base y sostener en un tuit que no tiene que ver con Santa Mónica, pese a que nadie le había inquirido sobre el tema.

Santa Mónica y Juan Hombrón han generado dudas toda la semana. La hacienda, histórica por ser el centro del litigio de la fortuna de Wilson Charles Lucom, argumenta ser la dueña de las tierras de la playa coclesana, y pidió a la Corte Suprema de Justicia entregárselas.

Lo hizo el 24 de junio, en medio de un proceso judicial que poco tiene que ver con a quién le pertenecen, sino con una queja de inconstitucionalidad que presentó una de las sociedades que se ha considerado afectada por la expropiación que el gobierno aplicó en Juan Hombrón, tras el escándalo de titulaciones de la Anati a la familia del exministro Jimmy Papadimitriu.

Esto ha encendido las alarmas entre los abogados, que temen un exabrupto judicial sin precedentes.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Rogelio Cruz, dice no entender la posibilidad de que la Corte entre a definir quién se quedará con las tierras de Juan Hombrón en un caso de inconstitucionalidad de un Decreto Ejecutivo.

‘La Corte sólo puede hacer dos cosas: declarar si es constitucional o no lo que hizo el Gabinete. Y nada más’, insiste el abogado.

Cruz se suma así a las advertencias del exnotario Mario Velásquez Chizmar y de la exmagistrada Esmeralda de Troitiño, quienes consideraron que sería un error que los magistrados entraran a decidir sobre el destino de las codiciadas tierras en un proceso como éste.

La Hacienda Santa Mónica argumenta que Juan Hombrón le pertenece desde 1914, cuando la Constitución permitía que los privados tuvieran terrenos de playa.

La compañía puso en perespectiva su reclamo justo después de que el Grupo Verdeazul, dominado por el empresario y exministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, comprara la mayoría de sus acciones.

¿FRAGUANDO EL ‘ERROR’?

‘Es una maniobra para recuperar la propiedad en medio de una acción de inconstitucionalidad’, advirtió Velásquez Chizmar, quien notarió el testamento de Wilson Lucom, el último dueño de Santa Mónica.

‘No puede’, planteó, por su lado, Troitiño. ‘Si es por inconstitucionalidad, debe ver eso. Si Santa Mónica quiere las tierras, debe interponer recursos en ese sentido’. La empresa anunció esta semana que llevará acciones legales tendientes a recuperar lo que es suyo.

‘Como consta en el Registro Público y en el título original de la propiedad, Hacienda Santa Mónica se extiende hasta el Océano Pacífico como lindero Sur, sin mención alguna de terrenos baldíos nacionales o de propiedad particular en ese sector’, argumentó la compañía en un comunicado.

Las advertencias solo han venido a profundizar los recelos sobre el sistema judicial. Siguen delatando una crisis que quedó desnuda cuando un cable de la exembajada de Estados Unidos en Panamá Linda Watt, quien sostuvo que los magistrados ‘administran la Corte como una empresa delictiva (racket)’, que decide con ‘cifras de seis dígitos y más’. Espere el lunes una entrevista exclusiva con uno de los actores.