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02 de Mar de 2021

Política

Opositores triangulan a CD con las crisis y los comicios

PANAMÁ. El coctel de crisis que Panamá se bebe ha generado una cadena de dudas y sospechas entre figuras opositoras y críticas del gobie...

PANAMÁ. El coctel de crisis que Panamá se bebe ha generado una cadena de dudas y sospechas entre figuras opositoras y críticas del gobierno. Ninguna termina de descifrar si las rebeliones son espontáneas o si resultan del delirio político que el país ignora mientras se toma la noticia de que es uno de los más felices del mundo.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) pegó primero. Lanzó la pregunta que ha incomodado a las esquinas opositoras, que encienden las luces: ‘¿se busca crear el clima para justificar la no realización de las elecciones en 2014?’.

La agrupación política ha hilado los sobresaltos.

Tras la huelga de docentes, el sector salud (el segundo más grueso de Panamá) se ha abocado a un paro que tensa la relación con el oficialismo y los pacientes. Y antes de ello, el ciudadano debió entender que los partidos políticos perdían estabilidad, a causa del transfuguismo, los acuerdos de recámara, el asesinato de Juan Ramón Messina y la desconfianza entre directivos y figuras de las campañas presidenciales (por ejemplo, la maniobra de salida de Sonia de Luzcando de la campaña de José Domingo Arias, y la asunción de José Muñoz, de la línea más ‘dura’ de CD).

‘Se ha dado un proceso progresivo de elevación de la agresividad. Hay violencia y elementos ineludibles’, explica el presidente del FAD, el médico Fernando Cebamanos.

Gerardo Solís es mucho más tajante. ‘Ricardo Martinelli quiere tener dividido al país porque en el río revuelto la ganancia es del pescador. Y Martinelli está montado en la barca. De esta manera puede sacar provecho de la situación. Todo es producto de una farsa’.

Esa ‘farsa’ es el residuo de una cadena de situaciones que, según Cebamanos, guarda relación con la remilitarización de la fuerza policial y la andanada de publicidad estatal en tiempos políticos. ‘Son muchos elementos preocupantes’, apunta, dejando la duda abierta a un paraje hasta ahora desconocido.

Y ese objetivo es, según el Organismo Consultivo Permanente del Pacto Ético Electoral, poner a trastabillar la institucionalidad democrática del país.

‘La institucionalidad democrática es el respeto a la voluntad popular. La voluntad popular se expresa en las urnas. Eso es el resultado de las elecciones’, explica el diputado y secretario general del partido Panameñista, Alcibiades Vásquez.

Una eventual paralización del proceso electoral pondría de cabeza al país al que en el plano latinoamericano todos reconocen como ‘el Dubái de América’.

‘A los únicos que les he escuchado decir eso es a la oposición, que tiene temor de perder. Además, su organización está muy adelantada’, dice Luis Eduardo Camacho, vocero del gobierno y de CD.

CONSTRUYENDO EL CAMINO

Pero los opositores no le pierden la pista. Leandro Ávila, diputado y vicepresidente del PRD, asegura que la posibilidad de la suspensión de las elecciones no es algo en firme, pero tampoco descartable. Y se decanta por esta última opción.

‘Hace quince días que vengo escuchando ese argumento. Si bien no es una hipótesis demasiado sólida, no es descartable, ya que el gobierno estaría viendo una inminente derrota’, argumenta, proyectando la caída del candidato Arias, al que todas las encuestas sitúan como el favorito después de una asunción en efecto espuma.

Cebamanos respalda ese planteamiento al asegurar que las pistas ineludibles son, además de los choques permanentes con dos sectores públicos trascendentales y los partidos políticos, ‘la progresiva remilitarización de la Policía Nacional, el bombardeo mediático de las obras del gobierno y la crispación del ambiente preelectoral’.

‘Se ha dado un proceso progresivo de elevación de la agresividad. Hay violencia y ya hay antecedentes’, argumenta el médico-político.

En los círculos políticos harto se habló, desde la salida de los panameñistas del gobierno, de un ‘plan M’, la proyección del gobierno de un proyecto país no de cinco años, sino de quince. Empezó con un trazado faraónico de obras civiles de la mano, según los opositores, de la ‘destrucción de las instituciones democráticas’. Repasan la caída de la procuradora Ana Matilde Gómez, el intento de composición de una nueva sala de la Corte Suprema de Justicia y los choques con el Tribunal Electoral.