Temas Especiales

09 de Apr de 2020

Política

Piratería, dinero y política: lazos intensos

PANAMÁ. La piratería en el transporte público es un negocio de miles de dólares soportado por un sólido círculo de transportistas y polí...

PANAMÁ. La piratería en el transporte público es un negocio de miles de dólares soportado por un sólido círculo de transportistas y políticos y sazonado por los imparables reclamos de los usuarios del Metrobús y el calor de las elecciones.

San Miguelito es el mejor ejemplo. Después de la presión del diputado oficialista Marcos González (presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea y exdirigente transportista), la Autoridad del Tránsito entregó permisos indefinidos a 75 buses ilegales de ese distrito, coordinados por la Unión de Transportistas del Corredor Norte (Ultracon), una sociedad de buseros que jamás desapareció con los diablos rojos. (Ver facsímil)

Según el acta que reposa en el Registro Público, UItracon es presidida por Hugo Polo Flores, quien aspira a diputado por el circuito 8-6 apoyado por el Movimiento Independientes por el Cambio (MIC). Esa agrupación respalda al oficialista Cambio Democrático (CD) y al gobierno de Ricardo Martinelli.

Así como Polo, su hermano homónimo es parte de la directiva de Ultracon, y entusiasta representante legal de CD. Como abogado cobró notoriedad cuando demandó en 2012 al magistrado electoral Erasmo Pinilla por la investigación sobre el caso de compra de votos en El Bebedero.

Sin embargo, Polo, el candidato, en sus programas de televisión en Plus (el canal de Alfredo Prieto, líder de Panamá Avanza, el frente oficialista que fustiga a los candidatos opositores) reniega de cualquier vínculo político con el oficialismo, dada su filiación al MIC.

De hecho, sin reparos ese grupo promociona su candidatura independiente en los piratas que opera. ‘La voz del pueblo, por mi San Miguelito’, rezan sus buses, de 15 pasajeros, que por vuelta generaría hasta $40.

UN MERCADO AL MARGEN DE LAS LEYES

Pero los permisos a Ultracon solo significan un momento de gloria de un sistema paralelo que rinde mucho, y siempre. Política y económicamente.

Los piratas funcionan como el sistema de diablos rojos: hay una piquera, un fiscal y un zarpe que pagar.

En el caso de los de San Miguelito, este canon es de $11 diarios, que a razón de 75 buses llegaría a $825.

Los propios transportistas explicaron a La Estrella el proceso. El zarpe es cancelado al coordinador de la ruta, que luego rinde cuentas a la operadora de los permisos; es decir, Ultracon.

Esa sociedad tiene desde el 15 de diciembre pasado el aval para operar las rutas Torrijos Carter y Santa Librada-Corredor. En este tiempo, solo por el zarpe, habría generado poco más de $70 mil ($24 mil al mes), y al cabo de seis meses el ingreso superaría los $140 mil. De ello, explican transportistas, se debe pagar el sueldo al personal que controla la operación de los buses, que a razón del salario mínimo, absorberían no más de $4 mil en medio año.

Víctor Martínez, un abogado especialista en asuntos del transporte público, insiste en que la profundidad del negocio es aún mayor de lo que se pueda imaginar.

‘Ese es un negocio lucrativo que la Autoridad de Tránsito sabía que estaba circulando y permitió que siguiera’.

La ATTT se escuda y repica el problema al diputado Marcos González, fiel defensor del sistema ilegítimo. Y él, a su vez, despeja cualquier duda: ‘yo no tengo buses, mi negocio son los taxis... en Ultracon la mayoría son los dueños individuales de cada bus’.

‘MARKETING’ POLÍTICO SIN CORTAPISAS

González parece no estar interesado en ser parte del negocio de la piratería, pero no niega de los beneficios que ha generado el intento de ‘resolver’ el problema del transporte en San Miguelito generado por el Metrobús.

‘Como quiera que yo provengo de San Miguelito, soy su diputado y ocupo una curul en la Asamblea, es mi responsabilidad velar por la tranquilidad de esos usuarios y de los residentes’, reconoció en la televisora Telemetro el miércoles último.

‘Es una medida política’, reflexionó el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Comercio, Jorge García, poco después de que el gobierno diera los permisos que el diputado gestionó. Y podría tener una brújula en la mano.

González, atestado de contendores en el propio oficialismo y con el peso de una reforma electoral que le obliga a conseguir votos para él, escarba en un problema permanente de San Miguelito. En las próximas elecciones deberá estar entre los seis más votados para reelegirse.

En el 8-6, el Padrón Electoral asciende a 234 mil votantes, y la media por curul es de 33 mil votos, cerca de ocho mil más que el cociente electoral ordinario de ese circuito.

Las elecciones, entonces, supondrían un esfuerzo mayor por captar votos. Y González partió por delante. Solo así se entiende la tesis que manejan los transportistas, de que el diputado y Polo son ‘como el agua y el aceite’, pero que el apoyo de uno al otro sería un ‘asunto de conveniencia política’. Ambos se promueven detrás de la cortina del negocio urbano que desenmascara la improvisación del Estado en el transporte público.