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03 de Jun de 2020

Política

Indemnizaciones, otra complicación para Varela

El Presupuesto de la Nación no contempla dinero para pago de compensaciones

Indemnizaciones, otra complicación para Varela
La aplanadora oficialista aprobó la ley que empezó a regir el 1 de enero del año en curso, durante las sesiones extraordinarias del 2013.

El presidente saliente, Ricardo Martinelli, sigue esforzándose por complicar el inicio de la gestión del nuevo gobierno. Una de sus últimas acciones dificulta al presidente electo, Juan Carlos Varela, nombrar a su equipo de trabajo y personal de confianza en los ministerios e instituciones del Estado.

Martinelli ha dicho en más de una ocasión que gobernará hasta el último día y así lo está haciendo. Cada día saca un as distinto bajo la manga y emprende otra acción que al final complica la gestión del nuevo gobierno.

El Decreto Ejecutivo 52 del 26 de junio de 2014 —que reglamenta la Ley 39 del 11 de junio y la Ley 127 del 21 de diciembre de 2013— sería un nuevo obstáculo.

Este decreto, firmado por el presidente Ricardo Martinelli y la ministra de Trabajo Alma Cortés, dispone que las instituciones públicas ‘deberán entregar un cheque cancelando las prestaciones y los derechos adquiridos en la fecha que se haga efectiva la renuncia, destitución justificada e injustificada’.

Pero no tomaron en cuenta algo. Para hacer efectivo el pago de la indemnización, el dinero debe estar contemplado en el Presupuesto General del Estado, y no lo incluyeron.

La misma Ley de Presupuesto, en su artículo 234, en los capítulos que regulan las normas de ejecución presupuestaria, establece que ‘no se podrá hacer ningún pago si no se ha cumplido previamente con la formalización del registro presupuestario de esta obligación’.

¿Y LOS FONDOS?

El diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático, y miembro de la Comisión de Economía y Finanzas, Juan Carlos Arosemena, asegura que nadie sabe cuánto dinero se tiene para pagar esas destituciones.

Agrega el diputado, que estuvo presente en el debate del Presupuesto del Estado, que no recuerda que se haya incluido en las partidas de las instituciones fondos o dineros para cancelar los despidos.

Informes de la Contraloría detallan que hasta abril de 2014, en el sector público había 205,119 funcionarios. De ese total, 183,921 son permanentes y 21,198 son eventuales.

El diputado del PRD asegura que leyes como esta son las que analizaría el próximo gobierno para su posible derogación.

PROTECCIÓN

El diputado José Muñoz, cercano colaborador del presidente Martinelli, encontró una fórmula para que el nuevo gobierno tenga el dinero si pretende despedir a algunos funcionarios de la actual administración. ‘Debe solicitar un traslado de partidas a la Asamblea Nacional, y que tenga el visto bueno de la Contraloría y del Ministerio de Economía y Finanzas’.

Según Muñoz, no es justo que los funcionarios se afecten por el ‘vaivén de los gobiernos’.

Justamente fue el actual gobierno el que derogó la Ley 9 de junio de 1994, que dictó la Carrera Administrativa que protege a los servidores públicos.