Autores de los indultos, a la justicia

La decisión está tomada. Ahora le toca a Ana Belfon, jefa del Ministerio Público, determinar la responsabilidad penal en que pudieron haber incurrido los funcionarios que expidieron los indultos revocados.

Fue Alma Cortés, quien como ministra designada de Gobierno, en las últimas horas del gobierno de Ricardo Martinelli, firmó con él los indultos. Jorge Ricardo Fábrega, entonces ministro de Gobierno, se abstuvo.

Ahora les corresponderá a los responsables responder ante la justicia. El abogado Roberto Troncoso asegura que ‘no se pueden hacer leyes contra la Constitución y que no pase nada’.

La Carta Magna otorga al presidente de la República la facultad de conceder indultos, pero por delitos políticos. En un fallo previo, la Corte definió los delitos políticos: en caso de rebelión, sedición o la insurrección armada, pero los indultados no estaban en esta categoría. Los indultados no están en esta categoría.

Troncoso advierte que si ‘hubo la intención de salvar a alguien... tienen que asumir la responsabilidad la ministra y el presidente’.

Ambos gozan de inmunidad. El exmandatario, por ser miembro del Parlacen, y la ministra, por su condición de secretaria general de Cambio Democrático. Esto podría complicar cualquier proceso en su contra.

El exprocurador de la Nación Rogelio Cruz alega que el procedimiento que ahora corresponde es ‘iniciar un sumario’, lo que ha hecho el Ejecutivo es presentar una denuncia ante la procuradora de la Nación para que se determine si hubo delito.

El exmagistrado del Tribunal del Electoral Guillermo Márquez Amado también tiene su opinión: ‘se debe investigar a los funcionarios que incumplieron la norma constitucional’.

Por el lado de Transparencia, apoyan la decisión del presidente Varela y dicen que era necesario tomar una decisión bien analizada.

Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, asegura que ‘si los servidores públicos solamente pueden hacer lo que la ley les permite y hubo excesos en las actuaciones de algunos funcionarios, es necesario que la autoridad competente emita su opinión y establezca las sanciones’.

Los juristas coincidieron en que el fuero electoral, del que en estos momentos goza Cortés por pertenecer a la junta directiva de Cambio Democrático, no es impedimento para investigar. ‘Si hay causales para investigación, se les debe levantar el fuero’, dijeron.

Se intentó obtener la versión de Cambio Democrático, pero no fue posible. Ninguno de los directivos quiso opinar y Cortés no contestó las llamadas