Ocho denuncias contra Rafael Guardia, exdirector del PAN

Lo que era un clamor generalizado en la sociedad, aún antes de que Juan Carlos Varela tomara las riendas de la administración del Estado, empieza a concretarse. Rafael Guardia, último administrador del Programa de Ayuda Nacional (PAN), tendrá que enfrentar la justicia penal.

Sobre Guardia ya pesan al menos ocho querellas criminales en diferentes fiscalías anticorrupción (ver tabla adjunta).

Los delitos que se le señalan son diversos: peculado, malversación de fondos, abuso de deberes del funcionario público y delitos contra la administración pública, todos cometidos durante los meses que estuvo al frente de la cuestionada institución.

La Estrella de Panamá logró constatar que ya las querellas se encuentran en etapa ‘sumaria de investigación’ y que, en los próximos días, Guardia será llamado a rendir declaración indagatoria como principal imputado en los procesos judiciales.

La Estrella de Panamá pudo conocer que Guardia está ya en el país, después de someterse a una operación en La Habana, Cuba.

De ser encontrado culpable de los cargos, podría recibir una condena de entre ocho a quince años de prisión, pues la conducta delictiva se agrava en casos en que el dinero, los bienes o valores malversados estén destinados a fines asistenciales, programas de desarrollo o de apoyo social.

Una de las denuncias a las que tuvo acceso La Estrella de Panamá corresponde al cargo de malversación de fondos, por un monto de $1.7 millones. Se trata de una compra de alimentos para planteles de áreas apartadas y estudiantes de escasos recursos, solicitada por el Ministerio de Educación.

Guardia autorizó la compra de los alimentos —arroz, lentejas y frijoles— a través de un acto público por invitación, al cual solo participaron tres empresas: VAPEFA, S.A., Hialinng Corporation, S.A. y Summit Investment Group.

La compra de los alimentos se concretó mediante laResolución Ejecutiva N° 057-2014 de 27, de marzo de 2014, a la empresa Hialing Corporation, S.A. En ese momento, Guardia consideró que ‘la oferta realizada por la empresa representa los términos y condiciones más ventajosos para el Estado’, sin embargo, lo llevó a la firma del contrato N° DCP-043-2014, refrendado por la contralora Gioconda Torres de Bianchini.

Sin embargo, la actual administración del PAN logró detectar que en ese momento la compra tenía sobreprecios evidentes si se le comparaba con el precio de estos productos en el mercado local.

Según consta en la querella, la solicitud de compra de alimentos fue hecha por el Ministerio de Educación el 3 de febrero de 2014 para ser distribuidos en el año lectivo que está por concluir. A menos de un mes de la solicitud, el 28 de febrero, el PAN hace la solicitud de asignación presupuestaria y en esa misma fecha Guardia le asignó la partida presupuestaria 0.03.1.1.703.02.02.201 contra la cuenta bancaria 010000098533, a pesar de que el Consejo Directivo no había autorizado la compra.

En el caso del arroz, cada quintal fue adquirido por $80 la unidad, cuando el precio era $49 el quintal. Otro tanto sucedió con las lentejas, que se compraron a $100 el quintal, cuando el precio local era $55. Lo mismo sucedió con los frijoles chiricanos, que se compraron por $110, cuando el costo era de $76 el quintal.

Según consta en la querella, que reposa en el expediente 381-14 de la Fiscalía Primera, la actuación de Guardia originó una malversación de fondos públicos por el monto de $1,720,000.00.

Guardia habría violado los artículos 4 y 6 del Decreto 690 de 22 de julio de 2010, que crea el PAN y que incluye entre las funciones del director ‘administrar los recursos de la institución con transparencia, economía y celeridad’. Además, celebrar contratos y rescindirlos ‘de acuerdo a los mejores intereses del PAN’.