Abogados destapan la compra y venta de medidas cautelares

Sigilosamente, en el gremio de abogados ha emergido una especie de logia, bautizada por ellos mismos como ‘La Taquilla'. Se trata, según conoció este diario, de juristas que, ‘sin ningún argumento nuevo', han conseguido enviar a casa a algunos acusados por corrupción durante la era Martinelli, a los que la justicia había negado de manera tajante la excarcelación.

‘Los abogados piden medidas cautelares y se las niegan, pero, inmediatamente, llega ‘La Taquilla', presenta las mismas solicitudes y se las conceden, o las fiscalías simplemente no apelan', denunció ayer el abogado Sidney Sittón, antes de revelar que por esa gestión ‘se pagan cientos de miles de dólares'.

Víctor Almengor, hasta agosto pasado defensor de la empresaria Poulett Morales (acusada de vender con sobreprecios mochilas escolares al PAN), no asegura que se estén ‘comprando' esas libertades', pero no descarta el ‘fenómeno', que pudo favorecer a su antigua defendida .

EL EXTRAÑO CASO DE LA EMPRESARIA POULETT

‘Hay situaciones extrañas que llevan a este tipo reflexiones', agregó Almengor.

Un mes antes de renunciar a la defensa de Morales, Almengor presentó ante el juez Décimoquinto de lo Penal, Leslie Loaiza, una petición de excarcelación, basada en los padecimientos de la empresaria. Era el segundo incidente en menos de tres meses, pero se lo negaron.

El caso pasó en apelación al Segundo Tribunal Superior, intervenido ayer, tras detectarse una red de corrupción alrededor de la concesión de medidas cautelares, que denunció el propio presidente de la Corte Suprema.

Dos meses después de haberle negado la sustitución de medida a Morales, y tras un cambio de abogados, el mismo Loaiza le concedió una fianza por $100 mil, por sus padecimientos y bajo la figura de ‘ayuda humanitaria'.

‘Nos sorprende que para esa solicitud se presentaron nuestros mismos argumentos y las mismas fuentes', recuerda Almengor.

El caso quedó en manos de los exfiscales Franklin Amaya y Giovanni Olmos.

‘No puedo asumir que las palabras de Sittón sean conmigo', aseguró Amaya a La Estrella de Panamá.

Según el exfiscal, a Morales se le concedió la sustitución de medida cautelar por que ‘había un tema de salud' de por medio. ‘No hay distinción en que lo presente yo o Almengor. Si él hubiese alegado asuntos de salud, también se le hubiera concedido' el cambio, aseguró.

Almengor, sin embargo, insiste en el mismo punto: ‘presentamos los mismos argumentos'.

Amaya y Olmos también representan al exministro Emilio Kieswetter, liberado en octubre pasado, tres meses después de haber sido detenido por el escándalo de malos manejos en el fallido sistema de riego de Tonosí. Amaya sostiene que ese caso lo compartían con el abogado Roderick Arjona desde su nacimiento.

‘Mi hoja de vida es intachable. Trabajé por 18 años en el Ministerio Público, ocho de ellos como fiscal. Jamás he pedido o planteado algo indebido a algún juez o cliente', remata Amaya, antes de cuestionar la credibilidad de Sittón, el denunciante: ‘Él debe respeto a sus colegas, pero no lo conoce. Siempre se pasa', indicó.

¿DENUNCIAS VÁLIDAS?

, Sittón asegura que los abogados de ‘La Taquilla' son ‘adeptos al gobierno' y por ello sus logros en los tribunales.

Falso o no, desde el Colegio de Abogados insisten en que la denuncia es ‘delicada', más tomando en cuenta ‘la ola de cuestionamientos y la pérdida de credibilidad' a la que ha sido sometida la justicia.

‘Si hay una denuncia de este tipo, hay que hacerla en los canales institucionales', sostiene el vicepresidente del gremio, Juan Carlos Araúz, para quien el caso es ‘serio'.

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‘Los abogados piden medidas cautelares y se las niegan, pero inmediatamente llega ‘La Taquilla', presenta las mismas solicitudes y se las conceden, o las fiscalías no apelan',

SIDNEY SITTÓN

ABOGADO, DEFENSOR DE RICARDO MARTINELLI