El procurador Rigoberto González, árbitro en la Asamblea

Actualizado
  • 02/02/2016 01:00
Creado
  • 02/02/2016 01:00
La diputada Zulay Rodríguez, del opositor PRD, insiste en pedir las denuncias contra el magistrado José Ayú Prado

La acalorada polémica que mantienen en los medios de comunicación los diputados Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Jorge Iván Arrocha, del Panameñista, tendrá que esperar una decisión del procurador de la Administración, abogado del Estado.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, responderá la consulta elevada por la diputada Rodríguez, después del Miércoles de Ceniza.

‘La próxima semana se podría dar la respuesta a la consulta',RIGOBERTO GONZÁLEZ PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

De esta forma, se espera que no sea hasta después de los carnavales que se defina el tema del manejo de los procesos o la acumulación de expedientes que reposan en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, ente que por mandato constitucional debe considerar las denuncias contra los magistrados de la Corte.

Desde hace ocho meses, la diputada Rodríguez tiene en su poder las copias de las denuncias contra el magistrado presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado, y su colega diputado, Jorge Iván Arrocha, le reclama que entregue un informe.

Rodríguez aduce que no tiene todos los documentos presentados por el equipo legal de Juan Domingo Ibarra, juez suspendido, quien es el denunciante en estos procesos luego de que una investigación ordenada por Ayú Prado concluyó separándolo del cargo.

La diputada pidió ayer la opinión del procurador a fin de que sea este funcionario el que defina ‘si puede un presidente de la Comisión de Credenciales omitir una orden dada para acumulación de los procesos'. La orden la emitió el presidente anterior, el panameñista Luis Barría.

Además, preguntó a González si el presidente de Credenciales puede ‘quitar arbitrariamente' el conocimiento y/o copias de expedientes a un diputado al que ya se le había ordenado la acumulación de varios expedientes del querellante.

De esa forma, opina la diputada, se evita la acumulación de proceso, previamente ordenada por la Comisión de Credenciales.

La opinión del procurador de la Administración, que no es vinculante, se conocería ‘la próxima semana', una vez concluidas las fiestas del carnaval, según adelantó el funcionario a La Estrella de Panamá .

CARTA A ARROCHA

La diputada Rodríguez ha condicionado la entrega del informe de las denuncias interpuestas contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, a la entrega de otras tres de reciente data. Rodríguez tiene cinco en su poder y aspira a acumular las ocho.

La diputada Rodríguez deberá recomendar, a sus ocho colegas de la Comisión de Credenciales, si hay o no méritos para iniciar una investigación al presidente de la Corte por las denuncias que reposan en esa comisión legislativa.

EL DENUNCIANTE

El juez Ibarra presentó ante la Secretaría de la Asamblea Nacional en mayo de 2015 una denuncia contra Ayú Prado. En diciembre del mismo año, presentó una querella. Otras querellas fueron llevadas en enero de 2016. Según la diputada, ‘el informe está adelantado', pero no se puede terminar hasta que se le remita la ampliación debida, es decir, con todas las denuncias.

Rodríguez fue comisionada para evaluar la posible acumulación de denuncias que había presentado el juez penal de adolescentes contra Ayú Prado. El 30 de abril de 2015, solicitó al entonces presidente de la Comisión, Luis Barría, más tiempo para evaluar todos los casos y reclamó la acumulación de expedientes. Además, alega que a la fecha ‘no ha recibido por escrito ni por resolución, fecha tope para entregar el informe requerido'.

El presidente de Credenciales, Jorge Iván Arrocha, advirtió que es facultad constitucional de la Asamblea Nacional, en este caso la Comisión de Credenciales, ver las denuncias de los magistrados.

‘No es competencia de ninguna otra autoridad y, en este caso, la diputada Zulay Rodríguez peca de ignorante', señaló Arrocha.

‘Su actuación obedece a que no quiere entregar los expedientes que ya tiene y lo que busca es dilatar y ganar tiempo —añade el diputado Arrocha— no tenemos obligación como presidente de esta comisión de darle un expediente más a la diputada Zulay'.

‘¿Cuál es el miedo, Jorge Iván Arrocha?', preguntó la diputada Rodríguez al momento de presentar la consulta.

En tanto, el juez suspendido de Colón presentó ayer una solicitud a la Asamblea Nacional de copias y certificación de sus denuncias contra el magistrado de la Corte.

El abogado David Sitton remitió copia de la solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Transparencia Internacional y al Movimiento de Abogados Gremialistas.

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