La Estrella de Panamá
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15 de Oct de 2019

Política

Díaz acepta auditorías a sus cuentas y propiedades

El magistrado está de acuerdo con la solicitud que presentó el Frente Anticorrupción para que el presidente de la Corte ordene una auditoría a él, a Jerónimo Mejía y a Oydén Ortega

La respuesta del magistrado fue inmediata. Harry Díaz autorizó públicamente este lunes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, para que auditen sus bienes bajo el concepto de que ‘todo funcionario debe ser un libro abierto'.

La reacción del magistrado, recogida en la nota de su despacho 021-16, surge en medio de la solicitud formal que presentó el Frente Nacional contra la Corrupción a Ayú Prado. La solicitud es realizar una auditoría forense a las cuentas bancarias, compañías donde tengan derecho a firma y los bienes de propiedad de él, así como sus colegas Jerónimo Mejía y Oydén Ortega, todos al frente de investigaciones contra Ricardo Martinelli.

La demora en los procesos judiciales, aunado a notas periodísticas que insinuan coimas por el orden $6 millones a cambio de ‘dormir' los casos teniendo el precedente que Martinelli en una ocasión dijo que tenía $50 millones para su defensa, alertó al grupo para pedir la investigación al alto tribunal.

Díaz, en la misiva dirigida a Ayú Prado, comunica que se enteró de la solicitud del Frente Anticorrupción tras la publicación en la edición de este lunes de La Estrella de Panamá y adjuntó su declaración de bienes del pasado 7 de enero.

‘Aun cuando se ha presentado equivocadamente esta solicitud ante la Corte Suprema de Justicia y no como denuncia ante la Asamblea Nacional, tengo a bien comunicarle que estoy a entera disposición y autorizo públicamente que se proceda a auditar mis bienes', detalla el documento, con sello de recibido por el despacho de Ayú Prado.

¿Y LOS DEMÁS?

Enrique Montenegro, secretario general del Frente Anticorrupción, consideró ‘positivo' la decisión de Díaz de autorizar que auditen todos sus bienes y extendió la solicitud a los demás magistrados señalados.

Según el activista, de esa forma el presidente Ayú Prado podrá tener la evidencia si encuentra anomalías y así enviar la denuncia respectiva a la Asamblea Nacional, institución que por Constitución investiga y procesa a los magistrados.

‘Todos deben ponerse a disposición de los auditores del Órgano Judicial. El magistrado presidente puede autorizar las auditorías si tiene los pantalones', remarcó.

Sin embargo, Montenegro se muestra poco confiado que los magistrados Mejía y Ortega, cuyos periodos vencen en diciembre de 2018, se hagan eco de la petición, porque afirma se mantienen tramitando en sus firmas particulares.

En ese sentido, indicó que ambos juristas renunciaron de ‘forma simbólica' a sus firmas privadas (Mejía & Asociados y Ortega & Asociados), pero siguen atendiendo a los clientes en sus oficinas privadas.

‘Creemos conducente que todos los magistrados se pongan a disposición y salgan victoriosos', enfatizó.

Montenegro aclaró que no presentó una denuncia, sino más bien una solicitud de auditoría.

El Frente Anticorrupción sustentó su petición en los artículos 1994 y 1995 del Código Judicial, referentes a denunciar un delito y ponerlo en conocimiento del funcionario, al momento que se tenga conocimiento sin quedar inmerso en el proceso.

HAY QUE DENUNCIAR A TODOS

Según Edna Ramos, expresidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas, lo que procede es denunciar por corrupción a todos los servidores judiciales que ‘retrasen maliciosamente un proceso sometido a su decisión', de acuerdo a lo que dispone el numeral 3 del artículo 346 del Código Penal.

Todo ello, agregó, lo puede hacer el presidente de la Corte, tal como lo hizo al denunciar a un juez de Niñez y Adolescencia.

Ramos afirma que Ayú Prado está obligado a denunciar a los magistrados compañeros, cumpliendo con el artículo 1996 del Código Judicial de Panamá.

Específicamente sobre la auditoría a las cuentas, la abogada sostiene que Ayú Prado no puede ordenar esas auditorías, pero sí puede ordenar auditorías de los casos pendientes de decisión en los despachos.

Aunque ‘lastimosamente' el magistrado presidente es del criterio que no puede ser auditado por personal subalterno de su departamento de Auditorías, Ramos sugirió a los magistrados que se sometan a ese trámite mediante un organismo internacional como la Fundación Debido Proceso o por las Naciones Unidas.

DEMORA EN LOS CASOS

La sociedad civil y las víctimas de los casos que involucran a Martinelli sienten un inusual letargo en el avance de los procesos.

Mejía, juez de garantías del caso de los ‘pinchazos' telefónicos, solicitó el viernes a la Cancillería panameña iniciar los trámites para la extradición de Martinelli autoexiliado en Estados Unidos desde el 28 de enero de 2015. El 21 de diciembre de ese año, en una audiencia, el pleno de la Corte ordenó la detención provisional del exmandatario y autorizó a Mejía a tomar las acciones necesarias para cumplir ese mandato.

Pero Mejía tomó casi tres meses después de la aprobación de la detención para avanzar. La exministra Balbina Herrera, víctima de los escuchas ilegales en el periodo Martinelli, no le ve prosperidad a la solicitud de auditoría contra los magistrados, aunque se confiesa ‘triste' por el panorama que muestra la Corte Suprema.

‘Hay algo que no está bien... en la Corte no están bien las cosas, hay que ver qué cosas se hacen, es una realidad, es lamentable', dijo.

A pesar que está decepcionada, Herrera argumentó que ‘tiene que confiar en los magistrados' hasta que demuestren lo contrario.

En el caso de las irregularidades en el contrato de la comida deshidratada, el fiscal Ortega solicitó al juez Mejía (también juez de los pinchazos) una prórroga para culminar las investigaciones por supuesto delito de peculado. El proceso está suspendido desde el 2 de julio. Ortega presentó un recurso de advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 491-A del Código Procesal Penal, que concedía dos meses para concluir la investigación seguida a los diputados. En su opinión, era un plazo irrisorio y se creaba desigualdad.

La Corte declaró inconstitucional el artículo 491-A el 19 de diciembre.

El exmandatario Martinelli, en las redes sociales, se defiende: ‘No hay nada, ni ninguna prueba en ningún expediente, pero sí continuas violaciones por montones'.

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‘Los magistrados tienen que permitir que les revisen sus bienes para que salgan victoriosos o la sociedad conozca en los pasos que andan',

ENRIQUE MONTENEGRO

FRENTE NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN